A pesar de la fuerte resistencia que han mostrado los sindicatos, el gobernador Alfredo Cornejo logró instalar en la Nación y en las otras provincias la aplicación de un “control de productividad” a los estatales que ya aplica en Mendoza y cuya versión más famosa es el ítem Aula.
Lo hizo al incorporar dos artículos entre las cláusulas de la “Carta de intención para el fortalecimiento del federalismo”, documento que firmaron los gobernadores y el Ejecutivo nacional, junto a los otros dos convenios por la coparticipación federal.
La “carta intención” firmada apunta a llegar al “equilibrio fiscal” de los Estados en 2019, el año de recambio presidencial y también de los gobernadores. Pero también apunta a alcanzar un mejoramiento progresivo “de la calidad de los servicios” que esos Estados prestan.
En ese marco, el mendocino pudo introducir en el texto un punto que busca otorgar “premios y castigos” a los trabajadores, con la idea de hacer más eficiente a la administración pública.
Específicamente, se acordó “implementar, en el mediano plazo, sistemas de incentivos basados en la gestión por objetivos y resultados para los empleados del sector público”. La idea es “optimizar el desempeño y maximizar las capacidades potenciales” de los trabajadores, tal como lo indica el texto.
“Claramente, es la aplicación de medidas como el ítem Aula o el ‘centro de salud’”, resaltó el ministro de Hacienda, Martín Kerchner, que acompañó a Cornejo en la reunión.
Esas medidas, similares también a los ítems “funcionarios” o “asistencia perfecta” aplicadas a los trabajadores judiciales de Mendoza, han recibido -y lo siguen haciendo- fuertes rechazos de los gremios. De hecho, el SUTE avanza en estos días en un reclamo “por la reapertura de paritarias” y “contra el ítem Aula”.
Sin embargo, son consideradas como premios por el Gobierno provincial “para mejorar la calidad de los servicios”.
La idea entonces es que todo el país las aplique. Así lo indicó el propio Cornejo: “Los gobernadores de los 24 distritos nos comprometemos a administrar mejor, a optimizar nuestros recursos, a poner premios y castigos en el funcionamiento del sector público”.
El otro punto que también se incorporó a propuesta suya es el que intenta dejar en los ámbitos públicos el personal necesario para un “funcionamiento óptimo”.
Sobre esto, los gobernadores se comprometieron a “evaluar, en el mediano plazo, la estructura de recursos humanos, apuntando a optimizar la relación entre tamaño, idoneidad y calidad de la planta de empleados públicos con los servicios efectivamente prestados por el Estado”.
Un ejemplo de esto, entre otros, es la “moratoria previsional” que el Gobierno local inició para jubilar a 2.700 agentes estatales.
Desde la visión de Cornejo, convertido en casi un vocero de la Nación, el acuerdo “por el federalismo” permitirá a las provincias no sólo administrar mejor sus recursos “con plena autonomía”, sino también que ellas mismas reciban premios o castigos.
“Las provincias que hagan bien las cosas podrán recibir más recursos para incentivar a sus empleados y sus servicios. Y las que no hagan bien las cosas, van a ir teniendo una reducción de sus recursos por no haberlos administrado bien”, advirtió.
En lo referido a los cerca de $ 1.800 millones adicionales que Mendoza recibirá este año por los acuerdos de coparticipación federal, el Gobernador celebró su firma: “Estos fondos vienen a equilibrar lo que perdimos tras las rebajas por el impuesto a las Ganancias e IVA que ha hecho la Nación”, dijo el mandatario, que luego de la cumbre de gobernadores se reunió con el Presidente, Mauricio Macri, “para tratar temas coyunturales”.
Macri asegura que el ajuste es "gradual"
El Presidente Mauricio Macri pidió ayer “responsabilidad fiscal” a los gobernadores, previo a la reunión de la tarde, y dijo que las medidas aplicadas en sus siete meses de gestión, como el incremento de tarifas, “parecen más shockeantes de lo que necesitaríamos”.
Durante un acto en Córdoba, Macri reconoció que “llevará unos años poner en caja todo”, pero dijo que se hará “siempre de manera gradual, aunque algunos digan que no lo es”, tras advertir que esta impresión se produce por “el nivel de desfasaje” de las cuentas.
El mandatario formuló estas apreciaciones en su visita a Córdoba para inaugurar obras de ampliación en el aeropuerto local, junto al gobernador, el peronista Juan Schiaretti. Allí, recordó que “hoy nos vienen a visitar todos los gobernadores, porque necesitamos asumir una responsabilidad fiscal que se perdió en la Argentina”.
“Hay que enfrentar la verdad, que es exigente, muchas veces es dura. Eso provoca dolor, claramente, pero siempre produce crecimiento”, aseguró Macri.
Cronología
Apenas diez días antes de que se cumplan 24 años de la firma del primer Pacto Fiscal que iniciara la retención de los recursos, la Nación y las provincias dieron el primer paso para desandar el camino y reintegrar gradualmente la parte de la coparticipación destinada a financiar a la Anses.
Los siguientes son algunos de los hitos:
12 de agosto de 1992. El presidente Carlos Menem y los gobernadores firman el Pacto Fiscal I. Entre otras medidas, dispone que el 15 por ciento de la masa de recursos coparticipables, antes de su distribución, se destine al financiamiento de la transición del sistema previsional, en vistas al futuro régimen de capitalización.
22 de diciembre de 2005. Se sanciona la ley 26.078 de Presupuesto Nacional 2006, que en su artículo 76 prorroga la vigencia de la retención del 15 por ciento de la coparticipación.
Como no se respetó el procedimiento correspondiente para una ley-convenio (que requiere de un acuerdo previo de todos los gobernadores y posterior de cada Legislatura provincial), las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe presentan sus reclamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
20 de octubre de 2008. Se reestatiza el sistema previsional, con lo que se cae la razón de ser de la detracción del 15 por ciento de la coparticipación.
24 de noviembre de 2015. La Corte Suprema declara la inconstitucionalidad del recorte a la coparticipación, exclusivamente para los casos de las tres provincias que realizaron las demandas (Córdoba, San Luis y Santa Fe)
1 de diciembre de 2015. Una semana antes de irse y mediante el decreto de necesidad y urgencia 2.635/15, la presidenta Cristina Fernández extiende a todos los distritos la devolución del 15 por ciento de la masa coparticipable.
12 de diciembre de 2015. El presidente Mauricio Macri recibe a todos los gobernadores en la Residencia de Olivos. Comienzan las gestiones para resolver el conflicto sin provocar el desfinanciamiento de la Anses.
13 de enero de 2016. El presidente Mauricio Macri deroga el DNU anterior mediante uno nuevo, el 73.
18 de mayo de 2016. Se firma en Córdoba el Acuerdo por el Nuevo Federalismo, por el que se establece la devolución del 15 por ciento de la coparticipación a las provincias en cinco escalas anuales de 3 puntos, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019, con la opción para la provincia que lo solicite de un préstamo de la Anses a cuenta de los futuros reintegros. A partir de 2020, los 24 distritos deben recibir íntegramente el 15 por ciento.
30 de junio de 2016. El Senado sanciona la ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados que, en su Título IV, artículos 24 a 26, formaliza el acuerdo con las provincias, publicado en dos anexos de la misma ley.
22 de julio de 2016. La ley y su promulgación se publican en el Boletín Oficial.
2 de agosto de 2016. La Nación firma los acuerdos bilaterales con cada provincia para proceder a la devolución de los recursos, con retroactividad al 1 de enero.
