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hace 3 horas
Las repercusiones por el embarazo de una nena de 11 años, violada por su padrastro, renovó el pedido de que Mendoza adhiera a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles. El proyecto, que está en la Legislatura desde el 2014, hoy obtuvo la preferencia con despacho a pedido del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Pero más allá del aval legislativo para que se habilite el debate una vez que se trate en comisiones, la discusión necesita reunir consenso, un aspecto que hasta hoy estaba en duda.
Es que el protocolo que permite el aborto en los casos de violación, riesgo de la salud o de vida, tiene que pasar todavía por dos comisiones en las que hay senadores en contra del aborto.
La primera es la de Salud, en donde hay cuatro senadores de la UCR y tres PJ. De allí, el proyecto debe ir a Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), en donde el oficialismo también es mayoría.
Antes, estuvo en la comisión de Género, en donde obtuvo despacho favorable. El proyecto fue propuesto por la entonces senadora del FIT, Noelia Barbeito, y obtuvo preferencia con despacho, situación que se perdió con el recambio legislativo.
Es por eso que hoy el FIT volvió a insistir con la preferencia e hizo referencia al caso de la niña de 11 años que fue violada por su padrastro y que decidió continuar con su embarazo.
Este hecho se conoció después de un caso similar que se dio en Salta y que obligó al gobierno de Juan Manuel Urtubey a adherir al protocolo.
En cuanto a la situación mendocina, en el Poder Ejecutivo manifestaron que la intención es avanzar con la Guía pero que también están atentos al debate nacional por la despenalización del aborto, con fecha estimada para el 13 de junio.
En este sentido, dijeron que no quieren que la adhesión al Protocolo sea vía resolución sino que tenga la fuerza de una ley. Esto para no repetir los casos de Córdoba o Chubut, en donde se presentaron recursos de amparo ante las Corte locales.
La Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles se aplica a embarazos de riesgo en donde peligra la vida de la mujer o su salud, sin poder evitarse por otro medio.
También se aplica a los embarazos forzosos, producto de una violación. En estos casos podrán abortar aquellas mujeres que transiten un embarazo de hasta 12 a 14 semanas.
