Un total de 27 ex presidentes iberoamericanos decidió pedir, a través de una carta dirigida al presidente Nicolás Maduro, la realización de elecciones libres en Venezuela. Los comicios se realizarán el 6 de diciembre y, en la oportunidad, se procederá a la elección de legisladores a un Congreso actualmente dirigido por el chavismo pero que, si existe un resultado adverso al gobierno, puede modificarse la relación y ser la oposición la que alcance la mayoría.
El planteo reclamando elecciones “libres, justas e imparciales” fue firmado por los ex presidentes Jorge Quiroga (Bolivia), los chilenos Eduardo Frei y Ricardo Lagos; los colombianos Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Belisario Betancourt; los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox; el peruano Alejandro Toledo y el uruguayo Luis Alberto Lacalle, entre otros, mientras los argentinos Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa hicieron lo propio, aunque sus firmas no fueron incorporadas porque no llegaron a tiempo.
Según se afirma, copias de la carta fueron enviadas al presidente de Estados Unidos, Barack Obama; al de Cuba, Raúl Castro; al papa Francisco y al secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
En la nota, los ex presidentes solicitan a Maduro “la imparcialidad absoluta del poder electoral y la verificación por observadores independientes de que la tecnología usada en el proceso es inviolable”, planteando que esos observadores sean de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos, mientras paralelamente solicitan la presencia en el debate político de los opositores Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, y del líder de Primero Justicia, Leopoldo López, actualmente presos políticos del gobierno.
No faltan razones a quienes realizan el pedido. Según se afirma, cuando Hugo Chávez se hizo cargo del poder en Venezuela se planteó tres premisas: el manejo del petróleo (que hasta ese momento era exportado a Estados Unidos, pero como si fuera de segunda categoría); de las Fuerzas Armadas (a través de un aumento exponencial de los salarios de los uniformados) y de la Justicia Electoral para poder utilizarla en el momento de las elecciones. Los propios venezolanos “independientes” ponen en dudas el resultado de las últimas elecciones en las que Nicolás Maduro se impuso por un margen muy ajustado de votos.
De allí que, en el último tramo de la carta, los ex mandatarios reclamen su participación como observadores “para que los comicios se realicen bajo un clima de confianza y total transparencia que permita no sólo despejar las dudas de la comunidad internacional sino, por sobre todo, aliviar la grave crisis que sufre el pueblo venezolano, depositario último de la soberanía nacional”.
Es muy factible que Nicolás Maduro no se haga eco del planteo de los ex mandatarios aduciendo, como ha sucedido en oportunidades anteriores, que no acepta la intromisión extranjera en los asuntos internos de su país.
Por ese motivo también, resultaría más que importante que una posición similar de control adopten los presidentes en ejercicio del continente, especialmente de aquellos que integran el Mercosur, que fueron tan duros para castigar a Paraguay -aplicándole una fuerte suspensión- porque consideraron que el juicio político que destituyó a Fernando Lugo se realizó fuera del marco de la legalidad, pero que mantiene el silencio cuando se escuchan las críticas sobre los avances del Estado sobre la libertad de prensa o sobre las libertades individuales y políticas en Venezuela, con hechos concretos, como el cierre de medios de comunicación o la detención de dirigentes por el simple hecho de ejercer la oposición al gobierno chavista.
El pueblo venezolano tiene derecho a expresarse libremente a través de las urnas y también a que el resultado de las elecciones no se vea empañado por sospechas de fraude, como ha ocurrido en las últimas oportunidades.
