El año 2015 ha sido declarado por Naciones Unidas como “Año Internacional de la Evaluación”. En palabras del secretario general Ban Ki-moon “la evaluación, en todas partes y a todos los niveles, desempeñará un papel clave en la implementación de la nueva agenda de desarrollo... la evaluación no es fácil. Tampoco es popular. Pero es esencial”.
La evaluación de políticas, programas y proyectos públicos en Mendoza: la mitad del vaso lleno.
En Mendoza nos falta mucho por hacer en materia de evaluación de políticas, programas y servicios públicos, pero no estamos en cero. Es cierto que la evaluación de programas no llega a todas las áreas del Estado provincial o municipios que debería, y que existen desafíos de variada índole que superar, pero es justo afirmar que la buena práctica de evaluar profesionalmente el avance, resultado e impacto del accionar del Estado ha ido creciendo, con sus idas y vueltas, en cantidad y calidad con el tiempo y a través de las diferentes administraciones provinciales, tanto justicialistas como radicales.
En efecto, muchas veces en forma casi desapercibida, desde hace años en la provincia de Mendoza técnicos y especialistas en evaluación califican en forma externa y profesional una cantidad importante y diversa de políticas, programas, proyectos y servicios públicos.
Como parte de una evaluación externa, uno o varios especialistas en evaluación deben revisar en forma independiente y científica el proceso, los resultados e impacto de políticas y programas públicos dirigidos a grupos tales como: niñas y niños, familias, adultos mayores, personas en búsqueda de empleo, micro-emprendedores, usuarios de servicios públicos; o en áreas tan importantes como: salud comunitaria, educación, medio ambiente, administración y el uso del agua, seguridad vial y transporte, acceso a la vivienda decente, seguridad alimentaria, preparación para desastres, entre muchas otras.
Si la evaluación final es externa, quienes evalúan son por lo general instituciones públicas o privadas especializadas, profesionales y expertos contratados para ese fin por ministerios, organismos y entes autárquicos.
Por lo general, un proceso de evaluación involucra revisar documentación de todo tipo, escuchar con atención el testimonio de los protagonistas principales, incluyendo destinatarios, y culmina con la presentación de un informe escrito que describe el proceso de evaluación, identifica y analiza los aciertos -previstos y no previstos- de la política, programa o acción evaluado, así como errores u obstáculos que se presentaron en la ejecución del mismo y, muy importante, puede formular recomendaciones de mejora para futuras acciones.
Para muchos especialistas, el verdadero éxito de la evaluación de una política o programa público se produce cuando los aprendizajes y recomendaciones de la misma se diseminan y aplican en el debate, diseño y ejecución de futuras acciones y políticas.
La mitad del vaso vacío
Ahora bien, como ocurre en muchos otros lugares e incluso en organizaciones no estatales, pasado el momento de su presentación y uso inmediato, mucho del aprendizaje producto de las evaluaciones externas encargadas por la provincia corre el riesgo real de perderse, olvidarse o desaprovecharse porque no existe la práctica ni el mandato legal de conservar los informes finales de cada evaluación realizada en forma ordenada y para consulta pública una vez que terminan las distintas administraciones provinciales y/o gestiones ministeriales.
Con la importante excepción, quizás, de áreas como educación y salud, hoy es prácticamente imposible para un gobernador, legislador, especialista o ciudadano común, conocer y acceder en forma ágil a las evaluaciones externas de programas y políticas públicas realizados en los últimos cinco, diez o quince años en la provincia en un área o tema de interés.
En otras palabras, las evaluaciones externas de políticas y programas públicos no se guardan en forma ordenada para consulta y uso público. Según el tema o área de que se trate, para conocer qué se evaluó y con qué resultados habrá que recurrir a una combinación de: identificación y consulta a informantes claves (ex funcionarios o asesores, personal técnico y administrativos de planta), búsqueda manual en oficinas, reparticiones y archivos, memoria y suerte.
Una propuesta
La provincia de Mendoza puede superar esta situación y ser un ejemplo a seguir en el país creando por ley un Archivo Provincial Único y Público de Evaluaciones Externas de Políticas y Programas Provinciales.
Un archivo de estas características (único, público, ordenado) permitiría que una copia de los informes finales de todas las evaluaciones externas realizadas puedan ser consultadas por funcionarios, legisladores y sus asesores, técnicos y profesionales del Estado, estudiosos y estudiantes de los temas evaluados, organizaciones de la sociedad civil, universidades, sindicatos, periodistas y público en general, más allá de los cambios de administración y gestiones. Se mejoraría así la calidad del debate y diseño de políticas públicas provinciales.
* Magister en Administración Pública (Universidad de Nueva York)
