La plena vigencia de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, tendría verdadero sentido si de su aplicación se desprendiese una rápida multiplicación de voces y opiniones emitidas en libertad y sin mediar interés retributivo alguno. Si esa metodología se aplicara en este tema en especial, de ninguna manera estaría en la mira el rol de la Justicia, totalmente presionada por el poder de turno a la espera de fallos o resoluciones que sólo favorezcan sus apetencias políticas. Todo lo contrario: para el oficialismo nacional la Justicia no es tal si no responde a sus propios intereses.
El actual escenario nacional nos presenta una trama totalmente opuesta a aquel funcionamiento ideal de las instituciones. Se pretende poner en plena vigencia una Ley de Medios que, bajo la apariencia de estar destinada a muchos, termina siendo para pocos, porque la gran mayoría de esos muchos pasarán a depender, o lo seguirán haciendo, de las influencias económicas del poder o de la devolución de favores mediante el otorgamiento de licencias de emisoras, cadenas o grupos mediáticos de gran audiencia y arraigo entre la gente.
En los últimos meses, la embestida kirchnerista sobre la Justicia ha sido lamentablemente desmedida, al punto de hacer tambalear uno de los pilares del funcionamiento de una nación democrática y republicana, como es el principio de la división de poderes. Uno de los ejemplos más claros lo representa el tratamiento de los jueces y camaristas vinculados con la resolución del caso que vincula al Grupo Clarín. El fuero competente en esta causa debió soportar todo tipo de embates, con jueces que renunciaron al no soportar denuncias, intrigas o presiones, otros que se excusaron o se debieron apartar recusados o bien optaron por licencias para alejarse de todo compromiso.
Los vaivenes y las tremendas irregularidades observadas han llevado recientemente al Grupo Clarín a plantear ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, valiéndose de atribuciones que le confiere la legislación vigente, una sistemática negación de justicia, que en este conflicto no significa otra cosa que entorpecer la labor de jueces y camaristas para que, apartados por su supuesta propia voluntad o por una presión del poder, la falta de justicia le permita al Gobierno optar por dos caminos: llegar a la deseada instancia del “per saltum” para obligar a la Corte a decidir o bien dejar en manos de la Presidenta de la Nación la interpretación de la ley a partir del 7 de diciembre, lo que constituiría un claro ejemplo de violación del principio de las libertades que la Constitución exige.
Los jueces a los que por jurisdicción les correspondía fallar con relación al juicio de fondo en el planteo de inconstitucionalidad de una parte de la Ley de Medios y sobre la protección de los derechos y bienes mientras se resuelve el caso, fueron desplazados por acciones políticas claramente trazadas desde el Poder Ejecutivo nacional. Esto no produce otra cosa que la imposibilidad de obtener un pronunciamiento judicial acorde al funcionamiento del poder del Estado que más independiente debe estar de las presiones políticas y sectoriales.
En las actuales circunstancias, existen grandes posibilidades de que los argentinos observen cómo por una decisión derivada de una concepción autoritaria del uso del poder, quedemos inmersos en una red comunicacional de medios para pocos, obligándonos a ver y escuchar prioritariamente lo que resulte funcional al Gobierno, y una administración de Justicia que, lejos de ser para todos, represente la triste imagen del sometimiento de los jueces a los designios del poder.
