Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
El INV dictó la resolución C 17/2015 por la cual fijó el grado alcohólico, como hace todos los años, pero cambió los criterios respecto de la liberación de los vinos de la nueva cosecha. Tradicionalmente, el criterio era que quedaban liberados cuando estaban enológicamente estables, y la fecha del 1º de junio era la que se había aceptado en toda la industria.
En este caso, el organismo de fiscalización, si bien usa como argumento el mismo criterio, esta vez lo somete a declaraciones juradas y hasta a fiscalizaciones para determinar si realmente los vinos están estables, a pesar que en la declaración jurada solicitada se establece que basta con la sola firma del técnico responsable del establecimiento.
Este año, lamentablemente, la fecha de liberación fue puesta en una mesa de negociación por el problema de los excedentes y el organismo, que solo debe fiscalizar, se toma la atribución de tomar medidas con el objeto de retrasar la liberación con la aparente esperanza de evitar nuevas bajas en el precio de los vinos.
La medida, además de ser desacertada, cae en peligrosos niveles de discrecionalidad, ya que algunos establecimientos no serán inspeccionados y otros sí lo serán y no hay ninguna determinación que explique con qué criterio se establecerá si los vinos están estables, siendo que el responsable técnico ya lo ha expresado.
Esta situación es muy grave porque es una vuelta atrás a sistemas intervencionistas en la industria que siempre fracasaron para la mayoría y fue generadora de grandes negocios para algunos empresarios. Por otra parte, no es función del INV intervenir en el mercado con normas cuasi regulatorias y esto ya había sido aceptado por todos los actores.
El problema de los excedentes de la industria tiene su explicación en la inflación acumulada, los aumentos de impuestos y el retraso del tipo de cambio. No hay que buscar mucho más, porque hasta 2010 el mercado funcionaba bien y a partir de la aparición de varias de estas distorsiones del mercado se comenzaron a producir los problemas.
Por otra parte, la indefinición acerca de la situación del mosto y las multas que deberían aplicarse a quienes no cumplieron con el cupo, cabe reflexionar acerca de la validez o no del acuerdo Mendoza-San Juan y prorrogar su vigencia. Los productores mendocinos hicieron mucho menos mosto que los de San Juan y deberán hacerse responsables del nuevo excedente de stock que pueda producirse.
Cabe recordar que los excedentes se registran en vinos provenientes de uvas cerezas y criollas, que prácticamente nadie utiliza, mientras en uvas de alta gama el problema del precio deriva de la imposibilidad de trasladar los aumentos de costos internos a los precios internacionales y eso produce una sobreoferta en el mercado interno, donde los vinos se venden más solo porque no se han podido aumentar sus precios.
Dirigentes de varias entidades se han expresado contra este tipo de medidas y sería bueno que las autoridades del INV revieran este procedimiento porque, más allá de la coyuntura, se debe preservar la institucionalidad de la industria para no volver a situaciones pasadas, cuando las pérdidas y ganancias eran determinadas por el voluntarismo de funcionarios “asesorados” por empresas.
