En su necesidad de equilibrar las finanzas y normalizar la economía, el Gobierno nacional ha decidido realizar un recorte de 30 mil millones de pesos en las obras públicas previstas en el presupuesto de este año.
El problema mayor se presenta en el hecho de que no se han dado a conocer cuáles serán las obras que se dejarán de lado y cuáles se retrasarán, aunque es dable advertir que, si nos atenemos a lo que ha sucedido históricamente, la dirigencia política nacional suele priorizar las que se encuentran en los grandes centros poblados, en especial la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, por tratarse de los lugares donde están los votos, en detrimento del resto de las provincias, más aún cuando las obras que comiencen o continúen ejecutándose este año podrían ser inauguradas el año próximo, en el que habrá elecciones presidenciales.
De allí que los gobernadores deban estar atentos a lo que sucede a los efectos de lograr que el esfuerzo o el aporte, determinado por la reducción de las inversiones, resulte lo más equitativo posible.
Con toda seguridad este tipo de situaciones van a resultar siendo la base de la discusión política entre el oficialismo y la oposición. Algo de eso se dio días pasados, cuando un legislador nacional mendocino calificó de "escándalo" el hecho de que en los proyectos de Participación Público Privada la provincia sólo tenga 6,5 kilómetros de construcción, afirmación que motivó la respuesta de una funcionaria de Vialidad Nacional, quien ratificó las obras que se están ejecutando.
No es nuestra intención establecer cuál de los dos tiene razón, porque por lógica consecuencia de la política cada uno intentará llevar agua hacia su molino. Lo que sí es de esperar es que tanto uno como otro sean sinceros en sus planteos y no traten de imponer información que sólo sirva para confundir..
Si nos atenemos al orden cronológico, cabría recordar que el diputado nacional kirchnerista Guillermo Carmona denunció que en la apertura de los sobres de licitación de la nueva red de autopistas con el sistema de Participación Público Privada (PPP), se presentó un plan de construcción de 3.353 kilómetros de rutas en todo el país, pero de ese monto a Mendoza sólo le correspondieron obras por 6,5 kilómetros de la Variante Desaguadero para realizarse en el período 2018 y 2020 y otros 35 kilómetros para el período 2020-2022, también en la ruta 7, pero en el tramo Luján-Potrerillos.
El legislador calificó al hecho de "escandaloso" y criticó al gobernador de la Provincia por supuesta falta de acción, lo mismo que a los legisladores nacionales por el oficialismo. Dijo, también, que en el Presupuesto no figuran las obras de la ruta Mendoza-San Juan, tampoco la Variante Palmira, ni la continuación de la Ruta 40 hacia el Sur.
La respuesta no se hizo esperar de parte del oficialismo y le correspondió opinar a la delegada en la provincia de Vialidad Nacional, Patricia Gutiérrez, quien manifestó que entre las obras que están en proceso y las que se van a iniciar en los próximos meses hay una inversión de más de 10 mil millones de pesos, entre las que figuran parte de la doble vía con San Juan, la construcción de la variante de Palmira y la licitación de los trabajos de mejora en el Corredor Internacional.
Sin embargo y más allá de la discusión puntual entre el legislador kirchnerista y la funcionaria nacional, con posterioridad el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció un importante recorte en las obras públicas previstas, que alcanza el 50 por ciento de lo previsto en el Presupuesto de este año.
Es aquí donde habrá que centrar la atención, porque es ya algo habitual que los gobiernos, más allá de la ideología, hayan priorizado las obras de infraestructura en las zonas de mayor población, como ya señaláramos anteriormente.
Por lo tanto es de esperar que en esta oportunidad, y en medio de la actual turbulencia, haya más equilibrio en las decisiones. Eso es lo que deben reclamar los gobernadores.
