Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
La Provincia llega a estas instancias en las cuales se disputan las PASO en medio de circunstancias muy alejadas de su historia, por lo maltrecha que se encuentra. A pesar de que ya no se disputan cargos provinciales, muchos mendocinos se someterán al juicio de los votantes.
La provincia es la más chica de las grandes y la más grande de las chicas y, en términos relativos, es la que peor está. La actividad económica severamente castigada por la política nacional y ahora impactada por elementos externos como la devaluación y recesión de Brasil.
Mendoza multiplicó su presupuesto público por 4 en los últimos 8 años a pesar de que ni el crecimiento económico ni la inflación hubieran justificado tamaña expansión. Realmente, estamos frente a un claro caso de mala administración y decisiones políticas erradas que nos han llevado a un difícil callejón de salidas muy estrechas.
Según datos de 2014, el presupuesto del Estado provincial asignó un 59% a salarios, un 26% a transferencias a municipios, un 7,5% al pago de deudas, un 6% a obra pública y un 1,5% a gastos de funcionamiento. Como se aprecia, el crecimiento del rubro salarios fue desmesurado, ya que estaba en el 45%.
También hay que reconocer que los tres primeros rubros no son susceptibles de ser rebajados, con lo cual las variantes pasan por la obra pública y el deficiente funcionamiento del Estado.
Para paliar el problema, que a su vez acarrea déficit hace más de 6 años, el gobierno provincial decidió aumentar impuestos, y entre ellos el impuesto a los Ingresos Brutos, que le ha generado un notable perjuicio a las actividades económicas provinciales.
Hoy la Provincia “gotea” presupuesto tanto a los organismos descentralizados como a los municipios, muchos de los cuales pagan sueldos en cuotas, porque también, muchos de ellos, se sobrecargaron de empleados.
Además, la Provincia asumió el costo de prestaciones especiales, casi privilegios, como el 82% de las jubilaciones de los jueces y los docentes y el 100% de los policías. En este caso, la parte correspondiente se descuenta de la coparticipación.
La economía no aguanta a este Estado
La economía provincial ha venido decayendo en forma sistemática. La inflación pegó muy fuerte en todas aquellas que están expuestas al comercio exterior, ya que son actividades muy sensibles a la competitividad del tipo de cambio.
Así, ha sufrido la vitivinicultura, que crece en volumen pero con precios de 4 años atrás, postergando al sector primario en beneficio de los proveedores de insumos. Lo mismo le ocurre a la fruticultura y la horticultura. El sector petrolero estuvo agobiado porque no se reconocía el valor del precio internacional del crudo y ahora que bajó, las empresas comienzan a sentir falta de rentabilidad.
La metalmecánica pudo subsistir gracias a las actividades mineras y, en algunos casos, a los servicios petroleros. No obstante, ante la caída del precio internacional de los metales y el crudo muchas empresas han disminuido su ritmo y afectan a todos los proveedores.
El sector de la construcción viene sufriendo los efectos del cepo al dólar, en el sector privado, y las demoras serias en los pagos del sector público. Mientras tanto, el comercio ha visto el cierre de muchos negocios ante la caída de las ventas, que a duras penas logran sostenerse con planes oficiales.
El problema del gobierno es que mientras la economía decrecía el Estado fue agigantado de manera irresponsable y hoy el sector privado no puede seguir sosteniendo este Estado que, en todas las acepciones de la palabra, “ya no sirve”.
Pero el Estado necesita que la economía crezca y el futuro gobernador no tiene herramientas y dependerá del futuro gobierno nacional. También deberá pensar en bajar impuestos, porque no solo no los puede subir sino que con las actuales tasas, los niveles de producción demorarán mucho en reaccionar y no todos lo conseguirán.
La deuda flotante terminará el año cerca de un nivel de 5.000 millones de pesos, cifra imposible de afrontar si no se sientan en una mesa con los proveedores y consiguen un ventajoso plan de pagos a muchísimos años.
Los gastos parecen inflexibles a la baja, pero los ingresos permanecerán casi estancados por uno o dos años. Lo grave es que los sindicalistas, que se han adueñado de las finanzas públicas, querrán seguir consiguiendo aumentos sobre salarios que ya hoy son impagables.
No hay otra forma que sentarse en una mesa con la verdad y negociar con buena fe por parte de todos los actores. Hoy estamos en terapia pero podemos caer en situaciones mucho más graves si no media la responsabilidad de los actores.
