Hace una semana, en este espacio, advertíamos sobre los riesgos para la salud republicana que constituyó la decisión de la Oficina Anticorrupción de apartarse como querellante en las principales causas judiciales contra Cristina Kirchner y sus hijos. Lamentable, más allá de los cuestionables argumentos del nuevo conductor de esa dependencia, teniendo en cuenta la importante labor de jueces y fiscales para esclarecer las denuncias de corrupción más resonantes de los últimos años de vida política argentina. Suspicacia (¿o evidencia?) de una clara influencia política.
Pocos días después, Carlos Zannini, actual Procurador del Tesoro de la Nación, pidió a la Justicia la nulidad de la causa en su contra, y también contra Cristina Kirchner, por la firma del cuestionado memorando con Irán. Zannini es un hombre de extrema confianza de los Kirchner desde los tiempos fundacionales de la estructura que llevaría al matrimonio santacruceño a la conducción del Estado nacional.
Tanto Zannini como la ex Presidenta están acusados de encubrimiento en el marco de la investigación del trágico atentado contra la AMIA, en julio de 1994. Dicha causa, iniciada por el fiscal Alberto Nisman poco antes de que apareciera muerto en su departamento, fue elevada a juicio oral pero aún no tiene fecha.
Todo se suma a otros hechos vinculados con la Justicia promovidos por piezas políticas del kirchnerismo, que en algunos casos solo alertaron y en otros lograron sus propósitos. Ejemplos: Amado Boudou, preso con condena firme, logró la prisión domiciliaria en el marco de la pandemia y desde su residencia desarrolla contactos políticos que hasta le valieron devenir informal asesor económico del gobernador peronista de La Rioja.
Y no se debe olvidar que otra muestra de una sigilosa acción entre las sombras fue la intentona de un funcionario kirchnerista de tercer rango del Ministerio de Justicia para lograr la domiciliaria en beneficio de Ricardo Jaime, confeso responsable de hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas. Tanto en este caso como en el planteo de Zannini los jueces denegaron los pedidos y las distintas causas deberán seguir su curso.
Agrava esta situación la rápida acción de eslabones políticos del actual gobierno, y de los sectores partidarios afines a los largos años del kirchnerismo en el poder, que a poco de comenzar a transitar la actual gestión mostraron sigilosamente sus intenciones de valerse del poder para presionar a la Justicia con acciones punzantes, como las descritas, y en algunos casos con el apoyo de jueces y fiscales identificados políticamente. Y el dedo acusador, puesto sobre la anterior gestión presidencial, a la que el oficialismo actual responsabiliza de persecución política.
Pero esa premura se torna aún más preocupante y lamentable cuando se aprovecha la coyuntura de la emergencia sanitaria, con la prioridad informativa y de gestión pública que genera, para movilizar acciones que, en realidad, constituyen certeras operaciones orientadas al no esclarecimiento de hechos vinculados con la corrupción.
No deben pasar inadvertidos estos polémicos procedimientos, porque está en juego la credibilidad en un gran frente político que llegó al poder con un amplio respaldo ciudadano. No se puede pretender cerrar un duro capítulo de la historia, o una grieta social, encubriendo hechos y personajes de esos capítulos dignos de ser olvidados.
