A los mendocinos nos cuesta mucho entender cuáles son los criterios que suelen adoptar los funcionarios nacionales en lo que a distribución de partidas para obras públicas se refiere. Porque se hacen anuncios -y obras- destinadas a mejorar la situación de provincias del Norte y del Sur, pero se mantiene prácticamente en el olvido a provincias como Mendoza. Y no estamos hablando solamente del actual gobierno, es un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años sin que pueda revertirse.
El tema viene al caso ya que días pasados la Argentina y Chile avanzaron en la construcción del túnel Agua Negra, que conectará a la provincia de San Juan con el puerto de Coquimbo, en Chile, una obra que cuenta con financiamiento aprobado del Banco Interamericano de Desarrollo por 1.600 millones de dólares y que tiene como eje la construcción de dos túneles (uno por mano de circulación) de 14 kilómetros de largo en la cordillera, a una altura promedio de 4.000 metros sobre el nivel del mar.
El futuro camino busca reemplazar al actual paso fronterizo, que corre a 4.800 metros y fue pensado como parte del corredor bioceánico Porto Alegre-Coquimbo, que tiene como objetivo optimizar la logística y facilitar la conexión entre puertos sobre los océanos Atlántico y Pacífico. La intención de los dos gobiernos es avanzar en la licitación para abril de 2017, estimándose que la ejecución de la obra podría demandar entre ocho y diez años.
Debemos advertir que no estamos en contra de la obra en sí, porque todo avance que se produzca para la conexión entre los dos países debe ser bienvenido y porque paralelamente producirá un beneficio para la vecina provincia. Pero sí debemos preguntarnos sobre los motivos por los cuales Mendoza sigue siendo relegada en la consideración nacional. El caso más emblemático es el túnel de baja altura, anunciado en numerosas oportunidades (en algunos casos con bombos y platillos) y sobre el cual la última noticia que se tiene se produjo en febrero del año pasado, cuando el Congreso de la Nación otorgó la personería jurídica al Ente Binacional del Ferrocarril Trasandino, el comité argentino-chileno encargado de evaluar si es viable la construcción de la obra.
De todos modos, los propios funcionarios locales que impulsaban la concreción del proyecto, anticiparon sus dudas sobre “los tiempos” de decisiones, cosa que realmente ocurrió, porque inclusive cambiaron de manos las gestiones nacional (de Cristina Kirchner) y provincial (de Francisco Pérez).
No nos estamos refiriendo sólo a obras viales de envergadura sino también a otros proyectos importantes sobre los cuales la Nación no ha tomado decisiones. Otro caso es el de Portezuelo del Viento, una obra pensada para generar energía eléctrica pero que, de concretarse, también puede servir para aumentar en casi 60 mil las hectáreas bajo riego en el sur provincial. En agosto de 2006, el ex presidente Néstor Kirchner y el ex gobernador Julio Cobos firmaron un convenio por el cual la Nación se comprometía a hacerse cargo íntegramente de la presa, a cambio de que la Provincia desistiera de un juicio por mil millones de pesos que había iniciado por los perjuicios de la promoción industrial y que se tramitaba en la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, Mendoza cumplió pero la Nación no, aún a pesar de que Cobos luego formó parte del gobierno nacional y que dos gestiones gubernamentales provinciales (Celso Jaque y Francisco Pérez) coincidieran y hasta se alinearan directamente con Cristina Fernández. En mayo de este año, el gobernador Alfredo Cornejo aseguró que había repasado el proyecto con Mauricio Macri y que el Presidente se comprometió a dar en el corto plazo fechas de licitación. Pero, hasta el momento, no ha habido pasos en concreto.
En la consideración nacional, Mendoza suele ser catalogada como provincia “rica”. No es “rica” ni mucho menos y los logros obtenidos fueron fruto del esfuerzo del hombre para vencer a una naturaleza que le dio muy poco. Pareciera ser que ese esfuerzo no es tomado en cuenta en la Nación en cuanto a distribución de obras se refiere.
