A sólo cuatro meses y medio de haber asumido, el gobierno de Mauricio Macri afrontó ayer la primera y masiva protesta contra su política económica: una multitud respondió a la convocatoria de las cinco centrales sindicales para apoyar la ley de emergencia ocupacional que debate el Congreso a fin de frenar los despidos, exigir medidas contra la inflación, reclamar la eliminación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores y exigir un aumento de emergencia y el 82% móvil para los jubilados.
Aunque tuvo el apoyo y la participación de dirigentes peronistas, incluidos kirchneristas, y de la izquierda, el acto no llegó a transformarse en una manifestación política de oposición, a lo que también contribuyeron los discursos de los jefes de las CGT Alsina, el metalúrgico Antonio Caló, y Azopardo, Hugo Moyano, que hablaron después de los líderes de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli.
El quinto en cuestión, Luis Barrionuevo (CGT Azul y Blanca), desistió de participar ante la adhesión que habían anticipado dirigentes del PJ, con Daniel Scioli a la cabeza (estuvo entre la multitud, junto al jefe del peronismo bonaerense Fernando Espinosa, al igual que dirigentes de La Cámpora; legisladores nacionales y el ex ministro Aníbal Fernández, entre otros).
Barrionuevo había firmado el documento de las cinco centrales que al inicio del acto leyó el jefe de la confederación de sindicatos del transporte Catt, Juan Carlos Schmid.
El acto conmemorativo del Día del Trabajador reunió a una multitud a los costados de la escultura Canto al Trabajo, en el bajo porteño, a una cuadra de la sede histórica de la CGT. La concurrencia se extendió por el amplio Paseo Colón cuatro cuadras hacia el norte y dos hacia el sur, y unas siete cuadras por la avenida Independencia hacia el oeste, la 9 de Julio.
La Policía Federal estimó en 50 mil el número de manifestantes y los organizadores exageraron 350 mil, pero uno de los dirigentes sindicales que fue orador calculó ante este diario que llegaron a unos 80 mil; memorioso, confirmó además que la primera protesta de la CGT contra Raúl Alfonsín sucedió a casi un año de su gobierno.
Los sindicatos de camioneros, la construcción y metalúrgicos fueron los que mayor cantidad de trabajadores movilizaron, incluso del interior del país.
“No somos enemigos del Gobierno, sí somos enemigos de las políticas que implemente el Gobierno en contra de los trabajadores”, dijo en su discurso Moyano, último en hablar.
Pidió además al Presidente que “se asesore y no se deje llevar por los técnicos”; se quejó de la “inflación desbordante”; reclamó por la eliminación del “perverso” impuesto a las Ganancias y criticó la posición del oficialismo contraria a una ley antidespidos como la que discute el Congreso: “Se empecinan en querernos hacer creer que es perjudicial para la economía cuando lo es para los sectores que (el Gobierno) representa”.
Pero en su discurso, ni Moyano ni Caló, que lo antecedió, hicieron alusión alguna a la posibilidad de convocar a un paro si Macri llega a vetar la ley de emergencia ocupacional en caso de que la sancione Diputados, como sí lo plantearon a su turno Yasky y Michelli.
“Si hay veto, la respuesta no será un paro general sino otra concentración, esta vez en Plaza de Mayo”, dijo a este diario aquel mismo jefe sindical que hacía números.
Caló llegó a lo sumo a advertir que si hay un veto presidencial “vamos a salir a pelear a la calle la defensa de los puestos de trabajo” y prefirió centrarse en el proceso de unidad: “El 22 de agosto habrá una sola CGT”.
En su parte central, el documento conjunto retomó la preocupación por la inflación y la caída del empleo público y privado, entre otros puntos. E intimó: “Es urgente tomar medidas de naturaleza social y económicas para que las soluciones no se dejen en manos del mercado y los grupos que concentran la riqueza. Quien se beneficia con las últimas medidas económicas es acaso un puñado de empresas monopólicas dedicadas a la extracción de materias primas, acaso el sector financiero”.
