En Mendoza, el destino de los proyectos de ley conocidos como de “transparencia” parece caer en vía muerta. Es apenas la intención de unos pocos legisladores a lo largo de la historia, intención que muere en los vericuetos legislativos, por desidia o por silente resistencia de la corporación política que se niega a sancionarlas.
Desde la reforma constitucional de 1994, fecha en la que se consagra el libre acceso a la información pública, se presentaron once proyectos sobre este tema, mientras que desde la sanción de la ley nacional 25.188 de “Ética en el ejercicio de la función pública” (de setiembre de 1999) se han presentado nueve proyectos para replicar esa legislación federal en la provincia.
Además hay un proyecto que incluye los dos ítems en un mismo texto, con lo que sumarían doce de información pública y diez de ética pública.
El reclamo social de transparencia es un hecho comprobable, pero las leyes que servirían para fortalecerla son apenas letra sepultada entre expedientes legislativos.
Hay mejores o peores, hay osados o conservadores. Lo que nadie puede negar es que hay iniciativas para disparar un debate que nunca se dispara.
¿A qué se refieren estos proyectos? Ambos fortalecen la transparencia. Por el lado de la información pública, se trata de que los ciudadanos puedan solicitar y obtener información en las reparticiones del Estado.
Se trata de una iniciativa muy vinculada al control no sólo de los particulares sobre el accionar del Estado, sino también al que ejerce la prensa.
La lupa sobre los funcionarios
La ley de ética pública nacional tiene un capítulo conocido popularmente: la publicación de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios nacionales por las que se conoce la evolución de su patrimonio.
El detalle de los bienes de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que suele publicarse en los medios, sale justamente de las declaraciones juradas que ella misma presenta y que el propio Estado está obligado a dar a conocer a los medios.
Sin embargo, esta normativa tiene otros institutos que también fortalecen la transparencia, como las incompatibilidades, los conflictos de intereses y la prohibición de recibir obsequios o donaciones, entre otras medidas.
Entre los antecedentes legales de los proyectos de ética pública se cuenta la sanción de la ley nacional 24.759, de diciembre de 1996, por la que se ratifica la firma del Convención Interamericana contra la Corrupción, iniciativa de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El otro gran antecedente es la propia ley 25.188, en la que se establecen los controles sobre el patrimonio de los funcionarios y sus familiares directos, así como la prohibición de recibir regalos.
A estos antecedentes también habría que incluir la creación de la Oficina Anticorrupción en 1999, bajo la jurisdicción de la Procuración General de la Nación.
Aunque hay muchos proyectos en la Legislatura, Mendoza no tiene un correlato local de esta norma. El primer proyecto presentado sobre esta materia se remonta a 2000, cuando Fernando Armagnague (UCR) hizo el primer intento que aún duerme en el Senado provincial.
En aquellos años Armagnague era diputado y logró la sanción de la Cámara baja.
En 2003 hizo su intento el entonces senador Oscar Pressacco del fugaz partido Fiscal. En 2004 el demócrata Roberto Ajo hizo su aporte.
En 2005 fue el turno de la diputada justicialista Adriana Bonadeo; en 2007 el también diputado justicialista Guillermo Carmona; en 2008 la entonces senadora del ARI Alejandra Naman; en 2009 fue el turno del senador del PJ Miguel Serralta; en 2012 el diputado radical Tadeo García Zalazar y en 2013 fue el propio gobernador de la provincia, Francisco Pérez, quien remitió a Diputados su versión de proyecto de ley de ética pública.
En la Cámara de Diputados, García Zalazar empuja su iniciativa. Al menos logró acumular en el mismo expediente los proyectos de Bonadeo, Carmona y el del Gobernador.
Pero en los dos años que lleva empujando, apenas si logró que sus pares le dieran la preferencia con despacho de comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Pero el despacho todavía parece lejano.
Capítulo aparte merece el proyecto que en 2012 presentó el senador justicialista Fernando Simón. Su iniciativa aparece en el sistema de la Cámara Alta como referido a ética pública, pero su propuesta también avanza con la implementación del derecho al acceso a la información pública.
Los secretos del Estado
El acceso a la información pública es un derecho consagrado en la Constitución nacional de 1994. Está contemplado en los artículos 38 (referido a los partidos políticos), 41 (de información ambiental), 42 (para los consumidores) y 43 (de hábeas data); pero además el acceso a la información es un derecho consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, todos con rango constitucional por artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna nacional.
El acceso a la información está reglamentado además por el decreto 1172 de 2003, que firmara el entonces presidente Néstor Kirchner. Ese decreto tiene aplicación en la Administración Pública nacional.
Hay en total 12 textos que se refieren a este derecho ciudadano. Uno de ellos es el ya mencionado del senador Simón pero hay más: algunos duermen desde hace mucho, más precisamente desde que el derecho a la información pública fue consagrado en aquella reforma constitucional de hace 20 años.
