Había que hacer algo al respecto en el Área Metropolitana en Mendoza; el sistema anterior de transporte público urbano no podía seguir tal cual. Pero poco contribuyó el MendoTran en aprovechar las oportunidades que nos desafiaba la nueva licitación. Los ciudadanos de a pie, que sostienen el sistema de transporte con el pago de su boleto, no observan que las nuevas medidas en los micros estén a la altura de lo que merecen como usuarios. Nuevamente son víctimas del ajuste.
El negocio millonario del transporte público en Mendoza está manejado hace al menos tres décadas por las mismas empresas. El nuevo sistema debería haber evitado el control oligopólico y monopólico, pero ninguna dejó de operar y solo se sumó Mitre SRL.
Que muchas empresas operen en territorios diferentes y lejanos a lo que indica la denominación de su grupo -son decenas de casos- demuestra, la improvisación del armado de los grupos/recorridos, aunque puede ser otra prueba más de que la nueva licitación fue pensada según ciertos intereses y no desde los derechos del usuario.
Incontables quejas y reclamos de usuarios (y choferes), incluyeron masivas movilizaciones. Indudablemente la nueva traza de los trayectos de los ómnibus perjudicó a la gran mayoría de los que usan este medio. ¿Era necesario sacar los recorridos claves que existían anteriormente?, ¿estaba preparada Mendoza para pasar de un sistema radial a uno semitroncal? Claramente no, y menos de esta manera.
Piensen en una persona que tiene que trabajar jornada completa (algunas hasta 12 horas diarias) o tienen horario de comercio: las horas de anticipación, tomarse dos micros, esperar por largo rato, viajar incómoda y hacer un trasbordo que ni siquiera es en la misma parada. ¿No es acaso justo quejarse por tener que hacer ocho viajes en un día solo para poder trabajar?
El contexto económico-social poco favorable, exigía un nivel de responsabilidad y sensibilidad mayor de funcionarios y empresarios. Hacer perder tiempo de descanso por estar más en las paradas y micros, generará más trastornos, porque se afecta la calidad de vida.
A la incomodidad del trasbordo y cambios de recorridos, se sumó el aumento del boleto en un 63%, inalcanzable para muchos. Pensando en las paritarias, el aumento debería haber sido de un 15% y de manera escalonada.
Si pensamos en sustentabilidad, es apostando a un sistema cómodo que sea elegido en primer término antes que el auto. Un país desarrollado no es aquel que más autos vende, sino donde los propietarios de autos usan el transporte público. Lograron lo contrario. Sacaron micros del centro, que es donde se produce el mayor caos vehicular. ¿No sería lógico que para reducir la presencia de autos en el centro, contáramos con micros directos desde cada barrio? El problema es el exceso de vehículos particulares, el problema es que seguimos pensando en ciudades para los autos y no para la gente.
Al sistema radial centro-periferia, se le podrían haber sumado los recorridos interdepartamentales e intradepartamentales, y corrigiendo/extendiendo algunos de los existentes se evitaba el caos y la incertidumbre que aún continúa.
La empresa provincial STM otrora la EPTM, “El Trole”- perdió presencia en zonas de Villa Nueva, Dorrego, Ciudad y Godoy Cruz, a manos de las empresas prestatarias. Inclusive, gran cantidad de los micros que actualmente utiliza son alquilados a las mismas empresas privadas que operan en el sistema.
Nos enteramos los mendocinos, que El Cacique compró 130 unidades -con dinero que le aportamos principalmente los usuarios del transporte público-, pero para ser utilizados en Rosario. Otro destrato más, que se suma a la quita de subsidios del Gobierno Nacional para el transporte del interior del país.
Las empresas debían colocar la señalética nueva, debían informar en tiempo y forma a los usuarios, en papel y online, debían tener las unidades listas para circular, pero nada de eso ocurrió. Muchos de los sitios web de las empresas aún no están actualizados y algunas ni siquiera tienen. La aplicación oficial y Google maps contienen innumerable cantidad de errores y omisiones; tampoco estaba lista la cartelería.
Generaron un caos. Las empresas incumplieron desde el comienzo de la adjudicación, y el gobierno improvisó una semana de viajes “gratis”, que en realidad serán pagados por la provincia, por todos los mendocinos. Las multas aplicadas tardíamente por el precario EMOP son insignificantes, por lo que el gobierno debería dar marcha atrás con el pago de esa primera semana (que la absorban los empresarios), y aumentar controles y exigencias.
La licitación se produjo a mediados del año pasado. Las empresas tuvieron tiempo para preparar los micros, para capacitar a choferes e inspectores, para actualizar sus páginas web, para comenzar a informar a la población. ¿Habrá una especie de ítem aula para los empresarios? ¿Los mandará Cornejo al psiquiátrico?
Volviendo a la señalética, Natalio Mema dijo a un canal de TV local que ‘no se podía colocar la señalética porque estaba vigente la licitación del sistema anterior’. Los micros han estado circulando fuera de licitación por casi cuatro años, pero “no podían” cambiar los carteles de las paradas. Si hubiesen pensado en el usuario, deberían haber hecho esto con, al menos, un mes de anticipación, porque sacar la cartelería de un sistema que la gente conoce hace diez años no hubiera generado caos y sí permitido irse familiarizando con el nuevo sistema.
Es cierto que no veníamos de algo perfecto, pero créannos señores funcionarios y empresarios: a este maltrato no teníamos por qué soportarlo. Las políticas públicas deben formularse siempre desde la más amplia participación de los afectados, máxime si se trata de algo con tanto impacto. Por lo visto (y vivido), el Poder Legislativo debería solicitar un pedido de informe a funcionarios y empresarios por el malestar y perjuicio ocasionado a miles.
Si queremos crecer como sociedad, deberemos pensar las políticas públicas de manera integral y en función de las mayorías. El negocio no puede estar por encima del servicio y la sustentabilidad. Muchas ciudades han mejorado sus sistemas de transporte haciéndolos gratuitos y de total prestación estatal. Para avanzar en ese sentido, nos debemos un debate más profundo.
