La intensidad de la agenda post electoral nacional y local puso a prueba la resistencia aeróbica de Alfredo Cornejo. El gobernador, de conocidas dotes como fondista, es decir un corredor de largas maratones en las que hace sobresalir su capacidad negociadora pero también su persistencia, ha debido mutar en un velocista, un atleta que debe resolver en segundos la mejor estrategia para seguir en carrera, o de lo contrario, resignarse a perder muchos cuerpos para lo que vendrá.
Cornejo construyó durante años su presente. Se preparó tanto en el barro como en los gabinetes de la Academia; supo acumular poder, pero también ceder si eso lo fortalecía. Mutó de hábil armador a reconocido gestor tras su paso en Godoy Cruz. Asumió su mayor desafío político como gobernador con la imperiosa necesidad de sanear y administrar una provincia casi quebrada.
A casi dos años, ganó las elecciones legislativas por 20 puntos de diferencia y si bien plebiscitó su gestión, no pudo imponer la propuesta de reforma de la Constitución que habilitara su reelección.
Aun así, sabe que su recorrido político no se agota el 10 de diciembre de 2019 cuando deje el sillón de San Martín. En esa senda, de trote constante, firme y ritmo intenso, Cornejo se siente seguro de que su intuición le alcanza para no perder el rumbo y lo que más desea: llegar exitoso (léase empoderado) a la meta.
Sin embargo, tanto Mauricio Macri como él optaron por no perder el tiempo tras la ratificación electoral. Sin urgencias pero con apuro, ni siquiera esperaron el recambio legislativo, que en el caso nacional deja al oficialismo mejor parado que en el actual escenario, y emprendieron un sprint en el que claramente gana el que corre más rápido, ante un peronismo atomizado y desorientado que aún se debate entre correr o no, y si lo hace, en qué dirección.
La renuncia (y los argumentos) de Javier Cófano a la presidencia del bloque de diputados justicialistas explica por sí sola la situación.
Esta semana, Macri no sólo firmó un histórico Pacto Fiscal con las provincias para disminuir el déficit público, sino que desactivó la bomba que significaba el Fondo del Conurbano (con lo cual habilita a su preferida, la gobernadora María Eugenia Vidal, la friolera de 40 mil millones de pesos en 2018 y 65 mil más en 2019 -lo que de alguna manera también significa asfaltar, iluminar y embellecer su camino a una futura aspiración presidencial-).
Pero asimismo, logró, de la mano de los gobernadores (entre ellos Cornejo), significativos acuerdos para aprobar en el Congreso una reforma previsional que implicará 100 mil millones anuales menos para el Tesoro y en paralelo, el aval de la CGT para una reforma laboral muy esperada por los empresarios (y muy temida por los trabajadores).
En definitiva, un combo muy polémico y profundo, parte del núcleo duro de reformas que planteó Macri en el CCK y que en el imaginario colectivo del “círculo rojo” sólo parecían posibles de ser realizadas por un gobierno peronista. Todo parece indicar que ese mito también podría quedar por el piso, incluso antes de fin de año o a más tardar antes del inicio de sesiones ordinarias del Congreso en 2018.
En Mendoza, Cornejo debió sortear y apostar luego del festejo electoral casi todo su capital interno y externo a solucionar la encerrona que la Nación le sembró con la incorporación de impuestos internos al vino y a los espumantes. Su éxito inicial pareció diluirse en parte en estos días cuando el proyecto que tiene estado parlamentario ratificó la alícuota para el champán.
La batalla no está terminada, y mucho menos ganada, aunque podría desplazarse desde los despachos de la Casa Rosada a las oficinas del Congreso cuando se empiece a discutir el proyecto en las comisiones de Diputados y Senadores. O en última instancia, que sea Cornejo quien deba pedir -otra vez- la exención vía decreto presidencial como ha sucedido en los últimos años.
Como mandatario oficialista, Cornejo no tenía más opción que acompañar la propuesta de firmar un acuerdo federal, que además va en clara sintonía con su concepción fiscal.
Sin embargo, supo moverse con disimulada autonomía y en el lote del variopinto arco de los gobernadores, jugar su propio partido. Así, como todos sus pares, logró una compensación por los juicios que su misma administración había iniciado contra la Nación por la retención de fondos de la Anses y diferencias en la coparticipación estimadas en 8 mil millones de pesos.
A cambio recibirá 250 millones en 2018 y 10 cuotas de 500 millones por año, ajustadas por inflación, lo que totaliza más 5 mil millones de pesos. No es un acuerdo óptimo (ningún arreglo extrajudicial lo es) pero es bueno en el contexto del delicado equilibrio financiero que tienen las deficitarias cuentas públicas de la Provincia.
A veces, resolver en velocidad puede quitar precisión, pero si se acierta en el momento de la aceleración y especialmente, del frenado, el beneficio no sólo es inmediato sino que permite holgura para el resto del camino.
Sin embargo, lejos de relajarse, Cornejo también fuerza la máquina en el plano local. La semana entrante podría tener aprobación en el Senado la propuesta de ampliación de la Corte, que tiene su explícita inspiración y respaldo.
Pese a disidencias internas que hicieron más ruido que daño, el proyecto para llevar de 7 a 9 los miembros del máximo tribunal sólo necesitaría de igual paso en Diputados para habilitar luego el proceso de dos nominaciones y quebrar así las resistencias y -según entiende el oficialismo- las “picardías” que desde ese poder han alterado el humor del mandatario desde su asunción.
¿Pretende Cornejo la suma del poder público, como acusa parte de la oposición? Probablemente no, aunque a nadie escapa que la nueva composición podría ser más amable a sus deseos.
De hecho, el Ejecutivo no ha logrado que la totalidad de los bloques oficialistas hayan sido plenamente disciplinados en este y otros temas cruciales para su gestión como el ítem Aula, cuyo pronunciamiento por parte de la Corte podría incluso ser en contra de los planes del Gobierno.
Sí, es clara la intención de incomodar a un poder poco acostumbrado a la coexistencia republicana. Los supremos se entienden como contrapeso del Ejecutivo, y está bien que así sea, pero les cuesta admitir que los otros poderes también son contrapeso del Judicial.
Una supuesta resistencia a los cambios, un escaso compromiso más allá de lo declamativo en la pelea contra la inseguridad (otra obsesión de Cornejo) y la maquiavélica apertura a más voces y perfiles que “desarmen” lo que el Ejecutivo entiende es una permanente conspiración en contra suyo, animan también la reforma en la composición de la Corte. Incluso aunque la elección de Jorge Nanclares como presidente del cuerpo la semana que pasó haya sido una clara señal de tregua.
Más allá de costos y conveniencias políticas, el gobernador entendió que el momento para cambiar de marcha y ganar esta carrera es ahora. Y no ha perdido ni tiempo ni esfuerzo por dejar atrás tanto a díscolos como a resistentes.
En Twitter: @LuisAbrego
