El gobierno de Alfredo Cornejo acordó con la AFIP que la deuda de Mendoza por diferencias de aportes patronales, que se acumuló durante quince años, quedará congelada y no seguirá creciendo. Además, se comenzará a pagar en forma gradual recién en 2027 y a lo largo de diez años, es decir hasta 2037.
Se trata de unos 5 mil millones de pesos (de los cuales 4 mil millones son de capital) que se fueron juntando ya que la Provincia aportó contribuciones patronales por el 10 por ciento de los salarios de los empleados públicos, en lugar del 16 por ciento que siempre reclamó la AFIP.
La diferencia entre ambos aportes surgió del decreto 814 de julio de 2001 que dispuso una baja de seis puntos en las contribuciones patronales de los empleadores privados, con la finalidad de facilitar a las empresas el otorgamiento de actualizaciones salariales y fomentar el consumo.
Por entonces, las provincias reclamaron igual tratamiento que el resto de los empleadores y comenzaron a enviar a la AFIP el 10 por ciento en lugar del 16 por ciento. Esto derivó en reclamos del organismo recaudador nacional.
En diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió a favor de la AFIP y en contra de Santiago del Estero.
El caso de Mendoza se encuentra en estudio en el Máximo Tribunal nacional y está claro que el fallo será adverso.
En la Casa de Gobierno de Mendoza estiman que la decisión judicial se produciría dentro de unos tres años.
Por tal motivo, el Gobierno provincial se acercó a otras provincias reclamantes y comenzó a buscar salidas extrajudiciales mediante acuerdos con la AFIP..
Estas gestiones se iniciaron en julio pasado y fructificaron el último martes, cuando 16 provincias -incluida Mendoza- rubricaron la carta de intención de un entendimiento con la AFIP que puede quedar plasmado a comienzos de 2017.
El acuerdo fue suscripto por Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Misiones, Salta, Tucumán, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy, Mendoza, Catamarca, Formosa y la Ciudad de Buenos Aires.
Los reconocimientos y plazos de pago de las provincias, repiten los procedimientos acordados entre las universidades nacionales (que también habían bajado sus aportes) y el ente recaudador nacional. Incluyen el congelamiento de la deuda acumulada y su refinanciación a veinte años de plazo con diez de gracia.
Beneficios y perjuicios
El acuerdo resulta en principio beneficioso para Mendoza (y las otras provincias) y perjudicial para la Nación, luego de otras negociaciones en las que los gobiernos provinciales lograron también el reconocimiento de la Nación de lo que dejarán de percibir por la reforma del impuesto a las Ganancias.
"No es un avance de las provincias sobre la Nación sino el reacomodamiento natural de una distribución que se distorsionó durante años de gobiernos centralistas", aclaró el ministro de Hacienda -y principal negociador por Mendoza-, Martín Kerchner.
La anunciada discusión de una nueva ley de coparticipación se enmarca en este panorama.
Otros puntos del acuerdo hacen referencia a los aportes de las distintas jurisdicciones para el sostenimiento de la AFIP.
“El Gobierno nacional ha hecho lugar a un reclamo histórico de las provincias y el 1,9 por ciento que tributan al organismo recaudador se calculará ahora sobre los impuestos coparticipables que reciban y no sobre el total recaudado. La Nación se hará cargo del aporte por los impuestos no coparticipables”, confirmó Frigerio.
Esta decisión significa 250 millones de pesos más por año para Mendoza, confirman en Hacienda.
A través de ese convenio, la AFIP se comprometió a brindar a las provincias servicios de recaudación de los tributos locales y a facilitarles los soportes informáticos para ese fin, así como crear una Comisión Federal entre la AFIP y los organismos tributarios provinciales para coordinar tareas comunes.
