La CGT mendocina pidió a la Suprema Corte de Justicia que declare "inconstitucional" la recientemente creada Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria (OCLO). Lo hizo a través de una acción de inconstitucionalidad que entregó al tribunal el lunes pasado.
El hecho se produce justo cuando comienza a aplicarse la Ley 8.990, que creó esa oficina, y que fue aprobada el pasado 26 de julio. De hecho, en estos días, el Gobierno de Alfredo Cornejo ha lanzado el concurso público para incorporar abogados "conciliadores" a las OCLO.
La norma fue promovida a mediados de año por el gobernador, con la idea de “terminar con la industria del juicio” laboral en la provincia.
Representó incluso un quiebre en las filas de los diputados de Cambia Mendoza, ya que el aliado sindicalista Guillermo Pereyra, titular del Centro de Empleados de Comercio, la votó en contra.
En el texto de la acción -fundamentada en 60 páginas- la CGT recuerda a la Suprema Corte parte de la jurisprudencia que avala su posición, algo que ya había planteado en julio pasado, cuando el proyecto aún no se convertía en Ley.
También argumenta que la norma “viola el principio constitucional de justicia social”, ya que exime de responsabilidad al empleador “causante del daño” sobre el empleado.
"Se otorga un privilegio legal justamente a quien debería reprochársele su actitud antijurídica (violación del principio de igualdad-discriminación art. 16, CN)", dice el documento firmado por las autoridades de la CGT local, Luis Márquez y Oscar Arancibia.
Por otro lado, la confederación gremial asegura que la intención de acelerar los procesos que planteaba el Ejecutivo al momento de enviar la propuesta, no se cumple. “Lejos de resolver la excesiva duración de los conflictos laborales (...), lo que logra es violar el principio de igualdad ante la ley y es discriminatoria de los derechos del trabajador, al impedirle el acceso directo a la Justicia”, señala.
“Asimismo entendemos inaceptable la delegación de funciones propias del Poder Judicial en el Ejecutivo”, añade, atendiendo a que las subsecretarías de Justicia y de Trabajo son las encargadas de aplicar la normativa.
Desde el Gobierno, el subsecretario de Trabajo, Alejandro Jofré, consideró "paradójico" el reclamo. "Es el mismo esquema que funciona en Buenos Aires desde hace 20 años y la CGT nunca reclamó sobre eso", destacó el funcionario. Informó que incluso hay gremios porteños "que tienen un sistema propio igual".
Además le parece “llamativo” que la confederación de gremios local plantee esta queja “justo en época electoral”.
Sobre esto, Alberto Rodríguez, vocero de la CGT, indicó que "no es la intención" relacionarla con la cuestión electoral. "No queremos que el reclamo se tiña de nada", indicó.
Aunque el gremialista sí hizo planteos políticos al recordar que la norma se aprobó por apenas un voto de diferencia. “La Ley salió sin consenso”, indicó. Fue -a su entender- una especie de capricho de Cornejo. “Nos reunimos con el Ejecutivo pero no nos escucharon”, dijo.
Reprochó: "Antes de crear estas oficinas administrativas, deberían agilizar la justicia".
Jofré reconoció que “la propuesta de ellos fue crear más Cámaras laborales”. Pero contraatacó: “Crear una cámara cuesta $ 9 millones. Eso significa diez escuelas menos”.
Recusan, sin causa, a Valerio
En la acción de inconstitucionalidad elevada por la CGT a la Suprema Corte, figura una curiosa cláusula.
Los gremialistas recusan de antemano al juez supremo José Valerio que, en su momento, fue postulado por el gobernador Cornejo.
Más allá de lo llamativo, la figura es totalmente legal. Así lo indica el artículo 13 del Código Procesal Civil mendocino, que plantea la “recusación sin expresión de causa” a un magistrado.
Según la CGT, Valerio representa todos los intereses de Cornejo en la Suprema Corte y es por eso que piden que no intervenga en la causa que se inicia con este reclamo.
“Valerio actúa con el ‘cassette’ puesto. Todo lo que el Ejecutivo manda, es seguro que él lo vota favorablemente”, adujeron los sindicalistas.
