El ex presidente y senador Carlos Menem apeló ayer el fallo de la Cámara Nacional Electoral que le prohíbe presentarse como precandidato por la Rioja para renovar su banca en la Cámara alta, se quejó de la rapidez con la que se pronunció ese tribunal y apuntó a su "arbitrariedad" para cuestionarlo cuando las condenas en su contra no están firmes.
La presentación fue hecha ante la Cámara Electoral, con vistas a que el tema sea elevado a la Corte, y reclamó que tenga efecto suspensivo, de manera tal de poder presentarse como candidato.
El planteo lleva la firma patrocinante de dos ex ministros del gobierno menemista: Carlos Corach, jefe del Interior en los '90, y Rodolfo Barra, representante de la cartera de Justicia y luego juez de la Corte, mientras que se le sumó la firma del abogado Pedro Baldi.
En su recurso, Menem aludió a la "arbitrariedad" de la sentencia y aludió a un gravamen "personal concreto y actual" que necesita que sea revisado por la Corte Suprema. "Puede sostener razonablemente que en tanto no exista condena penal firme el ciudadano Carlos Menem, elegido dos veces por el Pueblo del Nación como su presidente, como así también fue llevado a la primera magistratura provincial y al Senado nacional por el pueblo de La Rioja, donde se desempeña desde hace diez años sin haber sido nunca cuestionada su idoneidad moral para ser senador, sin duda la Exma. Corte no llegará a una conclusión tan manifiestamente arbitraria", disparó Menem.
En ese marco, el referente del PJ riojano, el diputado nacional Luis Beder Herrera calificó de "inaudito" el fallo de Cámara Electoral Nacional porque, argumentó, esa decisión judicial está "equivocada y no cumple con la Constitución". Advirtió que a partir de esta sentencia "a cualquiera lo van a poder voltear por procesado".
Además, Beder Herrera denunció que el fallo se enmarcó "en una operación política", y recordó que la Constitución "establece el derecho de elegir y ser elegido".
Beder Herrera, quien fue gobernador de La Rioja, recalcó que la Argentina está adherida al Pacto de San José de Costa Rica, que establece que “las personas de los países que suscriben a ese contrato pueden ser candidatos mientras no tengan sentencia firme condenatoria”.
Las impugnaciones habían sido presentadas por Cambiemos y por la Izquierda de La Rioja por entender que las condenas de Menem lo hacían inhábil para poder ocupar un cargo legislativo.
Menem impugnó tanto la oportunidad de la presentación (por extemporánea) como el fondo del asunto por entender que los fallos en su contra no se encuentran firmes.
También se refutó el antecedente del caso del ex gobernador correntino Raúl “Tato” Romero Feris, de 2003, al que aludió la Cámara Electoral para frenar su candidatura, al señalar que en la jurisprudencia que fijó la Corte Suprema para ese asunto habló de condena firme.
“La condena no firme no es inhabilitante”, sostiene la presentación, tras recordar los requisitos que se necesitan para ser senador, y subrayó que allí no se alude a “la situación de condenado por sentencia no firme y recurrida”, por lo que detalló que esa norma “no puede ser interpretada de manera extensiva”.
Según resaltaron, “Menem está afectado por una sola sentencia condenatoria” y al estar recurrida “la suspensión de la ejecución de la sentencia es a todos sus efectos, incluyendo los electorales: Menem no está condenado sino meramente sometido a un proceso penal donde hubo una sola sentencia de condena recurrida a tiempo y a actual conocimiento de la Corte Suprema”.
“Llama la atención que la Cámara Electoral haya dictado un fallo 24 horas después de que la Corte Suprema hiciera público un comunicado (diciendo) que tenía a su estudio el recurso extraordinario (en la causa Armas)”, destacó.
Internan de urgencia a María Julia Alsogaray
María Julia Alsogaray fue internada de urgencia en estado delicado en la clínica Los Arcos, del barrio porteño de Palermo, a raíz de una hemorragia digestiva y una lesión en el páncreas, informaron allegados a la ex funcionaria.
Alsogaray, de 74 años, quien ya enfrentó siete juicios en su contra por su desempeño en la función pública, que ejerció durante las presidencias de Carlos Menem (1989-1999), se encontraba en medio del octavo proceso cuando debió ser internada.
Esta última causa investiga un pago de 30 millones de pesos a la empresa Meller -que elaboraba guías telefónicas- cuando Alsogaray era interventora de la desaparecida Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel). El pago fue hecho pese a que informes de organismos del Estado lo desaconsejaban. Alsogaray enfrenta este proceso en libertad condicional, condición que obtuvo a finales de 2016 al cumplir los dos tercios de la condena unificada por las causas en la que fue hallada culpable.
