La distribución de la regalías eléctricas que recibe Mendoza, por las generadoras Nihuil I, II y III se comparte con La Pampa, desde 1973, luego de que el gobierno militar de Alejandro Agustín Lanusse así lo decretara. En un nuevo capítulo que refresca las disputas con la vecina provincia, Mendoza está en condiciones de reclamar el cobro del total de las regalías, así como también compensación por lo no cobrado, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La decisión está en manos del gobernador Rodolfo Suárez. En su entorno sostienen que hay tiempo hasta mayo para presentar la demanda y que están estudiando el caso.
El cálculo fino del monto a reclamar por las regalías no cobradas lo debe hacer el Ministerio de Hacienda. El número que circula en los despachos es alto, aunque especulativo. En 2014 se hablaba de $ 1.000 millones. Sólo con la actualización por inflación, esa cifra se podría multiplicar por cinco. Pasados a dólares (cotización oficial 8,55 al 14 de octubre, dos días después de la primera publicación de Los Andes) eran U$S 116 millones.
La discusión es por las regalías por generación eléctrica de todas las provincias por las que pasa un río o la provincia en la que existe la chance de embalsar el agua y generarla, lo que se conoce como "fuente". En todas las represas del país cobra regalías sólo la provincia que posee la "fuente". El único caso que no sucede así es en los Nihuiles.
El decreto 1.560/73, por el que Mendoza debía compartir -en partes iguales - las regalías por la generación hidroeléctrica en San Rafael, fue cuestionado en 1977 por el entonces interventor Jorge Sixto Fernández amparándose en el artículo 43 de la Ley 15.336.
El decreto de Lanusse, textualmente se expresa que en los casos en donde "las fuentes hidroeléctricas se encuentren en ríos limítrofes entre provincias, o que atraviesen a más de una de ellas, este porcentaje del cinco por ciento (5%) se distribuirá equitativa y racionalmente entre ellas".
"En aquel momento el reclamo se hizo ante el Poder Ejecutivo Nacional y también ante la Corte y el tribunal respondió que si se había elegido la vía administrativa, no se podía ir a la Corte. El fallo dijo que se agote la vía en el Ejecutivo y después vayamos a la Justicia. Eso es lo que está ocurriendo ahora", explicaron desde la Fiscalía de Estado a Los Andes.
Pasaron los años. El reclamo administrativo se demoraba. Hasta hubo que reconstruir el expediente porque se extravió.
La vía administrativa empezó a clarificarse cuando la Procuración del Tesoro de la Nación emitió el Dictamen 163 del 6 de julio de 2016 y, firmado por Horacio Pedro Diez, le da la razón a Mendoza en el reclamo y, de esta manera, ratifica que la provincia debe recibir el total de las regalías.
Tras el dictamen de la Procuración, el ex gobernador Alfredo Cornejo, en 2016, solicitó al entonces presidente Mauricio Macri que se expidiera al respecto y estampara su firma en el decreto que revirtiera el de Lanusse.
Dos años después fue el kirchnerismo el que solicitó lo mismo, a través de un proyecto de ley que presentó la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti en el Congreso.
La nota formal, que fue presentada en 2016 también ante el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, se funda en el "criterio de la fuente", concepto que también fue utilizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una sentencia de 2003. Ese criterio fue aplicado por el Gobierno nacional desde ese año en otros casos de centrales hidroeléctricas del país.
El pedido era que se deje de aplicar "el criterio del río", con el que se liquidan las regalías del complejo El Nihuil por mitades, siendo que está ubicado íntegramente en territorio mendocino.
En la nota se solicitó remplazar la teoría del río por el vigente en todos los demás casos. Se citan los antecedentes de Chaco, Buenos Aires y Santa Fe contra las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, resueltos en 2003, donde se avaló el criterio de la fuentes hidroeléctrica.
En octubre de 2019 Cornejo instruyó a la Asesoría de Gobierno para que junto con la Fiscalía de Estado enviaran un pronto despacho al Poder Ejecutivo Nacional para que éste abonara el monto total, es decir, desde 1973 a la fecha, argumentando el pedido en el dictamen firmado por la Procuración del Tesoro de la Nación en julio de 2016.
Para cerrar el caso, el presidente Alberto Fernández debe firmar un decreto que derogue al mencionado 1560/73 y establezca que sean las arcas provinciales las destinatarias de ese monto.
Pero el dato ahora, según el organismo que conduce Simón, es que ese pronto despacho venció y Mendoza está en condiciones procesales de iniciar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, reclamando a la Nación una suma millonaria hacia atrás.
Para hacer la presentación, se necesita la firma de Suárez. Por lo pronto, en Fiscalía de Estado indican que la demanda ya está redactada.
Ansiedad peronista por fijar el destino de los fondos
En caso de cobrar las regalías, ya hay propuestas para darles destino, a pesar de que la demanda podría resolverse en cinco años o más.
Germán Gómez, presidente del bloque de Diputados del PJ, presentó un proyecto de ley para definir en qué se gastará la plata que le pudiera corresponder a la provincia.
La iniciativa propone que los fondos que se obtengan por la liquidación que se origine luego de la derogación del Decreto Nacional 1560/73, sean retroactivas o futuras, se destinen íntegramente a Programas de Riego para el uso agro- productivo de la provincia de Mendoza.
"No queremos que vayan a rentas generales, a gastos corrientes, sino que se destinen al aprovechamiento integral del recurso hídrico, a la innovación y a la inversión tecnológica, que se modernice lo que ya existe. También a programas de mejoramiento de obras, de perforaciones, de implementación de riego", explicó el legislador.
Claves
Otra pelea con La Pampa. En 1973, el presidente de facto, Lanusse, firma el decreto 1.560 por el que reparte por mitades las regalías eléctricas de los Nihuiles.
Reclamo interminable. En 1977, el interventor-gobernador de Mendoza Jorge Sixto Fernández reclamó ante la Justicia y al Ejecutivo. La Justicia pidió que se agotara la vía administrativa.
El dictamen alentador. En julio de 2016 la Procuración del Tesoro dio la razón a Mendoza. Cornejo pidió dos veces un decreto correctivo, Hubo un pronto despacho en 2019. Al no haber respuesta, se abre el camino judicial
