El miércoles 14, a las 10, Mendoza se juega una instancia quizá decisiva en su conflicto con La Pampa por la distribución del agua del río Atuel.
La cita es con la Corte Suprema de la Nación, en una audiencia de conciliación que seguramente no contendrá argumentos convergentes que permitan un arreglo entre ambas provincias.
En estos días se juega al misterio. Se arriesga mucho el próximo miércoles, incluyendo una eventual indemnización a La Pampa por supuesto daño ambiental. Entonces ni mendocinos ni pampeanos quieren develar los argumentos que se desplegarán en los 40 minutos que tiene cada una de las provincias para exponer ante la Corte.
Hoy todo es semblanteo y silencio. En el Gobierno de Mendoza, Fiscalía de Estado y Departamento General de Irrigación hay completo hermetismo de lo que se va a decir el miércoles. ¿Dónde reside el secreto, si tanto se ha hablado hasta ahora? El misterio indica que hay cartas ocultas.
Si hay algo secreto, seguramente corre en el terreno de las sutilezas legales. En las mesas dónde discurre la estrategia legal, se dice “hemos bajado todo lo que han dicho los técnicos de La Pampa en los últimos 10 años y ellos están haciendo lo mismo”.
La audiencia del miércoles es como un partido de truco: el mazo es conocido, se cuentan las cartas que han ido saliendo y se especula con las que quedan sin jugar. Habrá que ver quién tiene el as de espadas en la mano.
De lo ya dicho, los datos públicos son lapidarios. La Pampa, gobernada por el peronista Carlos Verna, busca construir una imagen de Mendoza como una entidad malévola que ha erigido embalses que cortan el cauce del Atuel y se solaza en crear el desierto pampeano.
De este lado se argumenta que el agua es poca para todos y que el Estado pampeano ha abandonado a los pampeanos del noroeste y no ha invertido un peso en remediar el daño ambiental generado por el calentamiento global y, sin embargo, sí ha construido un ambicioso acueducto para llevar agua del río Colorado a la frontera sojera.
Incluso más, sostienen que el agua potable disponible en la ahora desértica Santa Isabel llega por inversión y voluntad solidaria mendocina para construir el acueducto para ese pueblo pampeano.
Aunque en Mendoza ni se mencione el hecho, es posible que nuestra provincia haya generado un daño, pero si se dice a viva voz que ese daño fue evaluado en la sentencia de la Corte Suprema de 1987, pero que hoy la disputa que La Pampa se empecina en mantener viva es apenas una puesta en escena política para agitar un enemigo externo a esa provincia, porque la falta de agua no se arregla con una eventual nueva condena.
La realidad es que la pelea es entre secos: hoy el Atuel está muy por debajo de su caudal histórico. Según los estudios públicos del Departamento General de Irrigación, al 8 de junio de 2017 el cauce llevaba 13 metros cúbicos por segundo; históricamente ese caudal medio para esta época ascendía a 24 metros cúbicos.
En la página web de Irrigación se indica que los últimos caudales que superaron ampliamente la media corresponden a las temporadas 2005-2006 y 2006-2007, con picos a fines de diciembre y principios de enero, que superan los 120 metros cúbicos por segundo. En esta temporada 2016-2017 el caudal está por debajo del promedio histórico en casi todo el período, excepto los días en los que hubo intensas lluvias.
Más aún, si se miran las gráficas publicadas, desde esos dos años de elevado caudal de hace más de una década, todas las temporadas reiteran un gráfico en baja del caudal medio del Atuel. Y, aún así, los últimos años de crisis hídrica están por debajo de esa línea media.
La Pampa suele indicar que estos datos no redimen los posibles desmanejos en el uso del agua de este lado de la frontera provincial. Se señala particularmente el riego dentro de las fincas, realizado en la forma más ineficiente, a manto.
Es cierto que aún hay parcelas de pequeños y medianos productores que riegan de esa forma, pero no son todas. Son muchos los emprendimientos que aplican toda la tecnología disponible para mejorar la eficiencia del riego.
Acerca de esto hay un dato: el supuesto derroche de esos productores no les ha permitido transformarse en poderosos empresarios.
De acuerdo a estimaciones del Gobierno de Mendoza, en los últimos diez años se han abandonado 10 mil hectáreas hoy improductivas, debido la baja rentabilidad de las parcelas. Son tierras que tienen el derecho de riego, pero que no lo usan.
Este abandono de tierras es parte de otro argumento defensivo de Mendoza que se ha venido esgrimiendo públicamente. En 1987, la Corte emitió un fallo para arreglar el conflicto: el tribunal dijo que Mendoza puede regar 75.671 hectáreas antes de permitir el paso de escorrentía hacia la vecina provincia. Actualmente, en nuestra provincia se riegan entre 50 mil y 55 mil hectáreas, 20 mil menos de las que autorizó la propia Corte.
Es entonces cuando la frase “cosa juzgada” aparece sutilmente en algunas de las manifestaciones públicas de los mendocinos. Acá se confía en que la decisión de la Corte de hace 30 años sea determinante, justamente porque no se ha podido cumplir nunca, a pesar de que la Provincia desde aquel fallo a la fecha ha invertido más de 150 millones de dólares en obras para mejorar la eficiencia en la distribución del agua.
