En una época de estrecheces financieras, todo indica que no será necesario que la provincia de Mendoza gaste pólvora en 'chimangos'. Es que a diferencia de los buitres internacionales que hoy tienen en jaque al Gobierno nacional y el país, sus 'colegas' chimangos de la deuda mendocina parecen ser menos rapaces o al menos más olvidadizos. O, tal vez, disponen de una fortuna tal que les permite no molestarse en reclamos 'menores'.
La deuda por 15 millones de dólares (126 millones de pesos en la actualidad) a favor de los tenedores del Bono Aconcagua que en 2004 no aceptaron la refinanciación y rechazaron el bono Mendoza 18 (que lo reemplazó) está prescripta por falta de reclamos judiciales.
“Las disposiciones de la convención internacional que regula la compraventa de bonos y títulos públicos establece una prescripción a los cuatro años de su vencimiento”, confirmaron a Los Andes voceros del Gobierno provincial.
Esto significa que los derechos de los bonistas del Aconcagua que no recibieron el Mendoza 18 caducaron en 2011 (cuatro años después del vencimiento pactado de 2007) y están lejos de tener vigencia hasta el 2017 como se especulaba. Así lo estipula también el propio prospecto del bono renegociado. Por lo tanto, el Estado mendocino no está obligado a liquidarles ni un centavo.
¿Quiénes son estos inesperados mecenas por omisión de reclamo? Por allí pasaron el JP Morgan y el Citibank, pero por cierto que estos poderosos actores del mundo financiero internacional no son los actuales dadivosos tenedores. Antes de la renegociación del Aconcagua ambos gigantes estadounidenses se desprendieron de sus títulos mendocinos.
¿A quiénes les vendieron en el mercado secundario? A otros tenedores en el mundo -especialmente en Estados Unidos- de difícil identificación. Algunos decidieron aceptar más adelante el Mendoza 18 mientras otros simplemente decidieron pasar a pérdida sus tenencias.
“De vez en cuando llama por teléfono un abogado cordobés en nombre de un pool de tenedores del Aconcagua que ni siquiera se sabe si existe. Pregunta sobre la situación de los que no aceptaron el Mendoza 18, pero nunca ha hecho una presentación formal ni ha intentado algún reclamo judicial”, confirman en la Casa de Gobierno.
De acuerdo con esto, es sólo una formalidad contable que en las planillas oficiales de los movimientos de pago de endeudamientos se prevean cifras correspondientes a los bonos Aconcagua no canjeados por el Mendoza 18. En el denominado 'Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda consolidada, proyección 2015-2018' del Ministerio de Hacienda aparecen previsiones de pago por 10 millones y medio de dólares para el año entrante (entre capital e intereses), por 12 millones y medio en 2016, por 15 millones de dólares en 2017 y por 17 millones en 2018. Y en la previsión oficial se aclara que "la amortización e intereses se ha estimado teniendo en cuenta el saldo remanente después de la refinanciación".
Y en realidad es una reiteración innecesaria la cláusula de los presupuestos aprobados de los últimos años que ratifica la facultad del Ejecutivo para continuar reestructurando la deuda provincial. Es que -a diferencia de lo sucedido en el ámbito nacional- el canje local permanece abierto (en la letra) y nunca fue 'clausurado' por ley.
A pesar de que la deuda con los 'holdout' del fenecido Aconcagua se cayó oficialmente hace tres años, ni el pasado gobierno de Celso Jaque ni el presente de Francisco Pérez han confirmado oficialmente la prescripción de la deuda con los buitres locales. Y por una razón de estrategia pública, tampoco hay que esperarla.
La historia cuenta que en 1997 el gobernador justicialista Arturo Lafalla emitió el Bono Aconcagua por 250 millones de dólares a diez años y pagando una tasa del 10 por ciento anual. Fue para hacer frente a la deuda que dejó el proceso de privatización de los bancos Mendoza y Previsión Social.
El cumplimiento posterior se hizo especialmente pesado para la Provincia, al punto que en 2002 el gobernador radical Roberto Iglesias debió pedirle a YPF un adelanto de regalías para poder cumplir con un pago y evitar el default. El tema se alivió desde 2004, luego de que su sucesor, Julio Cobos, refinanció el Aconcagua con el Bono Mendoza 18 estirando plazos y bajando el interés a pagar.
