En la actualidad, salvo discrepancias menores, la reforma de la Constitución Nacional producida en 1994 ha devenido central en el plexo institucional de la República Argentina, vale decir, ya forma parte de su historia, también de su vida cotidiana y todo el resto del derecho se ha adaptado a la misma.
No obstante, 25 años no es mucho tiempo en el devenir de las naciones por lo cual es todavía posible bifurcar los caminos entre la realización trascendente que se produjo en 1994 por acuerdo de todas las fuerzas democráticas versus los avatares de la coyuntura de aquellos años que movieron las más intensas pasiones en nuestra aún incipiente república democrática.
El expresidente Raúl Alfonsín durante toda su gestión tuvo en mente la idea de reformar la carta magna básicamente dentro de una concepción socialdemócrata, pero las grandes turbulencias de su tiempo le impidieron concretar su anhelo. No obstante, la reforma que se gestó en 1994 es ideológicamente más hija de sus ideas que del menemismo en el gobierno, quien no buscó mucho más que la reelección del entonces presidente y ponerle algunos límites al reformismo alfonsinista, de modo que el poder presidencialista no fuera demasiado afectado en los hechos, aunque se declamara en los textos mayor federalismo. Por eso muchas iniciativas quedaron a mitad de camino.
Carlos Menem había decidido reelegirse contra viento y marea, vale decir, aunque tuviera que provocar mil tempestades políticas. Ante la negativa primera del radicalismo intentó iniciar el proceso reformista desde el Senado donde contaba con los números justos, pero sin embargo, su competidor interno de ese tiempo, el senador y exgobernador mendocino José Bordón, impidió con su voto negativo que siguiera avanzando. Fue entonces que se inició una dura ofensiva frente al radicalismo hasta que por motivos que la historia irá aclarando con el tiempo, Alfonsín cedió y la reforma constitucional pudo concretarse.
Casi la totalidad del texto reformado fue producto del pacto cerrado entre Menem y Alfonsín, lo que tuvo costos para ambos ya que en la convocatoria constituyente el radicalismo sufrió una colosal derrota y el peronismo retrocedió en sus votos. El progresista Frente Grande, compuesto en su mayoría por peronistas críticos del menemismo, apareció como una potente tercera fuerza por su negativa al pacto entre los dos presidentes. E incluso hasta tuvo una buena performance el partido del golpista Aldo Rico como expresión de disconformidad antisistema.
En Mendoza el peronismo obtuvo cinco representantes, el Partido Demócrata obtuvo cuatro porque hizo una excelente elección al oponerse a lo que con gran éxito comunicacional designó como "paquete cerrado" al pacto Menem-Alfonsín. El radicalismo apenas obtuvo dos bancas (una de ellas fue para el exgobernador Llaver) y el Modin de Rico, una.
Dentro del peronismo mendocino ya estaba sembrada la semilla de la división, de la cual el pacto de Olivos fue la primera expresión, ya que aunque todos los constituyentes de ese partido marcharon juntos, unos expresaban los deseos de Bordón de confrontar electoralmente con Menem y el resto estaba en la duda o directamente apoyaba al riojano. No casualmente, apenas finalizada la Convención el justicialismo mendocino se partió en dos.
La reforma acordó no tocar la primera parte de la Constitución, la dogmática, la relacionada con las declaraciones, derechos y garantías. Lo que se quiso preservar es el espíritu liberal impuesto por Alberdi y sólo actualizar los instrumentos de acción. Salvo en el tema de la elección directa de presidente y senadores cuyo debate es interminable (ya que tiene que ver acerca de si la prioridad la tiene el ciudadano individual o las provincias, lo que de algún modo tensa una contradicción entre democracia y federalismo) la mayoría de los temas reformados implican una clara ampliación de derechos que no contradice en prácticamente nada la carta fundacional de 1853. El alfonsinismo propuso y logró las claúsulas de democracia semidirecta y de un régimen semiparlamentario. Dos ideas toleradas pero no demasiado bien vistas por el menemismo debido a su propensión a un mayor centralismo presidencial. Se agregaron además derechos de nueva generación y varios organismos de control, que le ponían límites al poder. Fue trascendental también la incorporación de los tratados de derechos humanos con jerarquía superior a las leyes, con lo cual la reforma puede ser considerada una de las primeras en el mundo que constitucionaliza tratados internacionales que le dan a la misma una filosofía universalista que no se contradice con la idea de nación pero que la trasciende en el tema fundamental del respeto a los derechos humanos.
Más allá de las discrepancias, la Convención se desarrolló con gran altura conceptual y con sensata razonabilidad política. Sólo ocurrió un único gran disenso, que fue el relacionado con la cuestión federal.
En aquel entonces, la dupla Menem-Cavallo desconfiaba profundamente de la posibilidad de las provincias de manejar sus propios recursos, por eso, a pesar de que debían ceder algo, querían mantener lo más posible el régimen centralista en la coparticipación de impuestos.
Fue entonces que una rebeldía de los convencionales no menemistas casi produce un cambio sustancial, ya que se produjo un despacho unificado donde se proponía un sistema por el cual las provincias serían el sujeto principal de las atribuciones impositivas. Un cambio fundamental. La convención estaba dividida por mitades al contar la mayoría menemista versus el resto de los partidos a los cuales se sumaron dos expresiones del mismo peronismo: el bordonismo mendocino y el kirchnerismo santacruceño (eran constituyentes tanto Néstor como Cristina Kirchner).
En algún momento los rebeldes fueron mayoría, pero una estratagema del menemismo llamó a una sesión a la madrugada para desmontar la mayoría opositora y por eso la reforma se quedó sin una cláusula federal de fuste.
En aquel debate por la mayor participación de las provincias en la distribución de los recursos nacionales fue clave el aporte técnico de un constituyente mendocino, el doctor Edgardo Díaz Araujo, que sumó y sumó voluntades con paciencia y tolerancia infinitas en pos de una idea mucho más federal de la nación. Quedando quizá ese intento como la gran deuda pendiente de la Constitución.
