Médicos expresan su preocupación ante la revocación del protocolo de aborto no punible

Entre el miércoles y el jueves de la pasada semana, el Gobierno Nacional -a través de la Secretaría de Salud- oficializó y ya aseguró que revocará el nuevo protocolo de aborto no punible. Basándose en el protocolo del 2015, la nueva versión se ajustaba a principios surgidos “de la normativa internacional de derechos humanos con rango constitucional para nuestro país (art. 75 inc 22), de la propia Constitución y legislación argentina”. Además, establecía que la práctica debía seguir los principio de autonomía, y de autonomía progresiva cuando se tratara de niñas y adolescentes (es decir, la capacidad creciente para tomar decisiones sobre el propio cuerpo de acuerdo a la edad); y garantizaba la accesibilidad, la no judicialización, la confidencialidad, la privacidad, la celeridad y la transparencia.

En palabras de Yolanda Bertazzo, médica especialista en salud reproductiva de San Luis (MP: 1820) y referente de la campaña Salvemos Miles de Vidas: "nos provoca una enorme preocupación, como integrantes de la comunidad médica, que el Poder Ejecutivo Nacional tome decisiones que no se adecúan a la realidad que expresan los datos relevados por la Secretaría de Salud del propio Estado Nacional. Se debe dejar de lado los intereses sectoriales y defender la salud de las mujeres y niñas argentinas".

Un problema de Salud Pública

Según las cifras de este organismo, en Argentina las internaciones derivadas de complicaciones de abortos clandestinos son 135 por día. Es decir, más de 49.000 por año. “Son complicaciones que enfrentan miles de mujeres y que no enfrentarían si se legalizara la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya que la legalización hace al procedimiento más seguro”.

Al ser consultada sobre la versión actualizada del protocolo de aborto no punible, la profesional de la salud afirma que “constituye un paso hacia adelante en la promoción de derechos y en la construcción de un sistema de salud más justo, equitativo e inclusivo para nuestro país”.

Como afirma el texto del protocolo, la penalización del aborto no sólo no logra una disminución en la práctica, sino que lejos de conseguirlo, su más evidente impacto es impedir “el acceso a procedimientos seguros, con lo cual se generan riesgos para la vida y la salud de las mujeres”.

“Creemos que los poderes del Estado deben comenzar a articular esfuerzos de acuerdo a lo relevado por la observación de la realidad. Y hasta el día de hoy, lo que hemos podido comprobar es que cuando la interrupción del embarazo se legaliza y se reglamenta, allí es donde encontramos los mayores estándares de salud pública”, concluyó Yolanda Bertazzo.