Más muertes de mujeres nos movilizan y es preciso comenzar a encontrar soluciones a la violencia de género porque nuestra sociedad tiene un grave y complejo problema. Si bien advierto la contradicción que muchas veces existe cuando el Estado es replicador y perpetrador de esa violencia, creo que la solución tiene que provenir del mismo. Las respuestas -y el cambio- deben estar lideradas y coordinadas desde el Estado porque es quien debe garantizar -y no obstaculizar- el ejercicio de nuestros derechos fundamentales a la vida, a la libre circulación, a la libertad de expresión, al derecho de propiedad, al derecho de tener una familia y al acceso a la Justicia.
Aquí opino sobre la violencia de género, aquella que se ejerce contra las mujeres, en la que el agresor es el varón motivado por el hecho de que la víctima sea mujer. Esto no importa desconocer la violencia que sufren los varones y la alta tasa de homicidios que lo refleja. Significa delimitar la problemática, porque este tipo de violencia tiene características propias. Las mujeres hemos sido un grupo invisibilizado y discriminado, y tener claro el problema permitirá ser más precisos con las soluciones.
Primero, es un problema cultural. Estos modos de violencia son sistémicos. Se reproducen como “normales” a través de todas sus expresiones: simbólica, psicológica, económica, física e institucional. Responden a un modelo patriarcal y heteronormativo replicado por varones y mujeres y por las instituciones. Podemos graficarlo con ejemplos diarios: bromas sobre mujeres y sus cuerpos; programas de televisión y publicidades discriminatorios y que fomentan estereotipos; mujeres con sueldos inferiores en la misma posición que un varón; acoso en la calle o en el trabajo; dominación y abuso en el ámbito familiar. Prácticas sociales que tratan a la mujer como un objeto que pertenece a un varón (padre, novio, esposo, pareja). Así, él dispone de su cuerpo, de sus ideas, digita sus acciones y por último hasta puede tomar su vida.
Segundo, es también un problema institucional. Como cuando se revictimiza a la mujer impidiéndole ejercer su derecho al acceso a la Justicia, o cuando su palabra es ignorada al momento de denunciar, o cuando para efectivizar su reclamo tiene que deambular por diferentes tribunales -penales y civiles- reviviendo sufrimientos. Frecuentemente la mujer experimenta un estado de desprotección, a pesar de sus denuncias o medidas precautorias decretadas y no efectivamente cumplidas. Asimismo, se ejerce violencia institucional cuando las mujeres no tienen un libre acceso al ejercicio igualitario de sus derechos sexuales y reproductivos.
Mendoza cuenta en su historial con problemas de violencia institucional de larga data. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en 1998 por la detención y desaparición de Garrido y Baigorria a manos de las fuerzas policiales de la provincia. En 2004, la Corte dictó medidas provisionales por las violaciones a los derechos humanos producidos en el penal de Mendoza. En 2013, falló en contra por establecer penas de privación perpetua de la libertad a cinco personas -dos mendocinos- por delitos cometidos durante su infancia. No sigamos en la misma línea con los casos de violencia de género. Hemos llegado a un momento crítico y es imprescindible hacerse cargo del problema, propio o heredado, ya no importa. Es un imperativo de la democracia.
El Estado debe liderar un trabajo conjunto con los actores políticos e institucionales, las organizaciones sociales, las comunidades, las instituciones policiales y educativas, así como con los medios de comunicación, iniciando acciones desde sus tres poderes. Las acciones a implementar son múltiples porque la problemática no tiene una única solución. Hay que responder con más programas de prevención y concientización; promover un proceso de cambio en las normas sociales discriminatorias con programas educativos y con la sanción e implementación de leyes que además cumplan con su valor pedagógico y simbólico; servicios de apoyo y contención; aplicación efectiva de medidas precautorias; sanción de normas que criminalicen los actos; medidas económicas de apoyo a las mujeres e incentivos para involucrar a todos los actores; mejorar la información y las estadísticas para la elaboración de políticas públicas; y comprometerse con el nombramiento de mujeres con perspectiva de género en lugares de poder y liderazgo. Sí, también en la Suprema Corte de Justicia.
En estas líneas de trabajo están involucrados los tres poderes del Estado. En el plano nacional, la ley 26.485 de protección integral para erradicar la violencia contra las mujeres no ha sido aplicada efectivamente. El Consejo Nacional de las Mujeres carecía de respaldo político, de presupuesto, y trabajaba sin coordinación alguna. El actual gobierno ha lanzado un plan nacional a los fines de cumplir con la ley. En 2012, la ley 26.791 introduce el delito de femicidio al Código Penal. Sin embargo, duermen en el Congreso otros proyectos: la privación o suspensión de la responsabilidad parental por haber sido condenado por femicidio; la aplicación de herramientas tecnológicas a los fines de poder cumplir con efectividad con las medidas precautorias perimetrales; tipificar ese incumplimiento como un delito especial; establecer una licencia laboral para víctimas de violencia de género, entre otros.
En el ámbito del Poder Judicial, algunas provincias han creado tribunales especializados en temas de violencia, entendiendo que la problemática atraviesa distintas competencias. Córdoba, en 2009, estableció tribunales especializados en violencia familiar. Jujuy acaba de crear juzgados especializados en violencia de género. El Ministerio de Justicia de la Nación está trabajando para propiciar tribunales especializados y unificados (penal y civil) en violencia intra-familiar y sexual buscando soluciones más acordes a la realidad de la víctima.
Si bien Mendoza fue la primera en adherir al plan nacional, queda mucho por hacer. Luego de los femicidios recientes, el Gobierno ha propuesto la inclusión de la temática en las currículas escolares; un aumento significativo del presupuesto de la Dirección de la Mujer; la elaboración de un protocolo con la Justicia para que las denuncias sean atendidas también por los juzgados penales de minoridad; la provisión de un botón antipánico; la apertura de un nuevo refugio; la descentralización de fondos a los municipios y la colaboración con las organizaciones civiles.
Lo fundamental es que estas medidas no sean respuestas efímeras sino parte de un abordaje estratégico entendiendo que el problema es multidimensional y debe ser combatido en el ámbito social, institucional y familiar. Se necesita de un comprometido liderazgo político para desafiar las prácticas que colocan a la mujer en un plano de desigualdad, vulnerabilidad y la encarcelan en los estereotipos violentando sus derechos fundamentales. No hay tiempo que perder, no hay lugar para más excusas, hay que actuar ahora.
Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente coinciden con la línea editorial de Los Andes.
