Los juicios por accidentes de trabajo siguen creciendo en la provincia. Más allá de que el espíritu de las leyes como la 26.773 estableció en 2012 mejorar la cobertura del sistema para frenar las demandas de responsabilidad civil, lo cierto es que la provincia sigue ocupando los primeros puestos en materia de litigiosidad a nivel nacional.
Según datos realizados por la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (UART), de 128 juicios por cada 10 mil habitantes que posee el promedio a nivel nacional, en Mendoza hay 240 juicios cada 10 mil habitantes, lo que significa que Mendoza registra 87% más de casos que la media del país. Y si se analiza todo el país, con respecto a 2014, este año ya estiman que cierra con un 76% arriba en el flujo de juicios laborales respecto del año pasado.
Una mirada en foco dado por UART demuestra que Mendoza ocupa los primeros puestos a nivel nacional con 10.304 demandas ingresadas este año. Los otros primeros lugares se reparten entre Capital Federal con 47.560 juicios, seguida de Buenos Aires con 17.425, Santa Fe con 16.780 causas y los 13.815 juicios de Córdoba.
Los datos estimativos para este año, que demostró UART, es que el primer lugar se lo lleva Capital Federal. De cada 100 siniestros 38 van
a juicio. Luego sigue Santa Fe: de cada 100 siniestros 30 van a juicio y luego aparece Mendoza, con 28 juicios cada 100 siniestros.
En declaraciones a la revista Mercado, la titular de la UART, Mara Bettiol dijo que la litigiosidad hace incierto el desarrollo del sistema. En sus palabras es tan grande la frecuencia de juicios que termina socavando la solvencia de las empresas. "El sistema tiene unos 500 mil siniestros por año, con un promedio de 60 mil incapacidades definitivas, y para 2015 ya prevemos que habrá, en paralelo a ello, casi 100 mil nuevos juicios", explicó Bettiol.
Más aún, según datos aportados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en el ranking de acciones judiciales iniciadas por sector de trabajo el año pasado, el transporte ocupó el primer término, seguido del manufacturero, la construcción, los servicios financieros, el comercio, la electricidad, los servicios sociales, la minería, y por último, la agricultura.
El año pasado, los primeros lugares se mantuvieron también siendo la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza los que concentraron 93% de los juicios iniciados en 2014.
La industria del juicio
La gran ironía que posee el sistema es que la normativa en la actualidad es más robusta pero no ha contribuido a bajar la temperatura de la litigiosidad laboral haciendo que algunos abogados interpongan las demandas para activar esta verdadera industria del juicio.
En Mendoza (como en el resto del país) hay una industria del juicio que hace tambalear, por sus altos costos, la competitividad de las firmas, especialmente del transporte, construcción y comercio.
“Coincido con la estadística sobre nuestro sector. Tenemos una litigiosidad laboral muy alta en riesgos del trabajo. Hay muchas causas, una de ellas es que en la construcción existe un alto nivel de rotación de los trabajadores lo que ocasiona que muchos trabajen en un determinado proyecto. Por ejemplo, en un barrio de 100 viviendas pueden trabajar 300 trabajadores, es lo más común, lo cual exacerba la posibilidad del conflicto. Hay muchas causas a la hora de llevar a cabo un juicio. Una de ellas puede ser disconformidad en las condiciones de trabajo”, explicó Hugo Gamboa, vice presidente del Círculo de Constructores de Mendoza.
Entre otras causas de litigio señaladas por Gamboa está incluido que las ART poseen determinados límites de cobertura y en algunos casos dejan desprotegidos a los empresarios.
En su análisis, Gamboa también cargó contra los trabajadores. Para el directivo, si bien la construcción es riesgosa también es cierto que en la provincia los obreros son bastante reacios al uso de cascos, guantes, antiparras y arnés. “Básicamente, esto se debe a que en la actividad privada difícilmente utilicen estos materiales preventivos”, apuntó el directivo.
Desde la Federación Económica de Mendoza (FEM) su presidente, Adolfo Trípodi, afirmó que en la provincia es fácil iniciar un juicio, no posee costos y para los empresarios rige la inversión de la prueba. “Esto significa que es el empleador el que debe probar con documentos y escritos u otro tipo de pruebas que la acción iniciada por el trabajador no posee sustento, lo cual torna muy difícil revertir un juicio laboral a favor de una empresa”, explicó Trípodi.
En el caso del comercio, los juicios laborales por riesgos del trabajo, si bien puede obedecer a múltiples causas, las más comunes son las relacionadas “in itínere”, esto es cuando los empleados se movilizan desde sus hogares hasta los lugares de trabajo o los relacionados a lumbalgia y várices por estar parado o actividades demasiado pasivas”, deslizó Trípodi.
Transporte es otro sector que se planta en el primer lugar de litigiosidad laboral relacionada con accidentes de trabajo. En ese caso, los conflictos judiciales son extensos porque la actividad conlleva una gran masa de trabajadores: no sólo es el chofer de camión, sino que también engloba a los peones de descarga, los que trabajan en los autoelevadores, mecánicos, talleres de carga y descarga.
Para dimensionar la fuerza laboral del sector y en un cálculo rápido realizado por el doctor Roberto Occhipinti, de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza, una firma de 50 camiones posee 50 choferes más 100 empleados que no son choferes y que realizan tareas de logística.
“Tenemos mucha litigiosidad laboral y básicamente desde mi punto de vista se dan por varias causas. La primera es que las ART no hacen cumplir los exámenes periódicos que deberían realizar. El seguimiento psicofísico posee un costo elevado: hay que realizar radiografía de tórax, chequeos de presión, análisis de sangre o tomografía computada. No dan los costos de las ART”, señaló Occhipinti.
