Para evitar que una pieza arqueológica, paleontológica o con valor patrimonial termine siendo moneda de cambio en una operación ilegal, está el Estado.
Sin embargo, en Mendoza ese rol público no se cumple porque nadie sabe qué patrimonio arqueológico hay ni en manos de quién está, pese a que una ley provincial y otra nacional obligan a que exista un registro de colecciones públicas y privadas.
La Ley provincial 6133 data de 1994 y modificó la 6034 del año ‘93 para estipular que los poseedores de objetos arqueológicos y de “antropología, etnografía, piezas de zoología, botánica y mineralogía” deben “hacer conocer la existencia y ubicación de los mismos a la autoridad de aplicación” para elaborar un registro de los bienes del patrimonio cultural de la provincia.
Esta ley durmió 15 años y recién en 2009 un decreto del Gobierno la reglamentó, aunque aún hoy el mencionado registro brilla por su ausencia, según admitieron a Los Andes en la dirección de Patrimonio.
Además, hay una Ley nacional, la 25.743 de 2003, que obliga -entre otras cosas- a que todos los propietarios particulares de colecciones arqueológicas las declaren en el Registro Nacional de Colecciones y Objetos Arqueológicos (Renycoa).
De 24 jurisdicciones, solo Tucumán, Salta, Jujuy, Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos han registrado coleccionistas privados y colecciones de museos. Mendoza es una de las que está en deuda.
“Hacer ese relevamiento es bastante complicado -admite Elina Albarrán, arqueóloga de la dirección de Patrimonio-. Cuando se hizo la ley 25.743 se estableció un plazo muy corto para legalizar las colecciones privadas: 2 meses. Entonces muy pocos pudieron hacer este trabajo”.
La dirección de Patrimonio es la autoridad de aplicación, es decir la encargada de elaborar el registro y elevarlo al Renycoa.
Pero ha sido tal la inacción en los últimos años que tampoco los museos públicos han elaborado sus registros para incorporarlos a una base de datos común del patrimonio arqueológico provincial, como lo exige la ley.
“Ellos (por la dirección de Patrimonio) tienen que convocar a la gente que tiene colecciones -dice crítico el experimentado arqueólogo Víctor Durán-. Un coleccionista no es propietario de esos bienes de interés patrimoniales, son de todos nosotros. La ley ofrecía que declararan lo que tienen y el Estado provincial y el nacional les ofrecían la custodia de esos bienes. Era la manera de blanquear lo que había en las colecciones privadas”.
Tanto Julio César Lara como otro destacado coleccionista local, Esteban José Rauzi (que guarda su colección en su casa de Palmira), aseguran que han cumplido con la ley. El primero dijo que presentó ante Fiscalía de Estado y Patrimonio dos CDs con el inventario y las fotos de cada objeto que tiene.
El segundo guarda una copia de la nota que presentó para adecuarse luego de que se reglamentara la ley 6133 en 2009. Incluso pidió a la Provincia que le mandara algún especialista para certificar el registro de sus elementos, pero nunca le cumplieron.
