Todos los debates pierden espuma y el conflicto entre oficialismo y oposición por el acuerdo entre el Gobierno e YPF por deudas impositivas no es la excepción.
Ayer pasó por la Legislatura el titular de Administración Tributaria Mendoza (ATM), Claudio Gil, y en una hora dejó los números de cuánto se le cobró a la petrolera, cuánto se le condonó y cuánto podría cobrársele a futuro y los radicales quedaron casi a las puertas de dar ratificación legislativa al convenio.
Ayer Gil blanqueó ante las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados que la Provincia le perdonó $ 126.543.138,39 a la petrolera de mayoría accionaria estatal y que terminó cobrando $ 199.578.933,92; de lo que ingresó a las arcas provinciales, 150 millones fueron por el convenio propiamente dicho y algo más de $ 49 millones corresponden a un pago posterior, de octubre del año pasado.
Este acuerdo vino a zanjar la diferencia entre lo que pretendía cobrar la Provincia en concepto de Ingresos Brutos a YPF y lo que la petrolera quería y efectivamente pagaba. Hasta 2011 inclusive, YPF pagaba el 2%, desde que asumió el actual gobernador Francisco Pérez, fue subiendo la alícuota al 4% en 2012, al 6% en 2013 y luego volver a bajarla al 3,5% en 2014.
YPF siguió pagando el 2% y la Provincia empezó los reclamos administrativos.
El conflicto quedó cerrado el 27 de agosto de 2014, con el acuerdo que ahora discute la Legislatura: a pesar de que Mendoza reclamaba 224 millones de capital adeudado, YPF aceptó pagar 150 millones. El 20 de octubre del año pasado, la propia empresa hace un ajuste y deposita $ 49.578.933,92 adicionales.
Entre los reclamos que mantenía la Provincia antes del acuerdo hay que sumar $ 65.244.136.23 por intereses punitorios por la mora y $ 61.299.002,16 en concepto de multas. Estos dos montos son los que sumados dan 126 millones de pesos, que se le perdonaron a YPF.
Alguien podría decir que en realidad el perdón es mayor a $ 126 millones, porque la Provincia reclamaba 224 millones de capital y cobró casi 200 millones. Gil dijo que se trató de acuerdo transaccional y que aún hay un reclamo administrativo por $ 20.097.478,26.
Las explicaciones parecieron ser suficientes. En realidad, la exposición de la semana pasada, en la que estuvieron Gil y el ministro de Energía Marcos Zandomeni, fue floja y faltó el detalle que hoy puso sobre la mesa el sabueso de la recaudación.
Los debates generan espuma apenas se sirve el tema sobre la mesa de negociación y después el tiempo y la charla terminan dejando unas pocas burbujas.
Con los días contados
La verdad es que ya no hay mucho para discutir, salvo la insólita demora entre la firma de ese acuerdo (el 27 de agosto de 2014) y el momento en que fue mandado a la Legislatura (el 18 de agosto de 2015) para que sea ratificado. Algo de eso sugerían a la salida del encuentro el presidente del bloque de diputados UCR, Néstor Parés, y el diputado Martín Kerchner.
No hace falta recordar que este último es el emisario que nombró el gobernador electo Alfredo Cornejo para pilotear la transición con el gobierno saliente y seguramente será un hombre de peso en las cuentas públicas de la próxima gestión.
El recuento de hechos que planteaba Kerchner al terminar el encuentro con el jefe de la ATM era lapidario: el acuerdo fue firmado hace un año y la plata ya fue pagada por YPF y gastada por el Gobierno provincial. Ya no que mucho que discutir.
Es más, para sumar más argumentos a favor de la aprobación, dos semanas después de la firma de aquel convenio por deudas de Ingresos Brutos, Pérez volvió a empuñar un bolígrafo para rubricar, junto a los gobernadores de provincias productoras de petróleo, el “Acuerdo federal para el autoabastecimiento de hidrocarburos”; allí se fijó la alícuota de 3% para toda la actividad (no sólo para YPF) y eliminar lo que se conoce como acarreo (es decir que las provincias participen de las utilidades sin invertir un peso); todo con el objetivo de estimular las inversiones.
Con todos estos antecedentes, parece inútil seguir peleando con YPF en los tribunales, sobre todo por el alto riesgo de perder la demanda. Los radicales lo saben y lo sugieren. La semana que viene habría una ronda de consultas adicionales con autoridades de la petrolera y la otra semana podría llevarse el tema a recinto.
Pero la regla es hacer ruido, porque la política también es dejar mal parado al adversario. Y el flanco débil que presentó el Gobierno fue la demora en remitir a ratificación legislativa este convenio.
