Allá por 1916, cuando se puso en vigencia la hoy centenaria Constitución Provincial, Mendoza tenía menos de 300 mil habitantes y 17 municipios (aún no existía Malargüe). Es decir que la división política con la que nació nuestra Carta Magna establecía -en promedio- un municipio cada 16 mil mendocinos. Un siglo después, entre el sinfín de cambios sociales que ha habido está el del crecimiento poblacional, que no se ha correspondido con una nueva división política del territorio para reorganizar y dar respuestas desde el Estado a las demandas de los ciudadanos.
Hoy, Mendoza tiene 18 municipios (uno más que en 1916) y casi 2 millones de habitantes (seis veces más población), lo que significa que cada unidad municipal actual debe atender -en promedio- a 108.000 mendocinos. Esta tasa la convierte, después de Buenos Aires, en la provincia más centralista del país, concentrando en unas pocas administraciones municipales las demandas de distritos y poblados a veces distantes hasta 100 kilómetros de su ciudad cabecera.
El espejo de la realidad nacional es el mejor para mirar esta desigualdad: La Pampa, por ejemplo, es la tercera provincia menos poblada del país pero tiene 79 municipios. Otra vecina, San Luis, tiene 69; Tucumán, 112; y Córdoba, 428. Salvo la despoblada Tierra del Fuego -que tiene 3-, todas las provincias tienen más municipios que Mendoza (en La Rioja hay 18 como acá, pero con cinco veces menos habitantes).
Otra referencia para comparar: el 70% de los 1.960 municipios del país son “chicos”, es decir que tienen menos de 10 mil habitantes. Pero en Mendoza el único que entra en esta categoría es La Paz.
Claramente, nuestra provincia está a contramano en la materia. Y sino, que lo digan distritos “separatistas” como Palmira, Bowen, Uspallata, Rodeo de la Cruz y hasta Chacras de Coria, cuyos vecinos hace tiempo pelean por lograr autonomía y gobernarse a sí mismos para no depender de decisiones que se toman a muchos kilómetros de distancia de sus casas, donde la realidad municipal es muy diferente a la local.
Por supuesto, en el fondo de esta discusión está la tan mentada autonomía municipal consagrada en la Constitución Nacional del ‘94 y con la que Mendoza está en deuda por no haber actualizado la norma de 1916, lo que impide que cada municipio pueda dictarse su propia carta orgánica y descentrar a su modo el poder en los distritos.
Ahora, si en Mendoza finalmente se crearan más municipios, ¿eso significaría más intendentes, más concejales, más empleados, en definitiva mayor gasto público? No necesariamente. Como bien sostiene la constitucionalista y jueza mendocina Gabriela Avalos, la idea es que esos nuevos “departamentos” puedan elegir a sus autoridades (tres vecinos propone ella) que cumplan funciones de delegados distritales y manejen el presupuesto que ya les ha asignado el municipio cabecera, pero que efectivamente se gaste en los propios vecinos del lugar y no como ocurre hoy que se distribuye de acuerdo al interés “general” del departamento.
En pleno siglo XXI, que en nuestra provincia se sigan distribuyendo recursos (y tomando decisiones) como si todavía viviéramos a fines del siglo XIX (que es cuando se crearon la mayoría de los departamentos) es un despropósito que solo por el interés mezquino de la política local se sigue sosteniendo. Pero ya es hora de descentralizar para ponerse a tono con los tiempos y con la realidad que el resto de las provincias sí viven.
