Sobrevuelo de helicópteros, barricadas, tanquetas, detonaciones: la tensión se apoderó de la ciudad venezolana de Valencia (norte), donde el gobierno denunció que fue atacada ayer una base militar, con saldo de dos muertos y ocho detenidos.
Según el presidente Nicolás Maduro, una veintena de hombres, entre ellos un exmilitar, irrumpió en la madrugada en el fuerte Paramacay y se dirigió al parque de armas, de donde sustrajo material bélico.
Dos asaltantes murieron, mientras ocho fueron detenidos, precisó Maduro, quien dijo que en el destacamento hubo “combates” durante unas tres horas. “Yo estuve al frente de la dirección como comandante en jefe” de la Fuerza Armada, sostuvo en su programa semanal de televisión, en el que lució distendido.
Uno de los capturados es un teniente que desertó hace varios meses y está “colaborando activamente”, y los demás son civiles, detalló el mandatario, que ordenó reforzar la seguridad e inteligencia en todas las unidades militares.
“Hace una semana les ganamos con votos, y hoy hubo que ganarle con balas al terrorismo”, afirmó el presidente, aludiendo a las elecciones de su poderosa Asamblea Constituyente.
Maduro negó que fuera una “rebelión” militar y remarcó que se trató de un “ataque terrorista”, según él financiado desde Bogotá y Miami. “Toda Venezuela ha estado en paz, hay un incidente allá que lo atendimos bien”, afirmó el gobernante socialista.
Sin embargo, en Valencia (180 km al oeste de Caracas) la situación fue tensa. Los alrededores de la base, sede de la 41 brigada del Ejército, fueron sobrevolados por helicópteros y custodiados por uniformados en tanquetas y con armas largas, según se pudo comprobar.
Tras el incidente, decenas de personas levantaron barricadas en las cercanías de esa ciudad, donde pusieron troncos de árboles y quemaron basura, desatándose choques con militares de la Guardia Nacional que los dispersaron con gases lacrimógenos y perdigones.
Más temprano, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, aseguró que fue un ataque de “tipo paramilitar”, según un comunicado que firmó ante una cámara junto a otros mandos y con su habitual consigna: “¡Chávez vive, la lucha sigue!”.
Sin embargo, restó importancia al hecho, indicando que no fue “más que un show propagandístico” de la “extrema derecha”, como Maduro llama a la oposición.
El ministro reiteró el “apoyo incondicional” de la Fuerza Armada al gobernante socialista, enfrentado desde hace cuatro meses a protestas que dejan 125 muertos y exigen su salida del poder.
Por su parte, el presidente del Parlamento de mayoría opositora, Julio Borges, exigió al gobierno la “verdad” sobre este hecho y abstenerse de una “cacería de brujas”.
Maduro, que exigió la “pena máxima” para los atacantes en el juicio que ya comenzó, denuncia con frecuencia planes de golpe de Estado de sus oponentes políticos, apoyados por Estados Unidos.
El incidente se conoció luego de la difusión en redes sociales y varios medios de un video grabado supuestamente en la 41 brigada, en el que un hombre que se presenta como el capitán Juan Caguaripano Scott se declara en “rebeldía” contra Maduro y exige un “gobierno de transición”.
“Nos declaramos en legítima rebeldía (...) para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Aclaramos que esto no es un golpe de Estado, esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional”, afirma el hombre junto a unas 15 personas vestidas de camuflaje, algunas armadas.
Caguaripano Scott era buscado por las autoridades desde 2014, cuando fue dado de baja de las fuerzas armadas por haber repudiado públicamente al gobierno y luego fue sospechado de participar de un complot por el cual fueron encarcelados otros militares.
En 2014, Caguaripano era capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar) y prestaba servicios en el Grupo Antiextorsión y Secuestros de esa fuerza armada en el estado Amazonas, en el sur del país.
La fiscal general desconoció destitución
La abogada Luisa Ortega desconoció nuevamente ayer su destitución como fiscal general de Venezuela por parte de la Asamblea Constituyente, la que según dijo es el “poder de facto” que ahora gobierna el país. “Yo desconozco esa remoción, yo sigo siendo la fiscal general de este país”, dijo Ortega un día después de ser destituida por la Constituyente del mandatario Nicolás Maduro, con quien rompió hace cuatro meses tras años de línea oficialista.
La exfuncionaria insistió en que dicha asamblea, que se estrenó cobrándose su cabeza, es “ilegítima e inconstitucional”.
“Estamos ante un poder de facto, aquí no hay gobierno. Quien ocupa ilegalmente el poder es esa Asamblea Nacional Constituyente presidencial”, indicó Ortega, quien se declara chavista. Añadió que la decisión de destituirla, que tuvo alto rechazo internacional, fue una “orden del Ejecutivo”.
“La Constituyente lo que está haciendo es persiguiendo, fue convocada ilegalmente. La elección también lo fue, la participación fue muy pequeña y las pocas personas que concurrieron lo hicieron de manera obligada”, añadió Ortega, que aseguró que la Fiscalía recibió denuncias de instituciones públicas que obligaron a sus empleados a votar.
Los más de 500 integrantes de la Constituyente, que se instaló el viernes en medio de fuerte rechazo internacional, fueron electos con más de ocho millones de votos, según el poder electoral, pero la oposición no la reconoce y denuncia que es un fraude para instaurar una “dictadura comunista”.
