La situación del piedemonte mendocino dista mucho de ser la ideal pero no se puede negar que en los últimos años se ha avanzado mucho para proteger este vital territorio, frágil y acosado por distintas circunstancias durante años.
En el pasado hubo desatención en lo que concierne a proteger la zona desde los cuatro departamentos que tienen jurisdicción: Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Capital y Las Heras.
También ya hace bastante que algunas cosas han cambiado, a partir de la sanción en 2009 de la Ley 8.051 “Ordenamiento Territorial (OT) y Usos del Suelo”.
La Universidad Nacional de Cuyo tuvo una participación significativa al coordinar los esfuerzos de la mayoría de las instituciones del sector científico-tecnológico para elaborar el anteproyecto de la normativa.
Asimismo, se llegó luego a la confección del Plan Provincial de OT, que terminó con la sanción de la Ley 8.999 en 2017.
Entre los objetivos del Plan se establece como prioridad el equilibrar el territorio provincial a través del fortalecimiento de las ciudades y localidades menores, como también, acciones concretas para dinamizar las áreas más deprimidas.
Igualmente hace foco en la necesidad de la planificación integrada al hábitat, la mitigación de riesgos ante amenazas naturales y antrópicas (causadas por el hombre), la conectividad y accesibilidad para la integración de la provincia propiciando la movilidad sustentable, el desarrollo económico y energético.
Lo que está mal ocupado, desarrollado y ejecutado en los departamentos de jurisdicción, tardará mucho tiempo en remediarse, o no podrá recomponerse nunca.
Lo prioritario es avanzar a partir de ahora con los elementos que se han incorporado, que son las normas ya descriptas, más la emergencia ambiental declarada en febrero pasado por el Gobierno provincial para todo el piedemonte mendocino.
Tendrá vigencia hasta febrero de 2020 y prohíbe la construcción de viviendas en aproximadamente 70% de la extensión del piedemonte, una superficie que quedaría definida en 1.000 km2, donde predominan los cauces, así como las zonas de pendiente inestable, entre otras cuestiones.
Allí, obviamente, no se podrá construir, pero sí se permitirá realizar otras actividades, como por ejemplo senderismo (trekking) o desplazamientos en bicicletas todo terreno.
En tanto, en los sitios donde sí se habilitarán emprendimientos inmobiliarios, estos tendrán que emplear criterios de construcción urbana de bajo impacto.
Esto es, tendrán que disponer de superficies absorbentes, calles que no favorezcan el desagüe en el sentido de la pendiente y que, por sobre todas las cosas, no haya deforestación masiva en los espacios donde hay árboles o se pueden plantar más ejemplares.
Y mejorar a partir de ahora evitando ocupar las cuencas aluvionales del Oeste, y tratando por todos los medios de bajar el riesgo de los incendios de campos, un verdadero flagelo para esa parte de la provincia, no obstante que es importante impedir las llamas en los sectores de llanura.
El agua descontrolada es uno de los riesgos más acuciantes. Hay más protecciones en la actualidad, que hace una o dos décadas, pero todavía conviene tener en cuenta la sabia advertencia que hizo el doctor en Geografía Raúl Mikkan, en su libro “Aguas salvajes. El problema aluvional de la ciudad de Mendoza” (Fac. Filosofía y Letras, UNCuyo, 2007), donde escribió:
“La ciudad ha crecido muchos más rápidamente que la construcción de defensas antialuvionales. Si Mendoza tuvo una expansión a 100 km/hora, las obras (de protección) han crecido a 2 km/hora agregándose, en muchos casos, una efectividad relativa que no ha disminuido el flagelo”.
