Sociedad
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hace 1 hora
El Tribunal Oral Federal presidido por Alejandro Piña, que lleva adelante el denominado megajuicio, se expedirá mañana sobre el pedido de prisión domiciliaria realizado por la defensa del ex juez Otilio Romano, quien estuvo internado tres días en el hospital Central por un pico de presión.
La audiencia por delitos de lesa humanidad en Mendoza se llevó a cabo hoy en los Tribunales Federales, y contó con la presencia en el banquillo de los acusados del ex magistrado.
Justamente en relación a Romano y al pedido de su defensa de prisión domiciliaria, el Tribunal Oral Federal N°1, se expedirá mañana luego de las declaraciones del médico forense Florencio Casavilla; el director del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana; y el doctor Fabricio Imparado.
En la jornada de hoy, prestaron declaración las víctimas de delitos de lesa humanidad Carlos Alberto Roca; María Teresa Carrer; Alberto Scafatti; y Raúl Acquaviva.
El primer testimonio fue brindado por Roca a través de una teleconferencia desde Río Grande, Tierra del Fuego, y relató cómo llegó a presentarse por sus propios medios al D2, por recomendación de un familiar (retirado de las fuerzas militares) tras un allanamiento ocurrido en su vivienda la medianoche del 15 de mayo de 1976, pues entonces Roca militaba en el Frente Antiimperialista por el Socialismo.
Al llegar al D2, inmediatamente fue vendado, atado, y seguidamente torturado durante los posteriores tres días.
Estuvo allí alojado unos 15 días, coincidiendo con su primo, Raúl Acquaviva, Eugenio Paris y Nicolás Zárate. En una parte de su relato, recordó: "Había una persona que gritaba toda la noche por el dolor, y una noche no gritó más, lo sacaron aparentemente fallecido", sin poder identificar el caso. Contó que mientras permaneció detenido en el D2 fue sometido a un Consejo de Guerra junto a otros compañeros.
"El Tribunal era una puesta en escena; estaban armados al mejor estilo nazi", recordó Roca y agregó que fue condenado 25 años de prisión. Roca recuperó la libertad los primeros días de diciembre en 1983 desde la cárcel de Rawson y cerró su declaración al decir: "Hago lo que 30.000 compañeros desaparecidos no pudieron hacer hoy".
Luego prestó declaración la abogada María Teresa Carrer, ex decana en la Facultad de Antropología Escolar hasta 1975. Fue detenida a mediados de mayo de 1976, cuando cursaba su sexto mes de embarazo de su segunda hija, y relató que sin conocer los motivos de su detención fue trasladada D2 por dos oficiales.
"Tenía muchos calambres, me sentía muy mal, pedí por favor una silla y me dijeron que era imposible porque podía lastimarme y echarle la culpa a ellos", expresó Carrer, al tiempo que describió en el lugar a "mucha gente muy golpeada".
La ex decana contó que allí "estaba detenido Eduardo Bauzá, quien nos dijo que al día siguiente lo iban a trasladar a La Rioja". El tercer testimonio fue brindado por el médico Alberto José Guillermo Scafatti, detenido el 14 de abril de 1976, en su lugar de trabajo, una oficina pública ubicada en un Frigorífico.
Scafatti, además realizaba labores sociales en el Barrio Santa Elvira junto al Padre Contreras, y además asistía a reuniones del Peronismo de Base. Según relató, dos oficiales llegaron a su oficina con fotografías de personas y tras ser interrogado sobre el vínculo con ellas, fue trasladado al D2 donde permaneció durante 37 días.
Scafatti relató la dureza del régimen hacia el interior del D2 en diferentes episodios de maltrato y tortura sufrida tanto por él como por los detenidos y detenidas. Además pudo identificar personal médico que prestaba funciones en aquel lugar.
Los apellidos de los acusados Bonafede, Bianchi y Linares fueron destacados por el testigo, entre el personal policial. Al continuar con el relato, el testigo declaró que fue llevado en uno de los masivos traslados realizados en un Hércules. Le siguió a esto un detalle minucioso sobre las vejaciones, golpizas y maltratos padecidos durante el traslado y cautiverio en la Unidad 9 La Plata. En junio de 1977 recuperó la libertad, fue sobreseído y quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Se le aplicó un decreto de seguridad del Estado que le impidió trabajar en lugares públicos.
"Treinta años después, creo que la utopía en la que creíamos no era tan utopía, porque cuando nos tocó estar prisioneros, nos trataron con alevosía, y hoy ellos reciben el trato que debíamos haber recibido. El hombre nuevo, de alguna manera, está llegando. Dejo este testimonio para que mis hijos y mis nietos puedan creer en la solidaridad y en la Justicia", finalizó.
El cuarto y último testimonio de la jornada fue brindado por Raúl Acquaviva, entonces militante de la Juventud Guevarista. En su trasladado al D2, reconoció la participación del ex agente policial Juan Oyarzabal. Bajo picana eléctrica, vejaciones y amenazas era interrogado sobre su vínculo con otros de sus compañeros. Además, el testigo mencionó detalles sobre el caso de Miguel Ángel Gil, asesinado en el D2.
Sobre las condiciones de detención, el testigo las calificó como "deplorables", y entre los episodios recordó a un ex oficial que se hacía llamar "el caballo loco", y aseguró que en una oportunidad se presentó en el lugar el ex juez Luis Miret.
Acquaviva estuvo detenido durante 7 años, 12 meses y 7 días. Pasó por el Pabellón I de La Plata conocido como "el Pabellón de la muerte"; luego por Sierra Chica y Rawson donde finalmente recuperó su libertad el 2 de diciembre de 1983.
Las audiencias testimoniales continuarán el próximo lunes 15 y martes 16 de septiembre, ya que mañana, a partir de las 9.30, se tratará el pedido de prisión domiciliaria solicitado por el ex juez Otilio Romano.
