El 30 de julio Cristina Fernández anunciaba el listado de provincias que ingresaban en el desendeudamiento. Mendoza y las otras provincias petroleras que resistían el acuerdo hidrocarburífero no estaban.
Mañana, martes 30 de setiembre, dos meses después de ese desplante nacional, nuestra provincia, Chubut, Neuquén y Río Negro firmarán con la Nación el auxilio financiero.
La ayuda consiste en posponer los vencimientos de este año que las provincias tienen con la Nación; a Mendoza le significa postergar hacia adelante unos 80 millones de pesos trimestrales, en total 160 millones hasta fin de año.
La rúbrica por el desendeudamiento llega justo dos semanas después que las cuatro provincias rebeldes sellaran el otro acuerdo, el que unifica las condiciones para concesionar áreas petroleras.
La sucesión en las fechas no deja de ser sugerente en la historia de las presiones políticas que hace la Casa Rosada a las provincias.
El16 de setiembre las cuatro provincias productoras de petróleo firmaban con la Nación el “Acuerdo federal para el autoabastecimiento de hidrocarburos”.
Ese convenio era un reclamo del CEO de YPF Miguel Galuccio y fue empujado por la Casa Rosada. Ese acuerdo ya llegó al Senado y se empezará a tratar esta semana.
Cuando Mendoza, Chubut, Río Negro y Neuquén quedaban fuera del programa de desendeudamiento, a fines de julio pasado, la palabra “represalia” brotó natural pero discretamente en los pasillos oficiales.
Ahora, que la Galuccio obtuvo lo que quería, se destraba la ayuda para las provincias productoras de petróleo, entre las que se encuentra la necesitada Mendoza.
Antecedentes
La sucesión de hechos arranca desde el 25 de julio, cuando Los Andes informaba que los gobernadores que conforman la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) estimaban que habría represalias desde la Nación por la resistencia al avance que pretendía la Nación en las facultades que tienen las provincias para conceder áreas petroleras y, de paso, de morderle parte de la rentabilidad a los concesionarios.
En esa pelea hasta Francisco Pérez, un gobernador alineado con el Gobierno nacional, había hecho una jugada fuerte: intimar a YPF por deudas en Ingresos Brutos en 300 millones de pesos, tal como lo informara este diario el 8 de junio pasado.
A fines de diciembre de 2013, la mandataria anunció una nueva prórroga en el Programa Federal de Desendeudamiento. En esos días las provincias adeudaban 77 mil millones de pesos a la Nación.
A esta cifra se le aplicó una quita de 11 mil millones de pesos en concepto de ATN acumulados. Ese día se anunció que la renovación del programa sería trimestral y los distritos quedaron sujetos a un monitoreo de su desempeño fiscal por parte de la Casa Rosada.
Nada es casual. Cada tres meses la Nación decide cuál provincia ingresa y cuál no. El 30 de julio pasado, la presidenta Cristina Fernández anunció el listado de provincias incluidas en el desendeudamiento con la Nación. Fueron 12 provincias y las cuatro que quedaron afuera fueron justamente las cuatro que resistían la nueva ley hidrocarburífera.
A pesar que nadie dijo en voz alta lo que se decía en secreto, la cuestión es que en el Ejecutivo provincial se esperanzaban con que serían incluidos en una segunda etapa del programa. Los días pasaron y esa segunda etapa se hacía esperar.
Había esperanzas porque, al menos es lo que se indica en el Ejecutivo, nunca la Nación hizo el descuento en las remesas de la coparticipación para recuperar lo que Mendoza le debía.
Pero tampoco se anunciaba esa segunda etapa salvadora, porque aunque no se pague igual se debe. La provincia le debe a la Nación unos 2.400 millones de pesos, de los cuales algo más de 300 millones vencían durante el 2014 (entre capital e intereses).
El programa consiste en postergar los vencimientos del año y el interés correspondiente a 2014 se carga al capital de la deuda, pero con una tasa del 6% anual. De esa forma se liberan algo más 300 millones de pesos.
En los dos primeros trimestres del año, Mendoza logró ingresar al programa y, con el ingreso, la postergación de casi 80 millones de pesos en cada uno de esos tramos.
El tercero, también por 80 millones, no lo había obtenido hasta ahora. La semana pasada llegó la invitación de la Rosada para firmar el perdón por ese dinero, cuando faltan unos días para anunciar el cuarto trimestre. A nuestra provincia le queda definir el destino de otros 80 millones más correspondientes al último tramo del año.
Ahora, el objetivo es la autorización para más deuda
El martes el gobernador Francisco Pérez y el ministro de Hacienda Juan Antonio Gantus, viajan a Buenos Aires. Uno de los motivos del viaje es la firma para el ingreso en el tercer trimestre del programa de desendeudamiento, el otro es seguir de primera mano el inicio del tratamiento de las modificaciones a la ley 17.319, conocida como ley de Hidrocarburos, modificaciones que fueron acordadas entre la Nación y las cuatro provincias productoras de petróleo nucleadas en la Ofephi. Además, Pérez también intentará hacer gestiones para el sector vitivinícola.
Después de la tormenta, también se espera que se destraben otras gestiones que la provincia viene realizando ante la Nación, particularmente una gestión: que el Ministerio de Economía de la Nación autorice a la provincia a emitir deuda pública.
Cuando se conoció que Mendoza no estaba en el listado de provincias que accedían al programa de desendeudamiento, una de las preguntas que surgió fue si entre las represalias por resistir a la Ley Galuccio se incluiría no autorizar la toma de fondos frescos que la provincia necesita para terminar el año.
El tiempo ha pasado y la autorización no ha llegado. Ayer, el ministro Gantus decía que nunca habían dejado de presentar toda la documentación que pedía Economía para ingresar al desendeudamiento y para obtener la autorización para tomar deuda.
De hecho, el viernes Gantus estuvo por Buenos Aires con ese objetivo y aún no había novedades. “Espero que esta semana haya buenas noticias”, decía el ministro.
