El Senado de la Nación ha dado media sanción al proyecto de ley de Hidrocarburos, que pasó a la Cámara de Diputados y seguramente será convertido en ley en las próximas semanas.
El proyecto es resultado del “Acuerdo Federal para Autoabastecimiento de Hidrocarburos Complemento Normativo de las Leyes 17.319 y 26.197 para la Explotación no Convencional y la Promoción de la Exploración y Explotación de Hidrocarburos”.
Este Acuerdo fue firmado por los gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), entre los cuales se encuentra el de Mendoza.
Un aspecto político interesante para poner en contexto el asunto de fondo es que la discusión llevó varios meses, durante los cuales varios gobernadores, entre ellos Francisco Pérez, intentaron imponer condiciones más favorables a las provincias pero el poder central fue doblegándolos y terminó imponiendo en sus aspectos sustanciales el proyecto original.
No ha faltado en el disciplinamiento de los gobernadores una verdadera acción extorsiva negando la renovación de plazos de pago de la deuda de las provincias con el Estado nacional.
El Acuerdo de los Gobernadores establecía seis puntos para la ley: plazos para exploración y explotación diferenciados por tipo de yacimiento; mantenimiento de alícuotas de regalías; mecanismos de adjudicación de áreas; programas fiscales tributarios homogéneos; mecanismos promocionales para grandes inversiones y establecimiento de una legislación ambiental uniforme.
En este último punto el proyecto ha postergado legislar, a pesar de que se trata de un asunto de gran importancia por los riesgos que implica la explotación no convencional de gas y petróleo.
El avance más claro de la ley está en materia de estabilidad y homogeneidad fiscal y tributaria, que surge de un anexo del Acuerdo.
Se ha establecido un tope de 3% para el impuesto a los Ingresos Brutos que apliquen las provincias; no se puede incrementar las alícuotas de impuestos de sellos que estén vigentes; no se puede gravar los contratos financieros que se realicen para estructurar los proyectos de inversión y las provincias y municipios no podrán gravar a sus titulares con nuevos tributos ni aumentar los existentes.
En materia de regalías se ha uniformado como regla general el 12%, pudiendo reducirse en algunos casos especiales y en igual forma aumentarse hasta el 18% pero se trata de casos de excepción.
Se elimina el sistema de “acarreo”, que habían impuesto las provincias a favor de empresas estatales de energía. Este mecanismo era sencillamente una participación en el negocio sin poner dinero, carecía de sustento técnico-económico.
Ahora bien, habrá que estar atento a si esta figura, resultado de la avaricia fiscal de las provincias, no se trasladará a YPF, que se convierte en el verdadero diseñador de la política energética nacional, ya que el proyecto de ley fue elaborado, informado y defendido en el Congreso por técnicos y profesionales de la empresa estatal.
Otro aspecto de homogeneización se refiere a los pliegos para las licitaciones, con la elaboración de un modelo. En cuanto al régimen de promoción de inversiones se le da jerarquía de ley al Decreto 929/13 firmado para dar marco al acuerdo de YPF-Chevron, bajando el umbral de las inversiones necesarias de 1.000 millones de dólares a 250 millones para que operen los beneficios.
Pero el capítulo más cuestionable de la ley se refiere a los mecanismos de adjudicación de las áreas. En el caso de concesiones para explotación convencional se establecen licitaciones competitivas, pero cuando se trate de las concesiones para explotación no convencional la adjudicación se hará de manera directa.
También se cuestiona la relación entre uno y otro tipo de explotación y los plazos extremadamente largos de las concesiones, que pueden llegar a 45 años, concesiones “a perpetuidad” se las ha llamado. La única razón es la ansiedad del Gobierno por conseguir dólares lo más pronto posible.
Quienes conocen la actividad son más que escépticos al respecto, ya que atribuyen la falta de inversiones y la catástrofe realizada por el Gobierno en la materia, habiendo pasado del autoabastecimiento a la dependencia absoluta, a los errores de política económica, y éstos no se corrigen con una ley. Pero las concesiones que realicen pueden ser una gravosa hipoteca para el futuro.
