Días pasados se cumplieron diez años del acto que, con bombos y platillos, se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno para anunciar la licitación del tren de alta velocidad que uniría a Buenos Aires con Rosario y Córdoba, en lo que la entonces presidente Cristina Kirchner calificó de "un salto a la modernidad, y la modernidad es una cuestión absolutamente estratégica". Muy pocos recuerdan aquel anuncio porque el tiempo fue cubriendo una memoria de los argentinos que se va modificando día tras día con la cantidad de hechos importantes que se producen.
Pareciera ser que el tema ferroviario es el elegido por los diferentes gobiernos para demostrar los avances en la obra pública y más recientemente -y ahora- hay otros aspectos a considerar, como sucede con el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento o el súper publicitado proyecto Belgrano Cargas, en el cual se han producido muy pocos avances.
Mientras tanto, hay provincias de las economías regionales, como es el caso de Mendoza, que pierden competitividad en los mercados internacionales por los altos costos de traslado de la mercadería desde la zona de producción hasta el puerto de Buenos Aires.
En el caso del tren de alta velocidad, las conclusiones a las que arriba el grueso de la gente señalan que se trató de un anuncio que se realizó aun a sabiendas de que el proyecto era imposible de concretar. Se pagaron millones de pesos en trabajos de ingeniería y se dijo que el tren beneficiaría al 60 por ciento de la población, pero pasaron más de diez años y jamás se colocó un solo durmiente.
En enero de 2008, Cristina Kirchner firmó la adjudicación al consorcio Veloxia, integrado por empresas francesas, españolas y argentinas. Tuvo un presupuesto de 1.350 millones de dólares, hubo viajes al exterior de funcionarios, se construyeron maquetas y diez años después no se hizo nada de nada y sólo queda en pie la investigación sobre si se pagaron o no coimas por una obra que nunca arrancó.
Otra mega obra que en este caso ha trascendido de un gobierno a otro es el del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en el tramo de 32 kilómetros comprendidos entre Caballito y Moreno, que se potenció luego del accidente de Once y que se calcula que beneficiará a 200 mil pasajeros. Se estima que costará más de 80 mil millones de pesos (de acuerdo con el proyecto inicial) y el actual ministro de Transportes aseguró que "en cinco años vamos lograr lo que no se hizo en diez, para saldar la deuda con millones de pasajeros", aunque vale advertir también que hubo críticas respecto del otorgamiento de la obra.
El tercer caso a considerar es el del denominado Plan Belgrano, que el gobierno de Macri tomó como bandera y que inclusive lo llevó a designar a un presidente de la empresa casi en el mismo rango que los ministros del Gabinete nacional. El proyecto contempla la unión a través de la red ferroviaria y fluvial para unir a las provincias del noroeste del país con los puertos ubicados sobre el río Paraná, lo que permitiría bajar los costos y acelerar los tiempos para sacar la producción. Precisamente el ex titular del Plan Belgrano, el actual diputado nacional por Tucumán, José Cano, anunció días pasados que el programa de infraestructura destinado a las provincias del Norte argentino se relanzará el 27 de febrero en Salta, en un encuentro en el que participarán la mayoría de los ministros nacionales".
No es del caso establecer aquí un planteo sobre las prioridades del Gobierno nacional respecto de las obras públicas. Pero sí se puede criticar el hecho lamentable de un anuncio que los propios funcionarios -incluyendo a la propia presidente- sabían que no se podía llegar a concretar, como fue el tren de alta velocidad. En el caso del Plan Belgrano, en la teoría resulta muy importante en razón de que beneficiará a la producción de casi la mitad del país, pero lo que deja un cierto gusto amargo es el destino de miles de millones de dólares para la construcción de un tramo de 32 kilómetros en la Capital Federal, sin otorgar un tratamiento similar a otras obras, también ferroviarias, en el interior del país que le otorgarían mayor competitividad a las economías regionales.
