Dicen que el hombre "es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra", pero la realidad indica que también las empresas manejadas por ese hombre vuelven a cometer los mismos errores antes cometidos.
Como consecuencia del editorial aparecido en diario Los Andes el 20 de octubre de 2018, realizo el siguiente comentario:
En los años '80 y previo a su privatización, la empresa antecesora de Aysam, Obras Sanitarias Mendoza, Sociedad del Estado (Osmse) realizó un Programa de Mejoramiento Operativo, con una serie de casi 10 acciones, de las cuales se concretaron unas pocas.
La mayoría de esas acciones tendía a optimizar la producción y distribución de agua potable, básicamente en el Gran Mendoza.
La Sociedad del Estado, salvo en sus primeros años, estuvo administrada por funcionarios políticos y no técnicos, razón por la cual, de las acciones de mejoramiento operativo propuestas se realizaron aquellas con mayor impacto "político", y la principal fue la de la "Micromedición". Es decir, se colocaron 20.000 medidores en áreas del Gran Mendoza, con un valor superior a los 2 millones de dólares.
Otro de los programas previstos era el de "Macromedición", con un costo de alrededor de medio millón de dólares que hubiera permitido el control de pérdidas y fugas en el propio sistema de producción y distribución de la empresa. Sin embargo, ese programa no se ejecutó. Digamos que en este caso "la caridad no empieza por casa".
Lo lamentable es que los medidores tienen una corta vida, su relojería dura alrededor de 10 años, luego de los cuales el error que producen en la lectura del caudal consumido es superior al que las normas toleran, razón por la cual deben ser cambiados. Esos 20.000 medidores enterrados en los ‘80 ya han cumplido su vida útil y tienen además otros 20 años de uso sin haber sido renovados. Ya no son confiables, ni para la empresa ni para el usuario.
Y lo más lamentable, es que nunca se pudieron usar comercialmente. Es decir, el medidor es sólo un instrumento técnico que permite saber cuánta agua ha gastado un determinado usuario en cierto plazo de tiempo. Pero la empresa operadora del servicio, para poder cobrar el consumo de agua en función de lo consumido debe contar con un instrumento legal al efecto (Régimen Tarifario). Y ese régimen solamente puede ser aprobado por la Legislatura provincial. En los '80, luego de colocarse los medidores, se pretendió que la Legislatura aprobara un nuevo régimen comercial, con resultado negativo. La empresa luego al ser privatizada, OSM SA, tampoco realizó inversiones en este sentido.
¿Hoy día se pretenderá hacer lo mismo? ¿Primero enterrar sin sentido medidores que luego no podrán usarse? ¿O aprobar primero un nuevo régimen tarifario?
Ricardo R. Claverol
DNI 6.898.432
