Miles de personas en el país esperan ahora que la ley de Fertilización Asistida, sancionada ayer por el Congreso Nacional, sea rápidamente promulgada y reglamentada por el Ejecutivo para poder empezar sus tratamientos financiados por el Estado o las prepagas. Una vez que eso pase, la norma será de aplicación inmediata y obligatoria en Mendoza, es decir que no necesitará pasar por la Legislatura para su adhesión, según explicaron desde el Misterio de Salud provincial.
Sin embargo, el ámbito público aún tiene un largo camino por recorrer para cumplir con los requisitos de la normativa. Es que si bien funcionarios de la cartera de Salud admiten que existe una gran cantidad de profesionales capacitados, falta que sean muchos más los especialistas para asistir a las personas que no pueden tener hijos, sumar más insumos y hasta aparatología idónea de alto costo, que requerirá de una asignación presupuestaria especial.
A nivel local, hace tiempo que se trabaja para prevenir, diagnosticar, tratar y corregir problemas de infertilidad, tanto en el ámbito público (en el hospital Central y Lagomaggiore) como en el privado. "Lo que hay que pulir es todos lo que hace a la fertilización asistida de alta complejidad", señaló la subsecretaria de Gestión de Salud, Fanny Sarobe.
La puesta en marcha de la ley en Argentina, le dará a la provincia un número acabado de las personas que necesitan un procedimiento médico especial para concebir y cuáles son los métodos que requieren de acuerdo a su caso. "Sabemos que son 600 mil parejas en el país que sufren este problema y que un gran porcentaje de ellas son de Mendoza. Pero por ahora, las consultas por esterilidad no son masivas en los efectores públicos", indicó Sarobe.
Esta realidad se debe en gran medida a que las técnicas para encarar la búsqueda de un hijo son caras, de ahí la relevancia que tiene que la fertilización asistida tenga cobertura por ley.
"Un tratamiento de baja complejidad ronda entre los 4 mil y 7 mil pesos y uno de alta complejidad oscila entre los 25 mil y los 35 mil pesos. Si bien estos costos son muy elevados para la mayoría de los pacientes, no lo son para el sistema público de salud, obras sociales y prepagas", explicó Teresa Bravo de la ONG "Súmate a dar Vida", en diálogo con una radio local.
De hecho, uno de los cambios a la norma que propuso el Senado en su momento y que luego resultó aceptado por Diputados fue que el Ejecutivo estará obligado a destinar una partida presupuestaria para cubrir los tratamientos.
El rechazo por parte de las prepagas cobró fuerza apenas conocida la noticia, pero para las organizaciones que vienen luchando por la ley, sus argumentos no tienen sustento en la realidad.
"Del universo de pacientes que sufre infertilidad, el 80% soluciona su problema con un buen diagnóstico, una medicación, una intervención quirúrgica o un tratamiento de baja complejidad. Esto quiere decir que sólo el 20 % requiere de procedimientos de alta complejidad, entonces la excusa de que no tendrán plata para cubrir con las técnicas no tienen fuerza. Las obras sociales y prepagas nacieron para brindar cobertura de salud y esto es salud", dijo Bravo.
La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) ya tiene experiencia en cobertura de fertilización asistida y desde el año pasado, además, incluye en su cartilla prestacional el acceso a la práctica de la fertilización in vitro para sus afiliados.
"Tenemos los recursos disponibles y se han asignado las partidas correspondientes para dar respuesta a la demanda que va surgiendo en la población. Aproximadamente dos parejas por mes ingresan al programa. Si el número aumenta el año que viene, tendremos que ver cómo se seguirá dando respuesta. Desgraciadamente los recursos siempre son finitos y la demanda siempre es infinita. Pero tenemos que jugar en este juego", dijo Sergio Mortaloni, gerente asistencial de la OSEP.
Mendoza adherirá automáticamente a la ley de Fertilización Asistida
Miles de personas esperan que la normativa sea rápidamente promulgada y reglamentada por el Ejecutivo nacional. En la provincia queda un largo camino por recorrer para cumplir con los requisitos de la normativa y dar respuesta a la demanda.
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