Y quedó abierto el debate. Después de varias semanas (este megajuicio comenzó el pasado 17 de febrero), el Tribunal escuchó las acusaciones del ministerio público contra los 32 imputados, y la audiencia de la víspera tuvo en su inició la demora en las comunicaciones vía teleconferencia con los distintos centros como Ezeiza, Rosario y la propia Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
En esta tarea se debió multiplicar la doctora Natalia Suárez, secretaria del Tribunal, tras lo cual y después de comprobar que todos los imputados estaban en la sala (o desde la distancia) pero en contacto directo ingresaron lo cuatro jueces: Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías, Alberto Fourcade y Héctor Fabián Cortez, como juez suplente, y comenzó la audiencia.
Eran poco más de las 10 de la mañana y en ese momento tomó la palabra el fiscal Dante Vega anticipando, en un extenso argumento, el cambio de calificación para la casi totalidad de los imputados, entre ellos a los cuatro ex magistrados: Guillermo Max Petra Recabarren, Luis Miret, Evaristo Carrizo (que sigue el debate desde el edificio de los Tribunales Federales) y Otilio Roque Romano, a los que ahora se los acusa de "homicidio agravado por alevosía" y por el "concurso premeditado de dos o más personas, privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes"; "tormentos agravados" por la condición de perseguido políticos de la víctimas y "allanamientos ilegales", sumándole a los cuatro el delito de "asociación ilícita".
Las víctimas
Uno de los expediente tratados y que tiene como imputados a los ex militares Dardo Migno, Ramón Ángel Puebla (ambos cumplían funciones en la Compañía de Comunicaciones 8), Carlos Horacio Tragant y Pablo Antonio Tradi (director y sub director del Liceo General Espejo, respectivamente), sirvió para conocer la situación de detención que sufrieron Horacio Julián Martínez Baca, hijo del gobernador de la provincia; Pedro Tránsito Lucero (hijo del general León Lucero y que era interventor en la Provincia ese 24 de marzo y que por orden del general de Brigada Jorge Alberto Maradona también fue detenido) y Rafael Morán (periodista de diario Los Andes), Marcos Garcetti (secretario del SUTE) y Carlos Fiorentini (secretario de la CGT), entre otros y para los que la fiscalía pidió que por el mismo hecho una calificación jurídica diferente y, por supuesto, un incremento en la gravedad de las penas.
También sobre el tema se explayó Jorge Auat, fiscal general de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por Violaciones a los Derechos Humanos.
Pedido de detención
Al final, el ministerio Público en la voz de Dante Vega y bajo la argumentación de la mayor gravedad de las figuras legales, pidió la detención de los imputados Miret, Carrizo y Petra Recabarren, reclamo que fue rechazado por cada uno de los defensores y que, tras el segundo cuarto intermedio de la jornada, el Tribunal rechazó "por unanimidad".
Igual temperamento tomó con relación al pedido de que se revoque la excarcelación de Pedro Modesto Linares (62), retirado del Cuerpo de Seguridad del penal, mientras que tomó en cuenta las nuevas calificaciones pedidas por el Ministerio Público.
Al final, ya pasadas las 19, se pasó a un cuarto intermedio para hoy, a las 9.30, hora en que a cada uno de los acusados se le preguntará sobre si declarará o se abstendrá, sin que ello signifique una postergación o demora en el debate.
