El Gobierno acordó con mandatarios provinciales fijar un tope a los aumentos de gas, por lo cual el incremento de ese servicio tendrá un límite de 400% para los consumidores residenciales y del 500% para las pymes.
Si bien es menor al 700% que en promedio recayó en los bolsillos de usuarios mendocinos, el anuncio debilita la postura del Ejecutivo mendocino, que negocia con la Nación equipararse a La Pampa, con un techo de 150% en las tarifas.
Pero lo más importante es que Mendoza es una isla: al haber llegado a la Justicia, el anuncio que vino desde la Nación no modifica el curso de una causa por la que, amparo mediante, la jueza federal Olga Arrabal dispuso suspender los aumentos por 3 meses.
A raíz de ese fallo, a la magistrada le llovieron otros recursos y apelaciones que debería resolver la semana próxima, todo lo cual mantiene a Mendoza encapsulada frente al resto. Así lo confirmaron ayer desde Casa de Gobierno, recién anoticiados del anuncio que hicieron en conjunto los ministros Aranguren y Frigerio.
“Si no se levanta la cautelar aquí todo sigue igual que ayer, la medida no se aplica. Igualmente, tenemos tiempo para todo en busca de una salida política como la de equipararnos a las tarifas de La Pampa “, explicó un funcionario que pidió reserva a la espera de profundizar los alcances de la novedad.
En realidad, la apuesta de la administración Cornejo está en línea con lo que planteó Distribuidora de Gas Cuyana ante la Justicia Federal mendocina: llevar el tope de los incrementos del 80% que dispuso al jueza Arrabal, al 150%.
Es casi el doble de lo que la magistrada fijó al admitir el amparo. Y se basa en los cuadros tarifarios determinados en el anexo III de la Resolución I-3730 del Enargas, según los cuales el costo por m3 en la categoría predominante en Mendoza (R3-1) no puede ser mayor a $ 0,59.
Ese valor, aunque supera largamente los $ 0,32 vigentes desde 2014, está lejos de los $ 3,69 producto del “tarifazo”.
Ayer Enargas aún esperaba notificación de la medida judicial que alcanza la suspensión de los cuadros desde el viernes 27. Aunque sí había llegado la de la suspensión que rige para la zona Sur, que el juez sanrafaelino Eduardo Puigdéndolas dispuso el lunes 30. En la oficina local del ente regulador explicaron que “el amparo es sobre un cuadro tarifario. Si Enargas emite otro ya no estaría alcanzado”.
La condición impuesta
A cambio de los topes del 400% y 500% concedidos por la Nación, los gobernadores ayer prometieron bajar la guardia y desistir de los reclamos judiciales. Una condición que alcanza parcialmente a Mendoza: sucede que la judicialización, a diferencia de otras jurisdicciones, salvo en San Rafael y Alvear, no fue promovida por el Gobierno sino por la ONG Protectora.
El tema es que Mendoza está entrampada en una telaraña de medidas judiciales, que empezó a tejerse a principios de mayo. Fue cuando Protectora presentó una medida cautelar a la jueza federal Olga Arrabal para frenar el “tarifazo”.
El pasado viernes 27 de mayo, Arrabal se expidió a favor, al suspender por 3 meses las subas en Mendoza y ordenar a Ecogas refacturar según las tarifas de abril. Y al Enargas reformular los cuadros, con un tope de 80% de subas, en el lapso de 60 días.
Allí comenzaron los cuestionamientos. Luego de que Protectora apelara el techo de aumentos para pedir que las tarifas no se modifiquen en tanto no haya audiencia pública, Ecogas redobló la apuesta. El planteo de la empresa es modificar la cautelar para que el máximo incremento autorizado no supere el 150% y, en su defecto, irá a la apelación.
Por su parte, la Nación y el Enargas fueron los últimos en apelar, con el objetivo de que la actualización de tarifas se aplique plenamente en la provincia.
Mientras el gobernador Cornejo negociaba una salida política a partir del pedido de equipararse a La Pampa, la decisión de la Nación cambió el tablero, pero no lo suficiente como para modificar los ánimos al respecto en Casa de Gobierno, donde ayer todavía apostaban a un acuerdo.
Achicar el gasto vía subsidios a los servicios públicos es la gran obsesión de Aranguren. De hecho, de $ 180 mil millones inyectados el último año, el objetivo es terminar 2016 en $ 120 mil.
Arrabal insiste: el 27 es la fecha bisagra para pagar
“No ha habido cambio. A lo mejor hubo un problema de interpretación. Lo que sostengo es que la resolución se dictó el 27 de mayo y rige desde ese día. Entiendo que las boletas que tienen vencimiento posterior a esa fecha están alcanzadas por la suspensión”, señaló la jueza federal Olga Arrabal en la víspera, al ratificar lo expuesto a Los Andes el día anterior.
La magistrada evitó hacer explícito un mensaje sobre qué hacer con las facturas, pero lo hizo implícitamente.
Revisar los cuadros tiene un costo de $ 2.500 millones
La revisión a la baja de los cuadros tarifarios que determinaron ahora un tope máximo de 400 por ciento de aumento para el suministro de gas por redes a nivel residencial y de 500 por ciento para las pymes, implicará un mayor costo para el Estado nacional del orden de los 2.250 millones de pesos, afirmó ayer el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
El funcionario reconoció que tal revisión, que corrige los aumentos originalmente fijados, obedeció a la necesidad "de ser flexibles y considerar las realidades diversas que se presentan en el país”, en base a la información recibida por parte de los gobernadores, cámaras empresarias y otras entidades”. DyN
