Tras 8 años de idas y vueltas, finalmente ayer la prometida y demorada Ley provincial de Educación fue rechazada en el Senado, por lo que Mendoza seguirá careciendo de una normativa actualizada y adaptada a la Ley Nacional que rige desde fines de 2006.
El proyecto aprobado en Diputados casi en forma unánime a fines de 2014 debía ser ratificado ayer en la Cámara alta, pero la oposición (UCR, PRO y FIT) se abroqueló en contra de la iniciativa y, por 18 votos contra 17 del oficialismo, la mandó al archivo.
Cabe aclarar que previo a la votación se elaboraron dos despachos: uno que adhería a la media sanción de Diputados, propuesto por el oficialismo, y otro propuesto por el resto de los senadores que planteaba modificaciones al mismo.
Iniciada la votación el primero de los despachos obtuvo 17 votos del Frente para la Victoria y el segundo 16 votos de la UCR, a los que se sumaron dos abstenciones de los representantes del FIT y del PRO. Luego se realizó la votación general que acabó con el deseo del gobernador Pérez de tener aprobada la ley durante su gestión.
De esta forma, habrá que aguardar hasta el nuevo período legislativo (que se abre el 1 de mayo), para poder trabajar nuevamente en la postergada Ley de Educación provincial. Este proyecto fue presentado 5 años después de la sanción de la Ley Nacional y recién el año pasado había logrado tratamiento legislativo.
Indignación oficial
Desde el oficialismo se mostraron sorprendidos por el fuerte revés en la casa de las leyes. Tal fue el enojo, que el propio gobernador Francisco Pérez, en su cuenta de Twitter, manifestó la ley de Educación no fue aprobada por una pelea en la UCR. "La interna les impidió ver el futuro. Hablan del cambio y no pueden acordar entre ellos para apoyar leyes que benefician a los mendocinos", escribió el mandatario.
“Esta Ley se archivó por una interna dentro de la UCR. Sus diputados apoyaron el proyecto, los senadores del mismo partido lo archivaron”, continuó Pérez en la red social, agregando que ésta era una ley que profundizaba los temas transversales como la educación vial, sexual, ambiental y los derechos humanos.
Además incrementaba el financiamiento asignando el 8% del PBI provincial, lo que significaba más de $ 15 mil millones destinados a educación.
El proyecto aprobado por Diputados contemplaba, en sus 273 artículos -divididos en 18 títulos- nuevos aspectos, entre los que destacan temas como el derecho a la educación y el conocimiento por tratarse de un bien público y de un derecho personal y social. “La educación es un deber y un derecho de la familia y una obligación indelegable, imprescriptible e inalienable del Estado provincial”, dice el texto.
En la línea del gobernador, la senadora Wanda Paredes expresó que se trató de “una irresponsabilidad de la UCR” el voto en contra. “Más allá de las modificaciones que plantearon era una ley acordada y trabajada. Hay infinidad de aportes y esto que ocurrió es no asumir la responsabilidad de la importancia de esta ley”, dijo Paredes, miembro de la comisión de Educación en el Senado y docente.
Proyecto superador
Desde el bloque de la UCR opinaron que para mayo, fecha en que la ley puede ser desarchivada, habrá que presentar una propuesta superadora de la que fue rechazada.
La senadora Claudia Najul opinó que desde que la ley pasó al Senado hubo un compromiso para estudiarla y recibir todos los aportes necesarios. De allí el despacho propuesto por la oposición como alternativa al proyecto original y que según ellos es superador.
“Se cambiaron términos como tratar y propender a garantizar, porque creemos que es un deber del Estado. Además habíamos incorporado la creación de un ente autárquico de evaluación educativa, que aun en la órbita de la DGE fuera un órgano independiente capaz de garantizar la igualdad salarial, las condiciones edilicias o la equidad de manera que los alumnos puedan aprender en óptimas condiciones”, describió la senadora radical.
Por su parte, Noelia Barbeito, del FIT, quien votó en contra del proyecto del oficialismo y presentó una alternativa -una tercera propuesta- que finalmente no fue aceptada por reglamento legislativo, opinó que el rechazo de su bloque era a todo el contenido de la ley, mas allá de un artículo en particular, ya que -para ellos- mantiene las leyes “neoliberales” de la década del ‘90.
“Precariza a los docentes y las escuelas se presentan como vendedoras de un servicio. Tampoco estamos de acuerdo con la forma en que se debatió”, opinó.
Nuevos debates
Hasta mayo suena fuerte la idea de realizar un congreso educativo pedagógico que reuniría a los actores que quedaron fuera de la discusión y que busca emular al realizado por Ctera en 1973 en todo el país.
La idea fue presentada por Barbeito, quien aseguró que “debe tomar fuerza la idea del congreso y debe debatirse en las escuelas. También debería haber una fuerte manifestación de los docentes de rechazo a la ley, porque si no, no va a cambiar nada”.
Al respecto, Paredes (FPV) dijo que el FIT no ha presentado ni un solo aporte a ésta ni a ninguna otra ley y vienen criticando al sistema del que forman parte. Los exhortó a que presenten una nueva ley para que sea debatida. “Deberían presentar una tercera ley”, afirmó, agregando que desde que ella está en el Senado se han presentado incontables aportes de todos los sectores.
“La ley es un marco normativo que después hay que reglamentar, pero es necesario contar con una ley de educación actualizada. Hoy se están realizando prácticas docentes que están fuera de la ley porque la pedagogía se ha renovado”, indicó Paredes.
Por último, Juan Carlos Jaliff (UCR) dijo que estos dos meses servirán para lograr el consenso de aquellas voces que no se han escuchado. “Muchos acompañan nuestra propuesta. Queremos mejorarla porque nosotros también queremos que esta ley salga”, finalizó.
