La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó en estos días la Ley de Movilidad para la provincia, una iniciativa que busca ordenar las distintas formas de transporte de pasajeros y carga dentro de la provincia.
De sancionarse en Senadores, Mendoza sería el primer caso del país en reglamentar adecuadamente las disrupciones que causan plataformas como Uber en la organización del transporte.
El proyecto, que busca actualizar y organizar el transporte público de la provincia, incorpora una nueva categorización que se adecua a los diferentes tipos de servicios, lo que permitirá establecer reglas claras para cada prestador.
Por ejemplo, la ley define a los ómnibus como el único servicio público de transporte de pasajeros que el Estado está obligado a garantizar de manera regular, continua y universal. En cambio, los taxis y remises se definen como servicios de interés general.
La ley incorpora además la categoría "transporte privado por plataformas electrónicas". Esto abre una puerta legal para la entrada de plataformas como Uber y otras tantas que están revolucionando el sistema privado de transporte urbano a nivel internacional.
Cabify y Uber ya operan en la ciudad de Buenos Aires. La primera logró instalarse como una alternativa legal al ajustarse a la regulación de remises, bajo un sistema de tarifas de precios fijos y exigir a los conductores un registro profesional.
En cambio, el caso de Uber no está contemplado en el código de transporte porteño, lo que llevó a una tensión creciente entre la compañía fundada en Silicon Valley, los taxistas y las autoridades del Gobierno de la Ciudad.
Desde 2016, la ciudad de Buenos Aires desconoce un servicio que ya brinda oportunidades de ingresos a más de 35 mil conductores y que es elegido por más de 2,5 millones de usuarios.
Las plataformas como Uber y Lyft, cuya legitimidad está reconocida en el artículo 14 de la Constitución Nacional (que otorga derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita) y por el Código Civil y Comercial (que permite celebrar un contrato de transporte entre privados) ahora podrían desembarcar en la provincia de Mendoza en un escenario que establece reglas específicas para el sector y reafirma al Estado como autoridad en el asunto.
Según el proyecto con media sanción, los pasajeros deberán ser asignados sólo a autos registrados y los conductores podrán trabajar un máximo de 12 horas diarias, con períodos de descanso obligatorios.
También deberán cumplir con todos los permisos de habilitación, incluyendo las obligaciones tributarias correspondientes y garantizando seguros de riesgo a conductores, pasajeros y terceros. A su vez, se establece que los vehículos posean una antigüedad no mayor a cinco años, requisito que ya imponían las plataformas.
Además, el Estado cobrará un canon a los registrados para conducir en la provincia a través de plataformas digitales, considerando que la provisión de la infraestructura vial es pública y que hay ganancias privadas generadas a partir de su uso.
Este sistema, que ya existe en ciudades como San Pablo, permite incrementar la recaudación fiscal y discriminar tarifas por zonas. Las autoridades así generan incentivos para aumentar la oferta de transporte privado en lugares donde el transporte público es deficitario y para alejarlo de las zonas de mayor congestión dentro de la ciudad.
La economía de plataformas brinda oportunidades para generar ingresos a sectores excluidos. Derriban barreras de ingreso al mercado laboral tradicional y ofrecen alta flexibilidad para decidir cómo y cuándo trabajar.
En la ciudad de Buenos Aires, Uber cuenta con 11% de conductoras, casi 4.000, mientras que el porcentaje de mujeres taxistas registradas es de sólo 2% (equivalente a 904 trabajadoras). A su vez, 2% de los conductores de Uber tiene algún tipo de discapacidad.
Sin embargo, gran parte de los trabajadores que forman parte de la economía de plataformas aún tienen ingresos inestables, menores posibilidades de formación y limitadas posibilidades de representación sindical con respecto a las modalidades típicas de trabajo. Desconocer la existencia de estas formas de generación de ingresos imposibilita exigir condiciones de trabajo decentes.
La nueva Ley de Movilidad mendocina permitirá reconocer las transformaciones tecnológicas como complemento a un sistema de transporte integral, aprovechar las oportunidades que los modelos de economías de plataforma ofrecen y mitigar sus efectos no deseados.
Un sistema de transporte que reconoce y gestiona de manera responsable los servicios y prestadores existentes permite complementarlos y articularlos para alcanzar modelos más eficientes y democráticos.
