Mendoza parece haber zafado de tener que pagar cerca de 10 millones de dólares del viejo bono Aconcagua. Así se desprende de las consultas que el gobernador Alfredo Cornejo, junto a una comitiva mendocina, ha hecho en distintos estudios jurídicos de Nueva York en el marco de su visita para buscar fondos que permitan financiar el déficit provincial.
Según esos bufetes, la provincia “no tiene riesgo de ser demandada” por algún posible tenedor de ese dinero, debido a que cualquier acción legal en su contra “ya prescribió”.
La información fue suministrada por el fiscal de Estado, Fernando Simón, que integra la comitiva que acompaña a Cornejo en su segundo viaje en poco más de un año a aquella ciudad norteamericana (el anterior lo hizo en noviembre de 2015, cuando aún no asumía como gobernador).
El mandatario está desde ayer en Nueva York, acompañado también por el ministro de Hacienda, Martín Kerchner, y el subsecretario de Financiamiento para el Desarrollo, Lisandro Nieri, con la idea de “estrechar relaciones” con grupos inversores que ya mostraron fe en la provincia.
Objetivo
Un objetivo del viaje es acceder a nuevos créditos internacionales. Aunque a diferencia de los 500 millones de dólares que logró este año con el bono colocado en mayo pasado (a vencer en 2024), Cornejo ahora buscará préstamos por los $ 3.787 millones que la Legislatura le autorizó en el Presupuesto 2017.
Por otro lado, el Gobernador busca asegurarse que no tendrá problemas legales que puedan comprometer futuras instancias crediticias.
Más teniendo en cuenta que en el Ministerio de Hacienda reconocen haber tenido "algunos reclamos" de supuestos tenedores de 10 millones de dólares que aún restan del bono Aconcagua.
Ese bono -que implicó un crédito por 250 millones de dólares- fue emitido en 1997 por el ex gobernador Arturo Lafalla (PJ), y vencía en 2007.
Con el tiempo, y ante las inclemencias financieras, se hizo cada vez más difícil afrontarlo. Por eso, en 2004, el entonces gobernador radical Julio Cobos gestionó su reestructuración, con un nuevo vencimiento en 2018, que se denominó "Mendoza 18".
En esa reestructuración, quedaron “colgados” 10 millones de dólares que nunca fueron renegociados ni reclamados.
Es cierto que no hay ningún reclamo formal sobre ese dinero y no existe información certera sobre quiénes son los supuestos tenedores que podrían reclamar. Pero el Gobierno igualmente decidió “abrir el paraguas” y averiguar si existen riesgos de posibles demandas.
“La opinión generalizada de los estudios jurídicos es que no hay riesgo de demandada”, aseguró Simón a Los Andes.
Confianza
El fiscal y el Gobernador confían en esos estudios dada su amplia experiencia en el tema. De hecho, algunos de ellos asesoraron a varias provincias en la toma de deuda.
Los estudios son Simpson Thacher & Bartlett; Holland & Knight; Linlaters; y Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton. Este último representó al gobierno de Cristina Fernández en la confrontación con los denominados fondos “buitre”.
El fiscal contó que para los abogados “cualquier reclamo ya ha prescripto”. Además, explicó que el propio bono Aconcagua “tiene una cláusula de prescripción” a los cuatro años de negociado. “La ley de Nueva York indica que a los seis años prescribe”. Como sea entonces, Mendoza zafa de cualquier reclamo formal que aparezca.
“Hay 10 millones en el mercado que nunca se presentaron y entendemos que Mendoza está fuerte frente a algún reclamo formal que puedan hacer”, reafirmó Simón, dando por entendido que la Provincia no estará obligada a afrontar ese monto, parte de esta vieja deuda.
La agenda oficial
Mientras tanto, la gira mendocina continúa. Según informó el ministro Kerchner, en las reuniones de ayer “se actualizó” a los bancos de inversión “la evolución de las finanzas en este primer año de gestión”.
Las reuniones se hicieron con representantes de los bancos Itaú, Citibank y Credit Suisse. Además se averiguó sobre las “perspectivas de mercado” para los posibles financiamientos autorizados de 2017.
Hoy, Cornejo tiene previsto presentar en el Council of the Americas, “la situación de Mendoza y su proyección en el mundo”. Se espera que todos regresen a Mendoza el próximo sábado.
En 2014 hubo previsiones por posibles reclamos
El tema de los montos no reclamados del bono Aconcagua y de su remplazante, Mendoza 18, no es nuevo. De hecho, en setiembre de 2014, Los Andes publicó un artículo que señalaba que el entonces gobierno de Francisco Pérez (PJ) ya consideraba "prescripta" parte de la deuda.
En ese momento se hablaba de unos “15 millones de dólares”, sin más detalles.
Aunque a modo de previsión, en ese entonces, la Provincia contaba con una planilla de movimientos de pago de deuda previstos para los fondos no canjeados. Ese “flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda consolidada, proyección 2015-2018”, mostraba previsiones de pago por 10 millones y medio de dólares en 2015; 12 millones y medio en 2016; 15 millones de dólares en 2017 y 17 millones en 2018.
Los reclamos no aparecieron, por lo tanto, nada de eso debió (ni debe) pagarse.
Cronología
1997. El gobernador Arturo Lafalla (PJ) emite el bono Aconcagua por 250 millones de dólares, a vencer en 2007. Lo emitió ante la deuda que generó la privatización de los bancos de Mendoza y Previsión Social.
2002. El gobernador Roberto Iglesias (UCR) debió pedir un adelanto de regalías a YPF para afrontar el pago semestral del bono en plena crisis.
2004. El gobernador Julio Cobos (UCR) reestructura la deuda a través de un canje con el bono Mendoza 18, con vencimiento en 2018.
2014. El gobernador Francisco Pérez (PJ) habla de "prescripción de reclamos", aunque proyecta pagos de esa deuda no reclamada.
2016. En Nueva York, Alfredo Cornejo (UCR) considera "prescripto" cualquier reclamo por 10 millones de dólares que persisten de la reestructuración de 2004.
