Estadísticas recientes mostraron un crecimiento de las exportaciones mendocinas medidas en cantidades, mientras que los ingresos, medidos en dólares, tuvieron una leve caída.
Esta especie de contradicción es fruto de distintas variables, pero es solo la parte visible del problema.
Las circunstancias que muestran el desempeño exportador vuelven a explicar que Mendoza tiene una economía de sesgo claramente exportador y, por lo tanto, es muy susceptible a las variaciones del tipo de cambio.
Los volúmenes de nuestra producción exceden largamente la capacidad de la demanda interna.
En el caso puntual del año 2019 hubo un efecto positivo por la corrección que tuvo el tipo de cambio pero dado que subió el dólar en el mundo, los precios se corrigieron a la baja.
Además, el conflicto entre China y EE.UU. generó una ralentización de la economía global y se generaron excedentes de diversos productos en muchos países, que también presionaron a la baja.
Esa es la explicación que tiene que ver con el mercado mundial. No obstante, la Argentina tiene sus propios efectos de la política interna que tienden a poner trabas a las exportaciones, más allá del discurso oficial donde reconocen la necesidad de su crecimiento como forma de comenzar a reactivar la economía.
El problema grave tiene que ver con los sistemas regulatorios, que generan costos innecesarios, y los impuestos nacionales, provinciales y municipales que se agregan a los costos en proporciones notables.
Argentina tiene un serio problema de competitividad por los costos internos, los que están generados, básicamente por el Estado.
Lamentablemente, nuestro sistema impositivo está basado en gravar el valor agregado, con lo cual todo tiende a multiplicarse.
Por ejemplo, los salarios son parte del costo y es un importante valor agregado. Sobre esos salarios no solo hay que pagar contribuciones patronales, sino que el costo sufre, posteriormente, la aplicación de IVA, ingresos brutos y tasas municipales. El costo final de ese salario es terrible y, lo peor, es que no lo cobra el trabajador sino que se lo lleva el Estado.
Así como pasa con el tema laboral, pasa con muchos otros impuestos que se agregan a los costos y sobre los cuales se aplican otros impuestos finales, como IVA, ingresos brutos o impuesto al cheque.
En estas condiciones, la competitividad de las empresas está en serio riesgo porque las mismas tienen un freno en el precio del mercado, y como los ingresos no contemplan la rentabilidad, suelen causar la quiebra de las empresas.
En la Argentina actual hay que agregar el problema causado por el cepo cambiario, que genera un efecto psicológico en todos los formadores de precios.
Las empresas ya computan en su costo el valor del dólar marginal, que es muy superior al oficial. Con esa paridad hacen los costos con los que le venden a los exportadores pero luego estos cobran su liquidación sobre el oficial, lo cual marca un desacople peligroso.
Está claro que Argentina solo podría esperar una reactivación genuina de la mano de sus exportaciones, sobre todo las que tienen mucho valor agregado, porque genera un trabajo genuino e ingreso de divisas.
La actividad exportadora es la que primero puede generar trabajo y esos nuevos trabajadores generarán la demanda que se requiere para mejorar el mercado interno.
La situación del mercado mundial, debido a circunstancias extraordinarias, sobre todo por la incertidumbre que genera el coronavirus, trae problemas en la comercialización de alimentos debido a cuestiones de operatividad en buques y puertos así como comunidades puestas en cuarentena a las cuales no es posible acceder.
Pero estas circunstancias, como tantas otras, seguramente se superarán y las empresas deben estar atentas para sostener sus ventas.
El Estado debe pensar bien qué quiere, y alinear sus políticas con sus objetivos, algo que hoy no ocurre.
