Derecho a la igualdad; a tener una casa, a los alimentos y atención; al amor de los padres y la sociedad; a la educación gratuita y a jugar, son sólo algunos de los postulados de la Convención de los Derechos del Niño firmada hace 25 años. La misma fue ratificada por una ley nacional y por la Constitución en 1994.
En Mendoza, además, motivó la ley provincial de Protección Integral del Niño y el Adolescente (6.354) que fue pionera en el país al sancionarse en 1995.
Desde entonces se han logrado grandes avances en esta materia ya que se dejó de considerar al niño como objeto de intervención para pasar a ser sujeto de derechos, pero también quedan materias pendientes como agilizar el sistema de intervención, mayor presupuesto y actualizar la ley provincial.
“A lo largo de estos años se han ido ampliando garantías pero, por supuesto nunca son las suficientes. Siempre hay cambios para hacer”, expuso Laura Acotto, presidenta de la Federación de Entidades de Niñez y Adolescencia de Mendoza (Fedem), organismo que nació en 1991.
El cambio más importante que se logró luego de la Convención fue en cuanto a la consideración de los chicos: “Antes se hablaba del niño como objeto de intervención, se lo tomaba y se lo sacaba de su contexto cuando se creía conveniente, pero después se pasó a un paradigma que sostiene que el niño es sujeto de derecho que tiene que ser partícipe de las decisiones, que su voz tiene que ser escuchada”, explicó la titular de la federación.
En este sentido, la mujer detalló que hace 25 años la atención de los menores se basaba en el asistencialismo. "La pobreza era una excusa para sacar un chico de su casa, pero ahora se piensa más en términos de garantizar derechos dentro de la familia, que es el centro de vida del menor”, comparó. Otro aspecto que se modificó fue la consideración de niño desde los 0 a los 18 años.
La niñez hoy
Acotto también enumeró algunas políticas públicas que han colaborado con la protección de los derechos en la actualidad. “Por ejemplo, la educación pública obligatoria hasta los 18 años ha logrado que más chicos estén en el colegio”, destacó, a la vez que afirmó que la escolarización primaria actual llega a cubrir un 97% de la población y la secundaria un 76%. Otra política que nombró fue la asignación universal por hijo.
Por su parte, Arturo Piracés, psicólogo y ex director del ex COSE, expuso: “Yo creo que ha habido bastante modificaciones legales pero las condiciones reales no han mejorado sobre todo la de los niños institucionalizados”. Para él, el principal problema es la falta de presupuesto y personal. “Que no se interne a chicos menores de 16 creo que es un avance, pero lo que está en deuda es la creación de alternativas de tratamiento para ellos”, indicó el profesional.
Según su punto de vista, uno de los aspectos que afectan a los chicos es la violencia. “Pero no tenemos estrategias técnicas para trabajar con personas que son víctimas de violencia ni generadoras. Las instituciones no están capacitadas para revertir un fenómeno tan complejo”, recalcó.
El caso Luciana
A pesar de los avances en esta materia, la muerte de Luciana Milagros Rodríguez (3) en enero de este año desnudó las falencias del sistema de protección de derechos del niño en la provincia, ya que el maltrato constante que sufría la pequeña por parte de su madre y su padrastro era conocido por el gobierno desde hacía casi un año. “El sistema está integrado por personas por lo que puede tener fallas, pero hasta donde sé han habido algunos cambios que reforzaron el sistema, ya que fue un caso que provocó un quiebre”, deslizó Acotto.
En relación a esta tragedia, Piracés reconoció que se incrementó el personal en los distintos Órganos Administrativos Locales (OAL), pero que no se profundizó en soluciones. “Con eso se nota que hay políticas muy espasmódicas, pero no se está mirando a futuro”, remarcó.
Al enterarse de la muerte de Luciana, Hugo Fiorens, titular de Voluntarios en Red, creó un programa dentro de la organización, llamado ‘Abrázame ahora’, destinado a identificar acciones de riesgo que afecten a los chicos. “Fue un hecho muy impactante para la sociedad, pero lamentablemente a nivel del cuidado del Estado no se avanzó mucho”, apuntó el hombre.
Lo que sí notó como un aspecto positivo después del fallecimiento de la niña fue mayor compromiso por parte de la sociedad. “Hemos logrado que se movilice mucho más la gente; a nivel social se está participando mucho más y de ese modo se está logrando prevenir”, aseguró el titular de la red a la vez que precisó que el programa tiene 1.500 voluntarios.
Para el dirigente social las situaciones de pobreza y vulnerabilidad que sufren muchos niños mendocinos dificultan garantizar sus derechos. “Nosotros atendemos a mucha gente en situación de calle y cada vez notamos que más chicos vienen a comer, además de la cantidad de niños en situación de mendicidad de los cuales hicimos un informe hace un tiempo”, relató.
La legislación provincial
Si bien nuestra provincia fue pionera con su ley de protección de derechos, con el pasar de los años se volvió necesario introducirle ciertos cambios para adecuarla a la ley nacional 26.061 que se sancionó en 2005. Con ese propósito la semana pasada la Bicameral de Niñez, Adolescencia y Familia presentó en la Legislatura el proyecto para modificarla. “La intención es profundizar sobre el niño como sujeto de derecho, ya que hemos visto falencias en el sistema”, comenzó a explicar Sonia Carmona, presidenta de la bicameral. La diputada contó que al revisar la legislación actual encontraron que no están claramente plasmadas las funciones y roles que deben cumplir tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil.
Entre otros instrumentos, la nueva ley creará la figura del ‘Defensor del Niño, Niña y Adolescente’ con el objetivo de evitar la vulneración de derechos. En lo que respecta al derecho de familia se introducirán modificaciones acordes al nuevo Código Civil ya que en ese capítulo trabajó la jurista y ex jueza Aída Kemelmajer de Carlucci.
Más allá de la necesidad de adecuar la normativa provincial, en Mendoza desde 2008 se aplica la ley nacional mediante la cual se crearon 18 OAL en cada uno de los departamentos. “Esto significó desjudicializar los casos. Antes, un chico que se encontraba en una vulnerabilidad de derecho, iba directamente a la Justicia y ahora recurren a los OAL”, señaló Viviana Guardia, directora del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Desarrollo Social.
En síntesis
La ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1959 y, exactamente 30 años más tarde, aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño.
La Convención reconoce que la función principal en la crianza de los niños recae en sus progenitores. El texto alienta a padres y madres a abordar con sus hijos cuestiones relacionadas con sus derechos “en consonancia con la evolución de sus facultades”.
En Argentina, la Convención se aprobó el 16 de octubre de 1990.
En Mendoza, la ley de Protección Integral del Niño y el Adolescente se sancionó en 1995.
