Desde mediados de junio Mendoza está en el centro de la escena nacional por la posible llegada de las plataformas electrónicas al sistema de transporte. El proyecto de ley de Movilidad que le abre paso de manera legal a sistemas como Uber o Cabify ya tiene media sanción y podría convertirse en ley el martes.
En este escenario, llegó ayer a la provincia Omar Viviani, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de la Argentina (Sipetax), para plantear su rechazo a la iniciativa ante senadores radicales en la Legislatura.
Sin embargo, tras la reunión (en la que participaron Juan Carlos Jaliff, Diego Costarelli y Jorge Teves) se fue "un poco decepcionado" debido a que el oficialismo manifestó sus intenciones de aprobar el proyecto tal como llegó de Diputados. Asimismo, apuntó que los senadores "prometieron que esta ley, si se aprueba, no afectará ni perjudicará el trabajo de los taxistas".
Viviani, histórico gremialista que ha tenido numerosas declaraciones controversiales (el año pasado llamó a "dar vuelta los coches" de los taxistas que no se adhirieran a un paro de la CGT), adelantó a Los Andes que realizarán medidas de fuerza y protestas en las calles en caso de que el Senado apruebe el proyecto.
Acompañado de dirigentes locales como Osvaldo Llanos (peones de taxis) y Fernando Sáez (propietarios de coches), el referente de los taxistas sostuvo que hay una "gran preocupación porque esta ley pone en peligro miles de puestos de trabajo, mientras se abre la puerta a una multinacional que no tributa, no tiene CUIT, tiene precarizados a los trabajadores y se lleva la plata a los paraísos fiscales".
No obstante, también expresó su temor a la posibilidad de que, en caso que se apruebe el proyecto, se viralice a otras provincias.
"Somos 300.000 familias las que vivimos del taxi en el país. No vamos a permitir que se instale Uber y avasalle los derechos de los trabajadores", acotó Viviani, en referencia a que Mendoza sería no solamente la primera provincia en establecer un marco legal a las plataformas electrónicas, sino una de las pocas en América Latina.
De esta manera, aseguró que la discusión real “no debería ser qué se puede hacer para que Uber entre al país. Acá lo que hay que hacer es que Uber no entre”, y acusó a los gobiernos provincial y nacional de desfinanciar y no ayudar a los taxistas a ofrecer un mejor servicio.
“Si queremos un mejor servicio hay que ofrecer créditos blandos y aumentar el número de licencias para que haya más vehículos en la calle para hacer frente a la demanda, pero no fundiendo el trabajo de miles de familias”, destacó, y agregó que la empresa con sede en California “se llevó el año pasado de Argentina 25 millones de dólares como ganancia”.
En este sentido, acusó a Uber y las demás plataformas de “ingresar con tarifas más bajas para destruir el mercado de los taxis, pero después manejan unilateralmente las tarifas que ellos quieren. Esto ha pasado en otros países”.
Finalmente, Viviani aseguró que en todo el país “hay un claro rechazo a Uber” y que no dejarán que se “avasallen” los derechos de miles de trabajadores.
Lunes, día clave
Desde el oficialismo, Diego Costarelli, jefe de bloque radical en la Cámara Alta, indicó que en la reunión con los referentes gremiales de taxis se despejaron dudas que ellos tenían respecto al desembarco de las plataformas electrónicas y sostuvo que "la ley protege los derechos de los trabajadores".
Sin embargo, argumentó que el ingreso de las plataformas electrónicas al sistema de transporte “buscará una sana competencia y mejorará el servicio público”.
Costarelli indicó también que el lunes que viene se realizará un plenario de comisión conjunta donde se encuentra el proyecto (Hacienda, Legislación y Asuntos Constitucionales; y Obras) y allí buscarán firmar el despacho para tratarlo el martes sobre tablas. "Si todo viene bien tendrá sanción completa la semana que viene", culminó.
