El gobernador Francisco Pérez volvió a referirse acerca de la necesidad de contar con una bodega estatal que absorba la producción de los pequeños productores mendocinos.
Para dar una opinión profunda respecto de la viabilidad económica de este proyecto habría que contar con información pormenorizada (inversión requerida, tamaño del proyecto, localización, mercados meta, etc.) que no han trascendido públicamente. No obstante, no es ocioso indagar sobre las causas y fundamentos que sustentan un proyecto de esta índole.
Según se desprende del mensaje oficial, el justificativo principal por el cual todos los mendocinos debemos “poseer” una bodega estatal es que los precios que reciben los pequeños productores por la uva o por los productos vitivinícolas elaborados por cuenta de terceros sufren una volatilidad (variación) superior a la de los productos finales.
Es decir que, con la existencia de la bodega estatal fraccionadora de vinos, los pequeños productores le escaparían a la mayor volatilidad de los precios de la materia prima o del producto elaborado a granel y accederían directamente a la renta derivada de la comercialización de los productos terminados: vino fraccionado en tetra, botella o damajuana.
A modo de ejemplo, en el gráfico (ver aparte) se muestra la evolución del precio real del vino tinto en el mercado de traslado y del precio real de un vino tinto envasado en tetra brik a consumidor final sin IVA en la góndola de un supermercado.
Evidentemente, la tesitura esgrimida por el Gobernador es muy discutible, ya que normalmente ambos precios siguen un comportamiento similar (la correlación entre las variables es cercana al 90%) y, en promedio, el costo del vino representa el 34% del precio final del tetra brik en góndola.
La situación anterior, muy probablemente, se repite también al comparar los precios del vino varietal de traslado y el precio de una botella de vino varietal en góndola, ya que el grado de competencia sumado a los mecanismos regulatorios existentes evitan que alguno de los eslabones de la cadena pueda obtener superbeneficios a costa de otro durante un tiempo prolongado.
Por otro lado, un punto que no se menciona al momento de comentar este proyecto es la venta final de los productos fraccionados en los mercados interno o externo, proceso no tan sencillo de planificar y ejecutar, ya que requiere un gran esfuerzo de comercialización (posicionamiento de marcas, participación en ferias, etc.), que en este caso no queda muy claro quién lo haría y cómo se financiaría.
Sin embargo, hay otras cuestiones relevantes para comentar respecto a las políticas vitivinícolas, actuales y pasadas, y sus efectos.
En primer lugar, existen dos instrumentos de política pública que están vigentes y cuyo principal objetivo es atenuar el ciclo (volatilidad) que describen los precios de la uva o de los productos vitivinícolas en el mercado de traslado. Uno de ellos ya tiene 18 años y se lo conoce como Acuerdo Mendoza-San Juan y que anualmente firman los Gobernadores de ambas provincias.
Por este acuerdo, se determina la obligatoriedad de destinar un porcentaje mínimo de la cosecha ingresada a bodega a la elaboración de mosto (jugo de uva). El otro, es el comúnmente llamado “Fideicomiso del Mosto”, por el cual el Estado interviene el mercado de uvas con destino a mosto con el objetivo de lograr un precio que maximice la rentabilidad de los productores que venden sus uvas para este fin, sobre la base de las condiciones que presenta la temporada cada año.
Este instrumento intenta morigerar el poder de mercado que tienen las grandes exportadoras de jugo concentrado de uva en la formación de los precios de las uvas básicas y del mosto sulfitado, emulando la existencia de una bodega estatal, pero sin la necesidad de que el Estado compre una o varias bodegas y sume nuevos “empleados públicos”.
Por tanto, el Gobernador al hablar de la necesidad de una bodega estatal para disminuir la volatilidad de los precios que reciben los pequeños productores está implícitamente sosteniendo que los instrumentos de regulación del mercado existentes, no son lo suficientemente efectivos.
En segundo lugar, tanto Mendoza como San Juan ya tuvieron experiencias con grandes bodegas estatales, Giol y Cavic, respectivamente. Estos gigantes establecimientos vitivinícolas tuvieron una gran participación en el mercado (imposible de emular en la actualidad por cuestiones de restricción presupuestaria) y operaron por mucho tiempo en la región (Giol fue estatizada en 1954 y operó hasta finales de los años ’80).
No obstante, tanto el precio de la uva como el de los productos vitivinícolas no escaparon al ciclo natural (volatilidad) del mercado, tal cual se puede observar en el gráfico (ver aparte), pero con el agravante de que durante ese período se observaban picos y valles más pronunciados. También allí se puede verificar que los precios actuales son superiores a los registrados durante gran parte de la década de los ochenta, período donde operaron dichas bodegas estatales.
En un trabajo publicado por la Cepal en 2005, su autora Paula Fabre dice textualmente: “La intención del Estado al comprar Bodegas y Viñedos Giol era orientar la actividad de la industria vitivinícola y ofrecer una infraestructura al servicio exclusivo de las necesidades e intereses legítimos de los productores que no poseían medios propios de elaboración ni estructura para la comercialización de sus productos. No obstante, se transformó en un instrumento costoso e ineficaz que nunca reguló el mercado vitivinícola y que, además, por su trato paternalista con los productores no integrados terminó impidiendo su capitalización y su crecimiento empresarial”.
De hecho, la Giol estatal devino en una empresa con grandes déficits que eran financiados con créditos “blandos” de los bancos estatales (Mendoza y Previsión Social). Esto llevó a que el Gobernador José Octavio Bordón (1987/91) decidiera “privatizarla”, transfiriendo sus activos a Fecovita, la mayor cooperativa vitivinícola del país que nuclea a 5.000 productores aproximadamente, la cual hoy se erige como la principal vendedora de vinos fraccionados en el mercado interno argentino.
Este gran emporio, opera bajo las leyes del mercado, está administrada por privados y no recibe ninguna subvención del Estado. Además, es considerada como un caso de “privatización” exitosa, en función a los logros que ha alcanzado hasta la fecha.
Tercero, desde el año 2004 la totalidad del sector vitivinícola argentino se encuentra bajo el paraguas del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI 2020), que la propia industria elaboró y puso en marcha con el apoyo de los gobiernos provinciales y Nacional.
En dicho Plan Estratégico se reconoce la problemática de los pequeños productores no integrados y uno de sus objetivos está dirigido, justamente, a apoyarlos para que se integren verticalmente con todo un mecanismo de subvenciones que se montaron para tal fin y que está funcionando exitosamente, según se advierte en los recientes discursos de los dirigentes de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y de los funcionarios provinciales y nacionales.
Ahora bien, lo que no dice en ningún punto el PEVI 2020 es la necesidad de poner en marcha bodegas estatales.
Por tanto, este proyecto se orientaría en una dirección que el resto de los actores públicos y privados de la industria no acordaron en su momento. Lo más llamativo es que el Ejecutivo Provincial es parte de la Coviar, organismo que administra dicho plan.
Evidentemente y por lo expuesto, el proyecto de crear una “bodega estatal” contiene implícita la idea de que todos los instrumentos vigentes generados por el sector y por la política pública son insuficientes para atender las necesidades de los pequeños productores. Lo llamativo es que, para solucionarlo, se pretende aplicar una receta que ya conocimos y no resultó en el pasado.
Todos los actores de la industria saben que, actualmente, la vitivinicultura necesita aumentar su competitividad, ya que la política macroeconómica (inflación de costos en dólares) la está dejando fuera de muchos mercados que tanto costaron conseguir.
La falta de competitividad siempre se traduce, tarde o temprano, en menores precios pagados a los pequeños productores y esto no se resolverá con una bodega estatal.
