El barrio está listo, sólo faltan las personas que lo habiten. Se trata del “13 de Abril”, en el pedemonte de Godoy Cruz. Pero las casas, ubicadas en el cruce de las calles Martín Coronado y 0’ Brien, están vacías porque cuando el IPV y el municipio de Godoy Cruz las iban a entregar a sus adjudicatarios, ocupantes del asentamiento La Quebrada, el titular del 16° Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas, Ricardo Mirábile, dictó una medida cautelar y se frenó la entrega de las llaves.
El magistrado hizo lugar a un pedido de cuatro familias que sostienen que no han sido tenidas en cuenta, pese a residir en la villa de emergencia que se encuentra a pasos de las flamantes viviendas.
Esa acción, esgrimida por quienes no estaban en el listado original, encrespó los ánimos de los 50 adjudicatarios, varios de los cuales cortaron el Corredor del Oeste el lunes pasado.
Muchos niños y carencias
Los beneficiarios están de muy malhumor porque pensaban pasar la Navidad bajo un techo nuevo.
Roxana Mangiapani (34 años y 4 hijos), presidenta de la unión vecinal, sostiene que la medida del juez les privó de cambiar de lugar de residencia, por lo menos momentáneamente y mientras dure la intervención del magistrado. “Quisiera que viera cómo vivimos en el asentamiento, inclusive algunos ya empezaron a desmontar sus casas, que son ranchos en verdad”, dijo la mujer, que está al frente de la protesta.
La posición de los que se sintieron excluidos de la nómina de adjudicatarios es resumida por Margarita Arabel (42 años y 2 hijos). "No sé cómo se hizo el listado, pero a mí y a otros 3 grupos más nos discriminaron, nos dejaron afuera por la acción de punteros", contó la mujer.
También relató que por la postura asumida intentaron golpearla y denunció que le robaron en su casa habitación, de donde le sacaron electrodomésticos, ropa de cama, colchón y vajilla.
El concejal Mariano Maure (FPV) contó que en su bloque se recibió la queja de los que quedaron afuera de la entrega. “Ellos protestan por cómo se llevó a cabo la selección de la gente y nos parece que ese asunto debe ser aclarado”, precisó el edil. No ahorró críticas a la intendencia de Cornejo “por haber dado opción de viviendas a personas que no vivían en el asentamiento” que se está erradicando. También insinuó que “la comuna los mandó a protestar”, en referencia al corte de tránsito efectuado en el Corredor del Oeste.
Desde la comuna godoicruceña, el director de Vivienda, Damián Salamone, sostuvo que el proceso es genuino. Admitió que en un principio se habló de 80 soluciones habitacionales, pero finalmente el IPV encaró la construcción de 50 casas, a través de la empresa OHA.
Para el resto de los 30 optantes, según palabras de Salamone, habrá una solución a futuro: el IPV licitó la adjudicación de un terreno, cerca del actual emplazamiento, para que allí se construyan las casas faltantes. Habrá que esperar de uno a dos años.
El director también dijo que todo el procedimiento realizado por el municipio se rigió por el Programa de Erradicación, dispuesto por la resolución 1266/2005. “La unión vecinal -añadió el funcionario- dio cumplimiento a lo exige en esa resolución, y todo fue avalado por el IPV y por eso se iba a proceder a poner en posesión de los inmuebles a sus beneficiarios”.
El juez interviniente se reunió con las partes y se propuso un cuarto intermedio para el lunes 29.
El cuidado del predio
“Cuidar 50 viviendas en medio de la crisis habitacional que hay actualmente, no es nada fácil y le diría que es un asunto muy complicado”, dijo un vigilador que el miércoles cuidaba las construcciones.
El barrio está sin el cierre perimetral y las propiedades sin las correspondientes medianeras, por lo que ingresar al predio es muy fácil.
El predio habitacional está dividido en dos: en el mayor hay 40 inmuebles y en otro, distante una cuadra hacia el norte, las 10 restantes. Para cuidar toda esta infraestructura hay 14 vigiladores privados puestos por la constructora.