Se indica que entre 2005 y 2012 Mendoza ha invertido más de 67 millones de dólares en la construcción del canal marginal del Atuel.
Además, entre 2007 y 2016 la provincia ha invertido 50 millones de dólares en la red de canales e hijuelas de la cuenca del disputado río.
En total, en los últimos 12 años se han invertido 117 millones de dólares.
Curiosamente la demanda se presentó en 2014, justo cuando Mendoza venía desarrollando la mayor parte de su plan de obras para mejorar la eficiencia de la red de riego.
Tal vez sea poco lo invertido, aunque es mucho si se tiene en cuenta los problemas fiscales que soportó nuestra provincia particularmente en los últimos años, y es mucho si se compara con lo invertido por La Pampa del otro lado de la frontera.
¿Cómo será la audiencia?
El miércoles se verán las caras las dos partes de una pelea que parece interminable. A partir de las 10, empezarán a pasar los representantes de cada una de las partes. La Corte ha determinado que cada delegación no puede exceder las 15 personas.
Allí estarán los gobernadores de ambas provincias, Alfredo Cornejo (UCR) y Carlos Verna (PJ); los fiscales de Estado Fernando Simón y José Vanini; los constitucionalistas Alberto Bianchi por nuestra provincia y Andrés Gil Domínguez por La Pampa. Entre todos ellos se consumirán los 40 minutos de cada provincia.
También estarán los “amicus curiae”. En la previa se habían anotado 33 amigos, 18 de Mendoza y 14 de la vecina provincia; el número 33 es la sorpresa, el Centro de Estudios en Derecho y Economía de la Facultad de Derecho de la UBA, que se considera un neutral que supuestamente ofrecería una perspectiva equidistante de ambas posiciones. Según cuentan, quiere ofrecer una perspectiva para la solución consensuada del problema.
Pero de todos esos anotados, la Corte sólo admitió siete; tres por cada provincia y el centro de estudios de la UBA. Los amigos de La Pampa son el hidrogeólogo Carlos Juan Schulz, la representación de las comunidades indígenas y la Universidad Nacional de La Pampa.
Los de Mendoza son el superintendente de Irrigación Sergio Marinelli, la Universidad de Mendoza y la Federación Agraria Argentina filial Alvear.
Se espera que la Corte sea rigurosa en las preguntas y en la evaluación de la prueba. Todo está organizado para que la audiencia se desarrolle y concluya en el mismo miércoles.
La historia de una pelea
El conflicto entre Mendoza y La Pampa se inició hace 70 años, en 1947, cuando se inauguró el embalse El Nihuil para regular el caudal del río Atuel y generar energía. Desde entonces la vecina provincia reclama porque la obra supuestamente modificó el curso de agua para perjudicar al oeste pampeano.
Cuarenta años después, la Corte Suprema de la Nación emitió el fallo en el que se establece el carácter interprovincial del río y reguló el uso del agua. Allí se estableció que Mendoza tenía el derecho de regar 75.671 hectáreas.
En 2008 sucedió algo que alteraría el curso de la historia para desembocar en la causa judicial que pondrá a ambas provincias ante la Corte en audiencia de conciliación.
El jueves 7 de agosto de ese año, la presidenta Cristina Fernández desembarcaba en Mendoza. Oficialmente la visita era para inaugurar el gasoducto Beazley-La Dormida. Junto con la Presidenta llegaron los miembros del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), conformado por todos los gobernadores de las provincias que son rozadas por ese cauce, entre ellas Mendoza y La Pampa.
Ese día el entonces gobernador Celso Jaque firmó un convenio con el entonces mandatario pampeano Oscar Jorge para saldar las diferencias. Sin embargo, Jaque nunca mandó ese convenio a ratificación legislativa; simplemente anduvo vagando entre despachos y en La Pampa empezaron a caldearse los ánimos.
En 2013, Fiscalía de Estado emitió un duro dictamen sobre ese acuerdo firmado por Jaque. "El convenio del 2008 establece un caudal permanente para la Provincia de La Pampa, sin tomar en cuenta si se trata de años hidrológicos pobres o ricos, y sin exigir que previamente se efectúen las obras que dicho convenio establece para el mejor aprovechamiento del recurso hídrico, vulnerando así los derechos adquiridos por los regantes mendocinos", decía el entonces fiscal subrogante Javier Fernández.
El destino del acuerdo Jaque-Jorge estaba sellado. En mayo de 2014, La Pampa demandó a Mendoza por el supuesto daño ambiental que le ocasionaba y por el incumplimiento del fallo de 1987 que la obligaba a negociar y celebrar convenios para regular el uso del curso hídrico.
En la demanda, La Pampa invocó el derecho humano al agua, que se declare el daño ambiental y la Corte ordene la recomposición de ese daño y el pago de una indemnización por los perjuicios. Es un juicio caro si Mendoza lo pierde.
