Son muchos los que, de acuerdo con las experiencias que todos hemos vivido con las estadísticas gubernamentales, están hablando, a partir de la creación del Sifema, de un nuevo Indec, esta vez dedicado a la comunicación, que ocultará con fábulas bajo el nombre de relatos y con falsificación de índices numéricos, la realidad cierta de la fidelización de los públicos frente a los diversos periódicos, radios y televisoras que ofertan sus propuestas.
Hace más de medio siglo que nuestro país no contaba con un sistema comunicacional estatal y paraestatal de tamaña magnitud como el hoy existente, financiado con el dinero de todos y con no muchos más objetivos que realizar propaganda oficial y despotricar contra todos los medios independientes de la voluntad gubernamental.
Miles de millones de pesos se despilfarran todos los años asignados a canales, radiodifusoras, periódicos y revistas que prácticamente no tienen público y en los que sus dirigentes y periodistas no dejan de ser más que burócratas oficialistas que cobran inmensos sueldos no en comparación con su productividad sino por su supuesta “lealtad” con las pautas dictadas por lo más alto del poder político.
Con semejante estructura comunicacional, hace ya siete años que la Presidencia de la Nación viene librando una lucha desembozada y alevosa para que la prensa libre en la Argentina sea cada vez menos libre, compitiendo en términos desleales, agrediendo de modo descarnado y politizando o ideologizando al periodismo con estas falsificaciones estatales que ofenden a la profesión, aunque en realidad sus efectos sobre la sociedad sean mucho menos de lo esperado de acuerdo a las inmensas inversiones realizadas desde el Gobierno.
Es que dentro de las autoridades políticas anida la burda concepción de que los públicos son enteramente instrumentables y que entonces lo que hay que hacer es manipularlos desde el gobierno para que no se los manipule desde los medios de comunicación.
Estas antiquísimas teorías sobre el lavado de cerebro a través de la prensa, que hace muchas décadas ya nadie discute seriamente a nivel de ciencias sociales, han sido rescatadas por las gestiones kirchneristas para tratar de sacarse de encima cualquier crítica a sus políticas, pero hasta ahora lo único que han logrado es que la credibilidad de quienes ejercen la libertad periodística se haya incrementado, pese a las innumerables difamaciones que se han realizado contra ellos.
Si el Gobierno hubiera deseado realizar algún tipo de comunicación estatal objetiva y creíble debería haber depositado la ejecución de la misma en organismos independientes del partido político en el poder o haber convocado al Congreso nacional para su control en la ejecución de sus programaciones, como ocurre en muchos países desarrollados donde la radiotelevisión estatal es respetada por su independencia y calidad.
Pero acá todo fue al revés, y el intento de crear esta nueva excentricidad llamada Sifema no pretende más que perfeccionar este fallido e intenta, por parte de la política, limitar la libertad de expresión, como siempre lo intentan las políticas y los políticos autoritarios.