En aquellos años hubo una catarata de presentaciones sobre el tema. En 1994 fueron tres los proyectos presentados: el del peronista Guillermo Stagni (acompañado por un legislador que aún se lo ve en los pasillos legislativos, Ricardo Pettignano, y el ex ministro de Gobierno de Celso Jaque y Pérez: Félix González); el peronista Raúl Ramírez hizo su aporte y también el radical César Biffi.
Luego hubo que esperar al año 2002, cuando hubo dos proyectos: uno del justicialista Carlos Abihaggle y otro del radical Fernando Armagnague.
En 2004 el acceso a la información pública volvió de la mano del peronista Arturo Ahumada, quien pedía la adhesión al decreto 1172 de Néstor Kirchner.
En 2006 la senadora Alejandra Naman presentaba su proyecto sobre este tema y en 2009 lo hacía el senador Miguel Serralta. Ese mismo año también la diputada Mirta Díaz (Fiscal) presentaba el suyo, proyecto que luego fue acumulado a otro del radical Luis Petri y logró sanción de Diputados en 2012 pero nunca pasó el filtro del Senado.
En 2011, el demócrata Hugo Babolené también presentó un texto propio. Otro demócrata que hizo su intento fue el senador Carlos Aguinaga, quien acumuló su proyecto al de Naman.
Casi logró la sanción inicial en la última sesión de abril pasado, cuando Aguinaga se despedía de la Cámara alta.
El último proyecto es del flamante senador radical Raúl Ferrer, quien lo presentó hace poco, a días de haber asumido.
Del lobby, nadie habla
El 3 de diciembre de 2003, Néstor Kirchner firmaba el decreto 1172, en el que reglamentaba varios aspectos de lo que se conoce como “democracia participativa y transparencia”.
Allí se incluía no sólo el derecho al acceso a la información de los organismos del Poder Ejecutivo nacional, sino también la realización de audiencias públicas y la elaboración participativa de normas, la realización de reuniones abiertas de los entes reguladores de los servicios públicos, entre otras medidas que profundizaban instrumentos de transparencia.
Entre esas herramientas se contaba una que brilla por su ausencia entre las ocupaciones legislativas: la publicidad de la gestión de intereses, conocida en los corrillos políticos como legislación sobre el lobby.
Desde Poder Ciudadano, Germán Emanuele decía que “no se puede desconocer que el lobby existe, por lo que es obvio regularlo, para que todos los interesados en algún tema estén en igualdad de condiciones”.
Se trata de institucionalizar que hay sectores que suelen estar enfrentados por alguna situación y que todos puedan ser escuchados. La medida tiene que ver con dar a publicidad todas las reuniones que los funcionarios públicos tengan.
De esa forma, se evitan los encuentros secretos que siempre dan para preferencias o malas interpretaciones.
El país de la región que lleva la delantera con una ley de lobby, es Chile.
Mendoza está en el lote de las peores de la Argentina
Más allá de los profusos antecedentes legales, Mendoza no tiene legislación propia referida al acceso a la información pública ni de ética pública, lo que nos pone en el lote de provincias de las que menos interés se le da a la transparencia.
A la cabeza están Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Río Negro, Chaco, San Juan y Jujuy.
De todos modos, tener la normativa no implica cumplimiento tampoco. Noel Alonso, directora general de Fundación Directorio Legislativo, dice que “hay muy poca ética pública” en las provincias, mientras que Germán Emanuele, de Poder Ciudadano, dice que “en el norte es muy difícil conseguir información”.
En Mendoza, los funcionarios tienen una pequeña obligación: presentar ante el escribano general de la Provincia una declaración jurada cuando asumen funciones, pero nadie puede acceder a esa información.
Sin el acceso de los ciudadanos o la prensa, no hay presión para el control de la evolución del patrimonio.
Tampoco hay libre acceso a la información y así tampoco ciudadanos ni periodistas pueden acceder a expedientes de la Administración pública provincial, por lo que tampoco se puede ejercer el control ciudadano de los actos de gobierno.
En parte es por ello que en Mendoza hay escasa investigación periodística. Los pocos datos que surgen, casi siempre se filtran por las internas que suelen enfrentar a dirigentes.
En nuestra provincia tampoco se sabe con quiénes y qué organizaciones o empresas se reúnen con funcionarios públicos, lo que se regula por vía Ley de Lobby, proyecto del que en Mendoza ni se habla.
No alcanza
De todos modos, a pesar de todos los antecedentes a nivel federal, la Argentina como país tampoco está a la cabeza en lo que hace normativa de transparencia en América Latina: según Alonso, en normatividad, Argentina está por debajo de Perú, México, Chile y Colombia, todos países de la región.
La Fundación Directorio Legislativo es una ONG dedicada a estudiar la transparencia legislativa; cada dos años elabora un índice comparativo entre los países latinoamericanos.
En lo que hace al nivel de las normativas que regulan la transparencia, Argentina tiene 6,5 puntos sobre un total de 17; mientras que Perú tiene 13, México 12, Chile 10,5 y Colombia 9,5. Falta mucho, parece, para alcanzar a los vecinos.
