La aparición del Informe de Coyuntura del Ieral Mendoza, con un análisis económico de los primeros 10 meses del año en la provincia, permite tener una visión precisa sobre lo ocurrido hasta ahora. A partir de ahí, efectúa también algunas proyecciones sobre el próximo año.
El panorama, como no podía ser de otra manera, es preocupante y obliga a todos los actores de la economía, privados y públicos, a realizar un esfuerzo para evitar que la situación se agrave.
Es necesario poner a la provincia en el contexto de la economía nacional afectada por una severa recesión y una inflación muy alta, aunque ambas sean diariamente negadas por el Gobierno. La caída de la actividad económica, conforme a confiables estimaciones privadas, se ubicaría al final del año en el orden de -3%, mientras la inflación ronda 40% anual.
El comercio exterior, exportaciones e importaciones, con importante caída por tercer año consecutivo. La mayor parte de los sectores de bienes exportables hace ya tiempo que denuncian una persistente pérdida de competitividad, consecuencia del constante incremento en los costos de producción medidos en dólares y una política que atrasa el tipo de cambio, como instrumento para moderar la inflación.
En el aumento de los costos para exportar deben incluirse especialmente fletes internos, aumento de la carga impositiva y enormes costos que genera la intervención del Estado en la economía. El resultado es que cada vez más actividades ven reducidas, o directamente cerradas, sus posibilidades de exportar.
El Informe del Ieral agrupa los sectores en tres categorías para precisar su comportamiento. Uno lo componen los sectores que venden en el mercado interno vinculados a compras postergables, bienes de consumo durable en general. Son los más afectados en una recesión, la caída de las ventas de automotores es el caso más significativo.
Pero también ha bajado la venta de algunos bienes de consumo interno y no postergables, como combustibles, que han tenido un fuerte incremento de precios. Escapa a esta situación la demanda de electricidad, ya que el postergado incremento de precios hace que se siga consumiendo sin mirar el medidor.
Del análisis surge claramente que el sector más afectado es el que vende en el mercado interno pero también exporta. Aquí se han conjugado factores adversos como malas cosechas de frutas, bajos precios de la uva y del vino por traslado y un tipo de cambio que dejó fuera de competencia al segmento de exportación de menores precios pero de mayores volúmenes. También contribuyó la menor demanda de Brasil de ajos, que provocó una fuerte caída del precio. Se suma, asimismo, a la baja de actividad una menor producción de petróleo, aunque la refinación sigue trabajando a pleno.
Evidentemente, la mayor gravedad de la situación recae sobre la vitivinicultura, complicada no sólo en la exportación de vinos sino también de mosto concentrado -la tonelada de éste, que hace un año se cotizaba en alrededor de U$S 2.200, hoy está en U$S 900-.
Así las cosas, y habiendo comenzado la cosecha de las frutas más tempranas, del ajo y a las puertas de la vendimia, es necesario ocuparse en serio del problema. En el caso de la vitivinicultura, las perspectivas a corto plazo son muy oscuras. La única medida que podría ayudar sería una sensible mejora del tipo de cambio, en concreto, un tipo de cambio especial para ciertos productos regionales, pero hasta ahora el Gobierno nacional ha rechazado tal posibilidad.
En este contexto no sería bueno que los distintos sectores que componen las agroindustrias, la vitivinicultura en particular, agudizaran los enfrentamientos entre ellos (estimulados por los gobiernos de turno), creyendo que por ese camino algunos pueden mejorar a costa de otros. Como dijimos al principio, es indispensable que todos los actores involucrados entablen un diálogo constructivo, cuyo propósito sea encontrar los medios para que se levanten las cosechas y se industrialicen los productos.
Para ello es vital encontrar financiamiento, y eso sólo será posible si se hace en conjunto entre el sector privado, el sector público y el sector financiero.
