Organizaciones vinculadas a personas con discapacidad se opusieron férreamente a las medidas del Gobierno nacional de dar de baja pensiones no contributivas. Además de quejas formales, ya confeccionan pedidos de informes y trabajan en acciones judiciales.
Es el capítulo local de un hecho que en el país ya contabiliza unas 70 mil pensiones que “se cayeron” este año.
El Gobierno de Mauricio Macri ha dado infructuosas explicaciones. Ha dicho que son “suspensiones” y no bajas. Que la situación es parte de la “pesada herencia”. Y que hay “verdades a medias” en los ataques que recibe por esto. Pero lo cierto es que la propia ministra de
Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, ha reconocido “errores” (ver aparte). Y muchos beneficiarios hoy no reciben una suma que, en varios casos, constituye su único ingreso.
Según datos oficiales, a Mendoza llegan 35.488 pensiones no contributivas (3,4% del total del país), entre las que reciben madres con 7 hijos o más; mayores de 70 años sin ingresos y los discapacitados (80% de los beneficiarios).
Pero no hay datos certeros de cuántas son las bajas. Se comenta que son “unas dos mil”.
Una nota de diario Clarín del domingo pasado alertó de la situación y desató las reacciones de políticos opositores y beneficiarios. De inmediato el Gobierno debió salir a aclarar. El principal vocero ha sido Guillermo Badino, titular de la Comisión Nacional de Pensiones, que depende del ministerio de Stanley.
Entre las argumentaciones, Badino ha dicho que el Gobierno está “ordenando el caos” recibido de la administración anterior. También, que en la era kirchnerista “creció 10 veces” el número de pensiones (180 mil a 1,8 millones). Y que lo que se hace es “cumplir con la reglamentación”, emanada de un decreto de los años ‘90, que muchos consideran inconstitucional.
En tal sentido indicó que los requisitos “son los mismos”. Esto es, entre otros, tener una discapacidad que represente 76% o más de incapacidad laboral; no percibir (la persona o su cónyuge) jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva; no ser empleado en relación de dependencia ni tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia o la de su grupo familiar. Tampoco tener parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos.
En la Comisión de Pensiones además, no hablan de bajas, sino de que “se suspende por 6 meses” la pensión, mientras se revisa la situación del beneficiario. De hecho se informa que los “damnificados” deben ir al Centro de Asistencia Local (en Mendoza, Rivadavia 3.099, Ciudad) con la documentación necesaria “para rehabilitar” el beneficio.
Representantes de los perjudicados se quejan precisamente de esto. “Es una gran injusticia que se genere todo sin previo aviso”, dijo el defensor de las personas con discapacidad, Juan Carlos González, que anticipó que irá “a la Justicia Federal” por el tema. Además informó que exhortará a la Comisión a “cesar de inmediato” su accionar.
“Lo grave es que pierden la cobertura de Salud”, señaló a su turno el ex director de Discapacidad, Germán Ejarque (gestión Francisco Pérez), más allá de que en el Gobierno aseguran que eso no es así.
Al igual que González, Ejarque también lamentó “la falta de comunicación” del Ejecutivo nacional.
Además, desde el grupo de Madres con Hijos con Discapacidad se han organizado para recibir todos los reclamos e “ir a la Justicia”, mostrando así la fuerte reacción local contra esta actitud del Gobierno nacional.
La ministra Stanley dijo que se revisarán "los errores"
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se comprometió a “revisar los errores” en la quita de pensiones no contributivas a personas con discapacidad que dispuso el Gobierno nacional en base a un decreto de 1997.
Así lo confirmaron fuentes de la cartera que conduce Stanley, quien se comunicó con la diputada nacional y vicepresidenta de la comisión de Discapacitados, Gabriela Troiano, para comunicarle que “se iban a revisar los errores”.
En tanto, dicha comisión expresó su voluntad de dar “urgente tratamiento” a proyectos que rechazan la quita de pensiones, en una reunión sin quórum a la que no asistieron miembros de Cambiemos.
El Poder Ejecutivo dio de baja pensiones a personas con discapacidad, a través del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, que apeló a un decreto de 1997 que reglamenta el artículo 9 de la ley 13.478 a la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad.
Dicho artículo establece que la designación de apoderados a los efectos del cobro de los haberes se hará mediante poder o carta poder extendida por ante la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación y organismo que esta autorice.
El presidente de la comisión, el neuquino José Ciampini (FpV-PJ), indicó que “de 1,6 millón de beneficiarios que había hasta fin de 2015, en poco más de un año se bajó en 170 mil beneficiarios, el 10 por ciento” y advirtió que “a este ritmo” el porcentaje “va a superar la superinflación que tiene este país”.
El petitorio del FpV-PJ exhorta a que “se modifiquen los requisitos para el acceso a las pensiones no contributivas”.
Por su parte, Troiano confirmó el contacto con la ministra y dijo que “se comprometió a dar marcha atrás con la quita de pensiones a personas con discapacidad y rever el tema de la aplicación del decreto”.
“No corresponde que le apliquen este decreto a personas con discapacidad porque están amparadas bajo un marco superior que es la convención que tiene rango constitucional”, dijo la diputada socialista en referencia a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Asimismo, en la comisión también se manifestó que “hace un año y pico que se están dando de baja pensiones con montos exiguos” que se reclamaba actualizar y apuntó que “la Vicepresidente (Gabriela Michetti) reconoce que hay 5 millones de personas con discapacidad y sólo 1 millón reciben pensiones no contributivas”.
DyN
