Poco tiempo atrás se demoró arbitrariamente el pago de los sueldos estatales provinciales por supuestas trabas bancarias que, en realidad, obedecieron a que el Gobierno nacional se encontraba políticamente enfrentado con el mendocino por cuestiones estrictamente partidarias, y quiso enviarle una lección indirecta de su poderío.
Las internas dentro de un mismo partido son problemas de sus miembros, pero cuando ese partido está en el gobierno, cualquier enfrentamiento puede hacer que terceros resulten perjudicados. Eso es estrictamente lo que pasó en Mendoza con el ejemplo que estamos poniendo, cosa que es necesario que no se repita más bajo ninguna circunstancia.
La anécdota viene a cuento porque desde hace ya varias gestiones (y no solamente las peronistas) se viene hablando de las supuestas ventajas que reportaría a la provincia una adhesión irrestricta al gobierno nacional, un aserto del cual nada se ha verificado significativamente hasta el momento.
Ya en los tiempos de la gobernación de Julio Cobos el entonces presidente Néstor Kirchner, interesado en lograr un pacto electoral con el radical, venía muy frecuentemente a la provincia y cada vez traía un listado de obras a prometer por varios miles de millones de pesos, que a poco andar comenzaron a reiterarse en sus anuncios, la mayoría de las cuales hasta la fecha no han sido cumplimentadas.
Ahora, cada tres meses, todos los gobernadores deben viajar a Buenos Aires y rendir pleitesía a la Presidenta de la Nación para que ésta les firme el diferimiento de las deudas Provincia-Nación, absolutamente imposibilitadas de ser pagadas porque una cantidad importante de impuestos y recursos que corresponden a las provincias han sido conculcados por el Gobierno nacional. Nosotros debemos inclinar la cabeza por lo que nos corresponde, pero ellos no prestan ninguna atención a replantear los términos para hacer una coparticipación más equitativa.
Es cierto que, debido a lo mencionado, hoy la dependencia provincial hacia la Nación es tan grande que quita casi toda autonomía a los gobernadores para tener políticas propias y mucho menos para enfrentarse con el centralismo cuando éste perjudique nuestros intereses.
Sin embargo, ello no obsta que -más allá de las correspondencias partidarias- los distintos gobiernos de provincia comiencen seriamente a pensar en organizarse para reclamar juntos por sus derechos ante un gobierno nacional que, de seguir con estas tendencias, pronto reducirá el poder de las provincias a meros virreinatos absolutamente dependientes de su voluntad.
Por lo tanto, en estos momentos electorales en los que una dinastía política deberá ceder el poder a otros miembros de la élite política, es necesario que la comunidad entera exija, a quienes se plantean como sus representantes, actitudes más enérgicas y más firmes en la defensa de las autonomías provinciales si queremos reeencontrar el equilibrio entre las distintas jurisdicciones de nuestro país.
De algún modo estamos hablando de un nuevo pacto federal que vaya eliminando de a poco todas las trabas centralistas que han convertido nuestra definición de país federal en una mera formalidad con casi ningún contenido. Ese pacto difícilmente saldrá de los presidentes, sean estos del signo que sean, porque una vez llegado a ese cargo la tentación de manejarlo todo sin equilibrio de poderes, ni institucionales ni territoriales, es demasiado grande.
Podríamos decir que si de verdad queremos reconstruir una república democrática plena, el papel de las provincias es cada día más determinante y a esa tarea debemos abocarnos, en particular Mendoza que hace mucho tiempo que viene cediendo soberanía local a cambio de promesas, la mayoría de las veces incumplidas. Un mal negocio se lo mire por donde se lo mire.
