Si entrara en vigencia la ley antitarifazo que acordaron los diputados del kirchnerismo, el massismo y el PJ, Mendoza debería asumir un costo fiscal de 1.038 millones de pesos entre este año y el que viene.
El cálculo lo realizaron los equipos técnicos del bloque radical de la Cámara de Diputados, que conduce el cordobés Mario Negri.
El proyecto opositor, que será debatido en una sesión especial la semana que viene, establece la reducción de la recaudación del IVA.
Como este impuesto es coparticipable, esa baja de ingresos afectará al Estado nacional y a las provincias. Con este argumento es que el radicalismo suma argumentos para convencer a los legisladores opositores que responden a gobernadores del PJ que desistan de apoyar el proyecto antitarifazo.
El principal impuesto que grava las facturas de los servicios de gas y electricidad es el IVA, con una alícuota del 21% para usuarios residenciales y del 27% para comercios y pequeñas industrias.
Para los asesores radicales la reducción de recaudación de IVA propuesta por la oposición alcanzaría en general 22.950 millones de pesos para 2018 y 26.350 millones para 2019. Es decir un total de 49.300 millones de pesos.
El impacto en las cuentas provinciales por la caída en la recaudación del IVA alcanzaría un total de 25.500 millones de pesos (11.900 millones en 2018 y 13.600 en 2019).
De ese cálculo se desprende que la provincia de Mendoza dejaría de percibir 483 millones de pesos en 2018 y 555 millones de pesos en 2019, lo que hace un total de 1.038 millones de pesos en total.
Si ese costo se divide por población (1,7 millón de personas), significa que el proyecto opositor costaría 597 pesos a cada mendocino.
El informe, al que tuvo acceso Los Andes, señala también que, de ser aprobado, el proyecto implica la imposibilidad de aplicar incrementos tarifarios en términos reales (es decir por encima de la inflación) y, por lo tanto, no podrá cumplirse con la meta de reducción de subsidios prevista para 2018 y 2019.
La propuesta opositora limita los aumentos tarifarios a los aumentos salariales.
"El gasto en subsidios económicos se incrementará, dado que los subsidios económicos se aplican sustancialmente a financiar la diferencia entre el costo de abastecimiento de energía (es decir el costo de generación eléctrica o el precio del gas) y el precio que paga la demanda. Este incremento del gasto impacta a todas las regiones del país", dice el informe.
Así las cosas, la imposibilidad de reducir subsidios implicaría un incremento no previsto en los gastos de 79.000 millones de pesos en 2018 y de 97.600 millones de pesos en 2019.
